Republicanos de la Cámara fijan fecha de inicio del juicio político a Alejandro Mayorkas

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes anunciará los artículos de juicio político contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el 30 de enero y sin contar con su testimonio

Mayorkas será investigado por negligencia en la frontera de EE.UU. con México

Los republicanos culpan a Mayorkas por el cruce "masivo" de inmigrantes ilegales o el tráfico de fentanilo. Crédito: Drew Angerer | Getty Images

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes aprobará el próximo martes 30 de enero los artículos de juicio político para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, preparando una votación histórica en la Cámara para destituir a un miembro del gabinete por primera vez desde la década de 1870.

Los legisladores republicanos están avanzando sin tener evidencia de que Mayorkas haya cometido delitos graves o faltas menores, el estándar constitucional para el “impeachment”, buscando efectivamente destituirlo por políticas de inmigración que, según ellos, han puesto en peligro al pueblo estadounidense.

“Nuestra investigación exhaustiva y justa expuso el abuso de poder y la negativa del secretario Mayorkas a cumplir la ley. En noviembre, 201 demócratas votaron para remitir los artículos de juicio político contra el secretario a nuestro Comité y, habiendo completado las audiencias de juicio político a principios de este mes, planeamos marcar esos artículos la próxima semana”, dijo el presidente del comité, el legislador republicano de Tennessee, Mark Green, en un comunicado de prensa.

“Este Comité ha llevado a cabo una supervisión exhaustiva y ha aprobado una legislación histórica para asegurar la frontera. Sin embargo, el remedio final para abordar directamente el desprecio deliberado y sistémico del Secretario Mayorkas por el Estado de derecho es el juicio político. Después de tres años de esta crisis y un año de investigaciones y procedimientos, debemos avanzar con la rendición de cuentas”, afirmó Greene.

El presidente de la Cámara Mike Johnson exige que el gobierno frene la llegada de inmigrantes.
El presidente de la Cámara Mike Johnson exige que el gobierno frene la llegada de inmigrantes.
Crédito: Anna Moneymaker | Getty Images

La votación del Comité se anunció cuando sólo han sostenido dos audiencias sobre el “impeachment” de Mayorkas, incluida una que fue programada para el jueves de la semana pasada y cuando Mayorkas pidió una fecha diferente, le dijeron que presentara una declaración escrita antes del 28 de enero.

Eso allana el camino para una posible votación sobre el juicio político en el pleno de la Cámara en la semana del 5 de febrero, dependiendo de las ausencias y de cómo aborden el tema los legisladores republicanos que pueden estar indecisos.

Es casi seguro que aunque la Cámara vote a favor de iniciar un juicio político contra el secretario del DHS, la propuesta no avance en el Senado liderado por los demócratas, donde se necesitan dos tercios de los votos para respaldar la destitución.

Legisladores demócratas, la administración e incluso algunos republicanos han criticado el juicio político a Mayorkas, argumentando que aún no se ha cumplido el requisito de demostrar un delito grave o un delito menor.

La presión para destituir a Mayorkas ha coincidido con su participación en una serie de conversaciones bipartidistas en el Senado para llegar a un compromiso sobre la vigilancia fronteriza que establecería nuevas políticas migratorias sobre asilo y detención de inmigrantes.

La Constitución otorga al Congreso el poder de acusar a funcionarios federales. Un funcionario puede ser acusado de traición, soborno y “otros delitos y faltas graves”.

La Cámara ha iniciado procedimientos de “impeachment” más de 60 veces. Pero sólo se han realizado 21 juicios políticos, incluyendo los de tres presidentes, un secretario de gabinete y un senador.

De los que fueron acusados, sólo ocho funcionarios fueron declarados culpables por el Senado y destituidos de sus cargos. Los ocho eran jueces federales.

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