Un paso en la dirección correcta en la lucha contra la discriminación digital
La propuesta de ley AB 2239 es un paso adelante que pondrá a California al nivel de Los Ángeles en la defensa de los derechos de las comunidades de color y de bajos ingresos al acceso a la información rápida, confiable y de bajo precio
Asambleísta Mia Bonta, autora de la AB 2239 Crédito: Cortesía
Semanas después de que el Concejo Municipal de Los Ángeles adoptara una resolución para dar fin a la discriminación contra barrios de minorías y gente pobre en servicios de internet en la ciudad, comenzó su avance una nueva iniciativa de equidad digital a nivel estatal.
La semana pasada la asambleísta Mia Bonta, que representa en la Legislatura al distrito 18 con sede en Oakland, presentó una pieza de legislación cuyo propósito es abrir el camino para reducir la discriminación digital aún existente en nuestro estado.
La propuesta de ley AB 2239 agrega a las leyes estatales la definición de discriminación digital nacional que estableció el año pasado la Comisión Federal de Comunicaciones (FFC) después de años de debates y que fue también la base de la decisión angelina.
La FCC determina que la discriminación digital consiste en “políticas o prácticas, que no han sido justificadas por motivos genuinos de viabilidad técnica o económica, y que impactan de manera diferencial a los consumidores (al establecer su diferente) acceso al servicio de acceso a Internet de banda ancha de acuerdo con su nivel de ingresos, raza, etnia, color, religión u origen nacional o bien están destinados (una vez implementados en el futuro) a tener dicho impacto diferencial”.
En su sumario, la propuesta de ley estatal detalla asimismo la situación existente, por la cual la Comisión de Servicios Públicos (Public Utilities Commission o PUC), encargada del Fondo de Servicios Avanzados de California (California Advanced Service Fund) fomenta con éste el despliegue de servicios de comunicaciones avanzadas de alta calidad para todos los californianos. Y propone poner en la ley que la Legislatura intenta adoptar una legislación adicional, la que a su vez harán claros los parámetros de la discriminación digital que el gobierno se comprometerá a revertir.
La AB 229, como lo acotó en un comunicado Miguel Santana, presidente y director ejecutivo de California Community Foundation, “hace de California el primer estado de la nación en dar este paso, siguiendo de cerca la innovadora gestión sobre discriminación digital de la ciudad de Los Ángeles”.
Tal como mencionaba quien firma en una columna en diciembre que lo anunciaba, el Concejo Municipal de Los Ángeles debatió y a principios de este año aprobó una resolución que detecta, define y combate a su vez la discriminación digital en el ámbito metropolitano. Fue un paso importante en asegurar que una parte equitativa de los fondos otorgados por el gobierno federal y estatal, que llegan a $8,000 millones en todo el estado y que están destinados a completar su infraestructura de banda ancha, se distribuyan en comunidades de bajos ingresos y de color.
La propuesta fue del concejal Marqueese Harris-Dawson con el apoyo de los concejales Eunisses Hernandez, Imelda Padilla, Nithya Raman, Bob Blumenfield y Paul Krekorian.
¿Cómo sabemos que existe la discriminación digital? Porque la inversión en las comunidades perjudicadas en el desarrollo de su acceso digital es mínima, cuando no existen suficientes opciones para los consumidores porque hay un monopolio o duopolio de proveedores de servicios de internet y cuando las reglas las establecen los proveedores y no las comunidades y sus representantes políticos.
¿Qué es lo que, entonces, se propone esta decisión del concejo angelino y ahora la moción de ley de la asambleísta Mia Bonta? Darle fin a la vigencia de la “línea roja digital” el “digital redlining”, que hace que el servicio de internet en las áreas desatendidas se base en tecnología obsoleta y sea lento.
Como es bien sabido, en estos días el acceso al internet de banda ancha constituye un elemento absolutamente crítico para permitir la participación completa de grupos en nuestra sociedad.
Al presentar la moción de ley AB 2239, la asambleísta Bonta expresó su firme propósito de darle fin a la situación en la cual “las comunidades de color de bajos ingresos en todo el estado permanecen desproporcionadamente desconectados, varadas en el lado equivocado de la brecha digital”.
La moción de Bonta sigue a la adoptada por Los Ángeles, que a su vez, como lo reconoció en su momento Marqueese Harris-Dawson, surgió en respuesta a un estudio encabezado por la California Community Foundation y la Digital Equity LA Coalition titulado “Slower and More Expensive” (Lento y Más Caro). El estudio alude al desarrollo de la ciudad y y comprueba empíricamente que la discriminación digital existe y se aplica en Los Ángeles.
Los Co patrocinadores de la legislación son entre otros la California Alliance for Digital Equity, #OaklandUndivided, la California Community Foundation, NextGen California, el Children’s Partnership, y todavía se suman más protagonistas.
La propuesta de ley AB 2239 es un paso adelante que pondrá a California al nivel de Los Ángeles en la defensa de los derechos de las comunidades de color y de bajos ingresos al acceso a la información rápida, confiable y de bajo precio. Porque ese es uno de los principales derechos civiles del Siglo 21 y debe convertirse en legislación.
