¿Morir o desistir? El dilema de los candidatos que no son favoritos del crimen en México

MEXICO- El día que arrancó su campaña política a la alcaldía de Coatzacoalcos, Veracruz, José Francisco González Aynes, no habló de su propuesta para mejorar la vida de uno de los municipios más importantes del país como productor de petroleo o de las diferencias que tiene como candidato del opositor Movimiento Ciudadano (MC).

No hubo discurso democrático ni de lejos; en cambio, apeló a una fuerza divina para seguir adelante con sus intensiones a pesar del miedo: “Soy cristiano, creo en Dios, no me voy a bajar”, dijo.

“Bajarse” en la jerga política es sinónimo de desistir, renunciar, tirar la toalla en el camino para obtener puestos políticos a través del voto, un ejercicio que pasa por uno de los momentos más oscuros en la historia del país: requiere del visto bueno de las organizaciones criminales, según denuncian múltiples actores, de consejeros electorales a magistrados; líderes de partidos y políticos.

De acuerdo con un recuento de la prensa local, a la fecha suman alrededor de medio centenar de aspirantes que ha desistido de sus intensiones en Michoacán, Guerrero, Baja California y San Luis Potosí más lo que no se han denunciado ante el temor de morir en contextos de horror, torturas, descabezados, calcinados, desaparecidos para siempre…

Hacer política en México en esta época tiene una sombra suicida cada vez en más regiones. Hasta principios de marzo pasado, la consultora Integralia contabilizó 21 eventos de violencia político-electoral con 32 víctimas, principalmente homicidios contra funcionarios públicos y aspirantes por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa, sin embargo, destaca que también a organizaciones locales.

“Buscan controlar principalmente los gobiernos municipales para obtener recursos valiosos y operar con impunidad. La captura de estos gobiernos puede ocurrir en cualquier momento, pero los procesos electorales representan una oportunidad para consolidar su autoridad desde el inicio de las nuevas administraciones”.

Para ello, tienen diversas estrategias: asesinatos, agresiones financiamiento de campañas, imposición de candiaturas  movilización o inhibición del voto, y alteración de la votación en casillas.

La coacción a los aspirantes es un primer foco rojo y, a la par, una acción simbólica de las organizaciones criminales que no tienen miedo; al contrario, están envanlentonadas y hambrientas de poder.

Pocos resisten. Tras la muerte de los candidatos a alcaldes en Michoacán Miguel Ángel Zavala Reyes y el panista Armando Pérez Luna, en Michoacán, hubo una desbandada de políticos en el estado. Hasta la última semana de marzo, los medios de comunicación local contabilizaron a 36 candidatos que prefirieron no participar:

Siete de MC, siete de Michoacán Primero, seis del Partido Encuentro Solidario Michoacán, cuatro del PRI, tres del PAN, tres del PRD, dos de Tiempo México y dos independientes.

En Guanajuato, la coordinadora de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, Martha Ortega, informó que por el clima de inseguridad en la entidad cuatro candidatas de su partido renunciaron su participación en los comicios electorales. Más al sur, en Guerrero, Movimiento Ciudadano también informó que no contenderá en al menos 20 municipios.

Las alcaldías son: Citlala, Chilpancingo, Acapulco y todas las que pertenecen a  la región conocida como Tierra Caliente, en la frontera con Michoacán.

“No voy a poner en riesgo a mis candidatos”, dijo Sergio Montes, vocero de la coordinación de MC en el estado.

Y lo mismo ocurrió con el partido en San Luis Potosí, donde ya que no tuvieron postulantes en los municipios de Alaquines y Ciudad del Maíz. En este último, el candidato desistió al registro por la “incertidumbre” en materia de inseguridad.

Aunque pareciera que los ataques tienen tintes partidistas —la mayoría de los candidatos intimidados no son de Morena, el partido en el poder— para el analista Nicolás Loza, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el problema central no es el partido al que amenazan sino los fines.

“El crimen no tiene partido, sino candidatos y lo que quiere es ponerlos, promoverlos en el partido que sea, en el que tiene más posibilidades de ganar”.

¿HAY OPCIONES?

Francisco Gonzalez Aynes, de Movimiento Ciudadano en Veracruz, dijo que lo llamaron por teléfono alrededor de las a tres o cuatro de la tarde desde distintos números desconocidos locales y de la Ciudad de México, que él no contestó, pero su esposa sí y recibió amenazas. Desde entonces, la familia no contesta más a quienes no conocen y el padre seguirá en la campaña.

“Me preocupan mis hijos, la seguridad,  pero voy a seguir, si pasa algo, culparé al gobierno del estado y el municipal (en manos de Morena) porque quiero que despierte la gente y que salga a votar”, destacó temerario y pidió protección al INE.

Para el proceso electoral federal existen tres niveles de riesgo que se determinan a partir del mapa de inseguridad que tiene el INE y las autoridades de seguridad federales y estatales, según el índice delictivo de la localidad en la contienda, antecedentes históricos y denuncias de amenazas o agresiones que puedan recibir las personas candidatas que soliciten la protección.

El grado de vulnerabilidad determina el tipo de vigilancia que tienen los candidatos: a quienes tiene alto riesgo, los vigila la Secretaría de la Defensa Nacional; el nivel medio es atendido por la Guardia Nacional y el bajo por las secretarías de Seguridad de cada estado.

Hasta el momento solo se han hecho públicas las peticiones de vigilancia en algunas entidades. En el estado de México, el vocal de la Junta local, Joaquín Rubio, informó que llevan cuatro peticiones: dos fueron del partido Movimiento Ciudadano en Chalco y Cuautitlán Izcalli; posteriormente la del candidato del PRI en el distrito 10, con cabecera en Ecatepec y la cuarta petición para el distrito 5, con cabecera en Teotihuacán. 

En Baja California, el instituto electoral local informó que ha recibido 12 solicitudes de protección y dos más en San Luis Potosí, según sus propias autoridades, aunque no se aclaró de cuáles fuerzas políticas.

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