Coalición ambientalista presiona a la Legislatura para aprobar leyes que protejan a la comunidad
Una nueva encuesta refleja las opinión negativa hacia las compañías petroleras y la contaminación que crean
Gobernador de California Gavin Newsom: de él depende la aprobación de las leyes ambientales Crédito: Rich Pedroncelli | AP
Existe una interesante paradoja en nuestra economía, por la que las empresas petroleras explotan el suelo para extraer el mineral (o el gas), para aumentar sus enormes ganancias. En el proceso contaminan la tierra y el aire, causan un sinnúmero de problemas de salud entre nuestra población, incluyendo a los niños, y finalmente es la misma población perjudicada – a través de sus impuestos y su trabajo – la que paga el daño. Y no ellos.
Los principales perjudicados, como tantas otras veces, son la gente de bajos recursos, los latinos y los afroamericanos aquí en California.
Es digna de alabanza la labor que hacen organizaciones comunitarias y algunos parlamentarios – especialmente a nivel de la Legislatura estatal – para revertir esta injusticia.
Estamos entonces ante un impasse. Sabemos que hay un desbalance, pero no por saberlo desaparece. Hay que presionar, luchar, hacerse escuchar.
¿Y la gente? ¿Qué piensa sobre el tema? Porque si bien por un lado están los hechos innegables arriba descritos, por el otro está la incesante campaña de “Desmentido, desinformación y doble mensaje” del “Gran Petróleo” con el objetivo de “evitar la responsabilidad del cambio climático”, incluyendo los daños de la sequía, incendios forestales, inundaciones y aumento del nivel del mar.
Este encomillado es, precisamente, el título del informe dado a conocer el 30 de abril por dos influyentes legisladores federales, el congresista Jamie Riskin y el senador Sheldon Whitehouse, al que al día siguiente el Comité de Presupuesto del Senado le dedicó una sesión al día siguiente.
El informe detalla la campaña de desinformación que las grandes petroleras han estado librando para obstruir la acción sobre la seguridad climática desde 1970.
Lo bueno es entonces que existe hoy una corriente política cuyo propósito es hacer a los causantes del cambio climático responsables por sus acciones. Quizás el peso de la opinión pública prevalezca, me ilusiono, para que paguen por ello.
Encuesta sobre responsabilidad
Un estudio nacional de opinión pública realizado en abril muestra que el 66% de los encuestados apoyan el proyecto de “ley climática Superfund” que obligaría a las petroleras a pagar por su parte en los daños climáticos.
Este proyecto de ley S.259 se circunscribe en la actualidad al estado de Vermont y de ser aprobado establecería un fondo para recuperar los gastos por daños causados al estado y a sus residentes por la crisis climática. Sería un paso adelante considerable por el precedente pero modesto por ser un estado pequeño.
Así pregunta la encuesta: “Algunos legisladores están considerando un proyecto de ley de ‘Superfund climático’ que requeriría que las compañías de petróleo y gas paguen una parte del costo de
daños climáticos causados por su contaminación’”. ¿Lo apoyas?
De quienes se reconocieron demócratas, el apoyo es impresionante, llegando a 89%. Pero cuando se desglosa a los participantes republicanos, el apoyo es solo del 45% – con un porcentaje igual de oponentes..
Más significativo y optimista, creo, es el hallazgo de que el porcentaje de apoyo entre los latinos – tres de cada cuatro al proyecto – en el sondeo es mayor que el de la población en general. De hecho, el grupo hispano es el que más favorece la idea.
Eso es algo que no debería sorprender, porque los hispanos junto con los afroamericanos constituyen el grupo más perjudicado por los problemas ambientales, por una combinación de elementos como vivienda cerca de focos de contaminación como pozos petroleros y autopistas, bajo nivel económico, menor acceso a recursos de salud pública y más.
La encuesta también encontró que una gran mayoría de los latinos (77%) apoyan a un candidato para quien sea una prioridad hacer responsables a las compañías petroleras, la demografía más probable para expresar esta opinión.
Excusas de las petroleras
¿Y las excusas de las empresas petroleras? ¿De los magnates del gas natural? ¿Y sus planes para sacarse de encima la responsabilidad, qué? ¿Y su fuerte influencia en los medios de comunicación, la presencia de sus cabilderos y sus empresas de relaciones públicas en los centros del poder? ¿Funcionan?
Sí, funcionan, dice la encuesta. Un ejemplo es su ingenua idea de una “huella de carbono personal” (personal carbon footprint) que toma el total de gases de efecto invernadero y después lo divide, no según su origen o causantes, sino en el conjunto de la población.
La encuesta, lamentablemente, no pregunta la opinión del público sobre este concepto, sino solo si oyeron hablar de él.
De los encuestados 46% conocían esta maniobra del Big Oil. El 41% la ignoraba.
De la misma manera los participantes contestaron a la pregunta de si estaban al tanto de que “la industria del petróleo y el gas realizaron anuncios en los medios de comunicación que cuestionan la investigación climática”. En este caso el 47% lo sabían, y el 37% no lo sabían.
Para aclarar. Lo de “huella de carbono personal es una idea peligrosa. Su propósito es que de pronto, la responsabilidad por reducir el daño causado, “es de todos”. La gente acepta esa culpa en masa y acepta recomendaciones que poco, relativamente, cambian, tales como: maneje menos, cambie su dieta, aisle su casa, cambie su calefón por uno solar, plante árboles a su alrededor. Mientras tanto, quienes realmente tienen la mano en el gatillo de la contaminación, siguen apretándolo impunemente. Los responsables no pagan.
De Levanta Tu Voz a Que no te engañen
Otra de sus estratagemas, por supuesto, ha sido la campaña Levanta Tu Voz, de la Asociación de Petróleo de los Estados del Oeste, que pretendía que los latinos se oponen a los automóviles eléctricos y contra la cual La Opinión publicó en junio pasado un editorial.
En enero de este año, activistas lanzaron una campaña popular, “Que no te engañen”, para contrarrestar “Levanta Tu Voz”, lo que mereció el apoyo de La Opinión en otro editorial.
Proyectos de ley en California
Ese es el trasfondo de la acción por parte de activistas y legisladores para enderezar el panorama y hacer que los responsables, pues, se responsabilicen.
Para el 16 de mayo, la coalición Make Polluters Pay, proyecta un “Día de cabildeo”, es decir, una reunión de activistas y representantes en la Legislatura de Sacramento que consistirá en una breve manifestación frente al Capitolio para luego dedicarse a conversaciones con legisladores durante todo el día, con el fin de abogar por sus prioridades.
El evento es convocado a través de Last Chance Alliance y tiene como patrocinadores a las organizaciones Center for Biological Diversity, Consumer Watchdog, Fossil Free CA, Center on Race Poverty and the Environment, 350 Bay Area Action, Food and Water Watch y The Climate Center.
El propósito de la iniciativa es impulsar seis propuestas de ley para la Legislatura californiana (así como dos “Budget ask,” que son solicitudes de financiación del fondo general que se presentan durante el proceso de aprobación del presupuesto estatal que todavía está en pleno curso).
Estos son los seis proyectos de ley que podrían avanzar la lucha contra la contaminación y obligar a los contaminantes a asumir su responsabilidad:
1.
La SB 1497 o “Ley de recuperación de costos climáticos de los contaminadores” de la senadora estatal Caroline Menjivar, que como lo detalla la nota de prensa difundida por Fossil Free Media, encargada del sondeo, haría que los mayores productores de petróleo del estado paguen por daños por clima extremo y mejoras de resiliencia climática.
La moción, cuyo texto se puede leer aquí, cuenta con el apoyo de legisladores ambientalistas como Lena González y Laura Friedman, pero todavía está en sus etapas iniciales de presentación ante el Senado estatal.
2.
La moción de Ley de Limpieza de pozo petrolero inactivo o AB 1866 del asambleísta Gregg Hart: obliga a las compañías petroleras a limpiar sus pozos inactivos mucho más rápido de lo que hacen en la actualidad. La ley está en su primera lectura del comité. Aquí está su texto.
3.
La propuesta de Ley de Responsabilidad del pozo petrolero por daños a la salud o AB 3155, de la asambleísta Laura Friedman: también presentada en abril el 1 de mayo pasó a “suspenso”, por lo que podría fenecer sin debate en el pleno antes del fin de año legislativo.
La moción, de ser sin embargo convertida en ley, ayudaría a los residentes con problemas de salud causados por las emisiones de perforación tóxica a demandar a las petroleras. Este es el texto de la propuesta de ley.
4.
La propuesta de Ley de responsabilidad de pozos de baja producción o AB 2716 del asambleísta Isaac Bryan, que también está en suspenso después de ser enviada a comité para su debate. Aquí está el texto completo del proyecto de ley.
Este proyecto de ley prohibiría, a partir del 1 de julio de 2026, mantener abierto un pozo ubicado a 3,200 pies de una comunidad si produce menos de 15 barriles de petróleo por día durante más de 24 meses. Establece multas de $10,000 por día a las compañías petroleras transgresoras. Este es el texto de la propuesta de ley.
5.
El debate en torno al proyecto de Ley de Seguridad y Elección Ambiental Local o AB 3233 de la asambleísta Dawn Addis, introducido el 24 de abril, fue por el momento pospuesto. La ley protegería la autoridad de los gobiernos locales para restringir la producción de petróleo y gas en sus jurisdicciones. Aquí se puede encontrar el texto completo de la ley.
6.
Finalmente, la importante propuesta de ley SB 252 o Ley de desinversión de combustibles fósiles de California de la senadora estatal Lena González. La moción ya fue presentada en 2023, pero su debate fue pospuesto para la sesión actual. La razón de la postergación: falta de apoyo suficiente y dudas sobre la probabilidad de que incluso si fuese aprobada por la Legislatura, el gobernador la vetaría por temor a que desestabilice la economía estatal.
La SB 252 haría ilegal que los sistemas de administración de los fondos de jubilación de empleados públicos californianos (Calpers) y de los maestros estatales (CALSTRS) inviertan en empresas de combustibles fósiles. Más aún, requeriría que se deshagan de estas acciones ya en su poder, por valor actual de $14,000 millones de dólares, del total de $469,000 millones que controlan, hasta 2031. Este es el texto de la ley.
La enumeración de estos proyectos de ley ayuda a corroborar que estamos en presencia de una ofensiva legislativa y política para avanzar, no solamente en prevenir los resultados más graves del cambio climático, sino también en hacer que los costos para reparar esos daños corran por cuenta de quienes los causaron.
Es decir: queda mucho por hacer, pero estamos emprendiendo el camino correcto.
