California le poner freno a ICE

La falsa representación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la práctica de “Knock and Talks” (Tocar y Hablar) que se había convertido en “tocar y arrestar” llegó a su fin cuando un juez dictaminó la inconstitucionalidad de la detención y arresto para efectos de deportación. 

El juez Otis D. Wright II concedió la moción de los demandantes para un juicio sumario en una serie de reclamaciones relativas a la práctica de “Tocar hablar” de ICE en Kidd contra Mayorkas, una demanda colectiva que cuestiona las prácticas engañosas de arresto domiciliario de ICE en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. 

La demanda colectiva fue presentada en nombre de dos organizaciones comunitarias: Inland Coalition for Immigrant Justice (ICIJ) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), y de Osny Sorto-Vásquez Kidd, un residente de Hacienda Heights que recibe Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). 

“Todos deberían sentirse seguros en su propia casa, independientemente de su estatus migratorio. Debido a que ICE nunca tiene órdenes judiciales, dependen principalmente de las llamadas y conversaciones para realizar arrestos domiciliarios”, dijo Stephanie Padilla, abogada de la Fundación ACLU del Sur de California. 

“Esta orden debería reducir significativamente las prácticas inconstitucionales de arresto domiciliario de ICE”. 

La orden da ejemplos de cuatro casos ocurridos entre febrero de 2017 y abril de 2020, en los que ICE ingresó ilegalmente a áreas constitucionalmente protegidas alrededor de la casa de un miembro de la comunidad, llamadas “curtilage”, con solo una orden administrativa de inmigración y no una orden firmada por un juez.  

El “curtilage” son las áreas que rodean inmediatamente la estructura principal de una casa, es decir, patios, porches, caminos de entrada, garajes, cobertizos y otras, eran lugares donde a menudo los agentes de ICE ingresaban para hacer contacto con personas en la casa y realizar investigaciones o detener a sospechosos. 

En los cuatro casos de la demanda colectiva, los agentes de ICE habían ingresado a un porche cubierto, un patio privado o un patio trasero para llegar a la entrada de un hogar privado y ponerse en contacto con un residente para realizar un arresto. 

El método era “tocar y arrestar” 

“CHIRLA se enorgullece de haber representado a miembros de la comunidad que fueron objeto de arrestos ilegales por parte de ICE en sus propios hogares”, dijo la directora ejecutiva de CHIRLA, Angélica Salas. 

“Además de destrozar a innumerables familias en sus propios hogares, donde las protecciones de la Constitución se extienden para todos, el método de ‘tocar y arrestar’ de ICE desvió recursos comunitarios limitados y perjudicó la capacidad de CHIRLA para brindar servicios a la comunidad. Esperamos y esperamos que esta práctica pronto terminará en todo el país”. 

La intención era arrestar a las personas 

La orden del juez Otis D. Wright II rechazó el argumento de ICE de que sus agentes podrían ingresar a las áreas privadas que rodean las casas de los miembros de la comunidad para tocar la puerta porque otros miembros del público, como lo hacen habitualmente un vecino o un repartidor. 

Si bien a los agentes se les habría permitido ingresar a estas áreas, si su propósito fuera simplemente hacer preguntas a los residentes, -con el consentimiento de los residentes- según el tribunal, la Constitución les prohíbe invadir estas áreas “con la intención de arrestar”. 

“Es un derecho humano básico para los inmigrantes sentirse seguros en sus propios hogares y vivir sin miedo”, dijo Lizbeth Abeln, directora interina de Inland Coalition for Immigrant Justice. “Esta demanda es una gran victoria para nuestra comunidad y el ICIJ continuará haciendo nuestro trabajo para que los inmigrantes estén bien equipados y comprendan sus derechos. Esto no deshará los años de daño causado por ICE, pero es un buen primer paso hacia la justicia”. 

Disfrazados de “policía” 

A lo largo de los últimos años, agentes de inmigración disfrazados como “agentes de policía” mantuvieron la costumbre de presentarse con chalecos antibalas, equipo táctico, armas y la palabra POLICÍA estampada en sus atuendos. Al tocar en la puerta de las personas, incluso anunciaban que eran “la policía”. Pero no lo eran. 

Eran agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos que se basaron en el engaño para persuadir a los miembros de la comunidad a abrir sus puertas y permitirles entrar a sus hogares sin orden judicial.  

“Es una táctica que socava la confianza en la verdadera policía”, dijo la ACLU. 

Tras el fallo, el abogado de la firma Munger, Tolles & Olson (MTO), Giovanni Saarman González, dijo que “esta importante victoria legal aclara aún más la ley sobre el uso permisible de ‘llamar y hablar’. La orden frenará las prácticas engañosas de ‘llamar y arrestar’ de ICE y brindará un alivio significativo a la clase [colectiva de demandantes] y la comunidad del sur de California. Estamos encantados con este resultado y honrados por la oportunidad de participar en este esfuerzo para responsabilizar a ICE”. 

El equipo de MTO incluyó a Jake Kreilkamp, Giovanni Saarman González, Gabriel Bronshteyn y Joey Glynn. 

Por su parte, Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización defensora de los inmigrantes, “El Rescate”, dijo a La Opinión que cualquier autoridad que toque a la puerta de una casa, por protocolo tiene que identificarse, “pero no con pretensiones falsas, y uno tiene el derecho de preguntarles qué oficio trae, por qué vienen a tu casa y qué es lo que quieren hablar contigo”. 

Manifestó que en 43 años de la organización han educado a la comunidad para que conozca sus derechos y no abra la puerta a ninguna autoridad del orden si no cuenta con una orden de cateo para poder entrar en la propiedad 

Los otros casos de la demanda 

Además de Osny Sorto-Vásquez Kidd, los agentes de ICE incurrieron en la violación de los derechos civiles protegidos por la Cuarta Enmienda, en los siguientes casos: 

• 17 de febrero de 2017: Aproximadamente a las 8:30 a.m., los agentes de ICE efectuaron un “llamar y hablar” en la casa de Diana Rodríguez, en Santa Ana.  

Los oficiales se acercaron a la entrada trasera de la casa de Rodríguez, a la que solo se puede acceder entrando al patio trasero, y después de la amiga de Rodríguez abrió la puerta, un oficial le pidió a Diana que saliera, respondiera algunas preguntas y les proporcionara una identificación a los oficiales.  

Cuando ella salió de la casa, los oficiales la detuvieron. 

La Cuarta Enmienda se trata sobre la protección a pesquisas y aprehensiones arbitrarias.  

• 23 de abril de 2017: Aproximadamente a las 7:30 am, oficiales de ICE se acercaron a la residencia de Linda Urbano Vásquez en la ciudad de Pomona, ingresando a través de una cerca que rodeaba su propiedad.  

Los agentes entraron a un porche cubierto para llegar a la puerta principal.  

Cuando Urbano Vásquez abrió la puerta, los oficiales indicaron que estaban en libertad condicional y buscaban a su hermano, José.  

Después de que José se acercó a la puerta principal, los oficiales lo detuvieron.  

• 13 de octubre de 2019: Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron una práctica habitual de “llamar y hablar” en la residencia de Sigifredo Zendejas López, en Anaheim. Para acceder a la puerta principal, los agentes debían ingresar a un pequeño patio afuera de la puerta que estaba cubierto por una lona y cerrado por un portón. 

Cuando el señor Zendejas López se acercó a la puerta, los oficiales le dijeron que necesitaban hablar con él afuera, donde los oficiales lo detuvieron.  

• 23 de abril de 2020: A eso de las 6:00 am, agentes de ICE llegaron a la casa de Javier Gómez Rodríguez en Santa María para ejecutar un operativo de “tocar y hablar”. 

Al abrir la puerta, dos oficiales le pidieron a Gómez Rodríguez que saliera para responder un par de preguntas.  

Tan pronto como salió, los oficiales lo arrestaron.  

En cada uno de estos casos, de acuerdo con las políticas y procedimientos de capacitación de los agentes de ICE ingresaron a las casas con el propósito de arrestar al residente sin contar con una orden judicial o el consentimiento expreso del residente.