Canadá excluye las enfermedades mentales de la muerte asistida: por qué
Dos demandantes y un grupo de defensa llevan a Canadá a los tribunales por excluir enfermedades mentales de la muerte asistida, alegando violaciones de derechos
Muchos ciudadanos preferirían que el costo de la muerte asistida no fuera cubierto por los pacientes. Crédito: Archivo | Shuterstock
En un desafío significativo a las políticas de muerte asistida en Canadá, dos demandantes individuales junto con un grupo de defensa han llevado el caso a los tribunales, argumentando que la exclusión de las enfermedades mentales de los criterios de elegibilidad para la muerte asistida viola sus derechos fundamentales.
La legislación canadiense permite la muerte médicamente asistida bajo ciertas condiciones, pero hasta ahora ha excluido a quienes sufren exclusivamente de trastornos mentales.
La normativa actual, que limita el acceso a la muerte asistida a personas con condiciones médicas subyacentes físicas, ha sido objeto de críticas y controversias. Aunque la exclusión estaba programada para expirar a principios de 2023, su vigencia ha sido prorrogada en dos ocasiones, con la última extensión establecida hasta 2027.
El gobierno liberal ha justificado esta extensión con el argumento de que el sistema aún no está preparado para proporcionar muerte asistida a personas con trastornos mentales aislados. Este argumento se basa en la premisa de que el sistema sanitario canadiense no tiene la capacidad adecuada para manejar estos casos de manera segura y ética.
Esta prórroga ha sido criticada tanto por profesionales de la salud como por defensores de los derechos de las personas con discapacidad. Algunos críticos sostienen que la dificultad para determinar la incurabilidad de una enfermedad mental hace que sea casi imposible establecer criterios claros para la elegibilidad.
Un balance en el acceso a la muerte asistida
Además, argumentan que, en algunos casos, es más fácil acceder a una muerte asistida que a los recursos necesarios para hacer la vida más soportable para quienes padecen enfermedades mentales graves. Este punto de vista se apoya en la percepción de que el sistema está “desbalanceado”, favoreciendo una solución final en lugar de intervenciones y tratamientos que podrían mejorar la calidad de vida.
El desafío legal destaca la lucha de dos personas con trastornos mentales severos, quienes, según los documentos presentados en el tribunal, serían elegibles para la muerte asistida si no se excluyera su condición mental como única razón subyacente.
Los demandantes argumentan que su sufrimiento es profundo, real y debilitante, y que la exclusión de las enfermedades mentales de los criterios para la muerte asistida perpetúa innecesariamente ese sufrimiento.
En el aviso de solicitud presentado, se afirma que no hay justificación constitucional para prolongar el sufrimiento intolerable de los canadienses que, de otra manera, calificarían para la muerte asistida, además de que la exclusión se basa en estereotipos estigmatizantes y prejuiciosos.
El caso ha puesto en el centro del debate público la cuestión de los derechos y la dignidad de las personas con enfermedades mentales graves. La demanda argumenta que la exclusión de estos pacientes no solo es una violación de sus derechos a la igualdad y a la vida, sino también una infracción de sus derechos a la libertad y seguridad.
En este contexto, el desafío legal subraya la necesidad de una revisión crítica de las políticas actuales y plantea importantes preguntas sobre cómo equilibrar el acceso a la muerte asistida con la protección adecuada para quienes sufren de enfermedades mentales.
Hasta ahora, la oficina del Ministro de Salud de Canadá no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre el asunto. La situación sigue evolucionando, y el resultado de este caso podría tener implicaciones significativas para la legislación sobre la muerte asistida en el país, así como para los derechos de las personas con enfermedades mentales.
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