La Opinión Hoy: Reforma judicial divide opiniones en México

Con la aprobación en el Congreso de México, la controvertida reforma al Poder Judicial implica el cambio más profundo de los últimos 30 años del país.

A protestor holds a Mexican flag after demonstrators broke into a Senate session in which lawmakers were debating the government's proposed judicial reform, which would make judges stand for election, in Mexico City, Tuesday, Sept. 10, 2024. (AP Photo/Felix Marquez)

Un manifestante sostiene una bandera mexicana después de que manifestantes irrumpieran en una sesión del Senado en la que los legisladores estaban debatiendo la reforma judicial propuesta por el gobierno Crédito: Felix Marquez | AP

La controvertida reforma al Poder Judicial de México, considerada el cambio más profundo a la judicatura de los últimos 30 años, fue aprobada la madrugada del miércoles 11 de septiembre, con 86 votos a favor y 41 en contra.

Esto quiere decir que a partir del próximo año los magistrados y jueces del Sistema Federal serán elegidos por voto popular.

Nuestro experto Enrique Hernández conversó con Jesús del Toro, director editorial de La Raza de Chicago, sobre este tema en La Opinión Hoy.

“Las aguas están muy turbulentas en México con esta decisión y bueno las condiciones en las que fue aprobada, pues también dan mucho de qué hablar, inició Hernández, a lo que Del Toro le respondió:

“Es importante entender primero por qué se impulsaron estas reformas a la constitución con relación al Poder Judicial y algunos antecedentes de ello; en primer lugar, es cierto que existen condiciones de corrupción y de privilegios que han sido concedidos a personas que no deberían tenerlos y fallos favorables a personas que no deberían haberlos recibido por parte de jueces”, dijo de entrada Del Toro.

Y eso, según comenta, ha causado consternación en escala de todo México y es una de las causas principales.

“También es cierto que algunas leyes que fueron aprobadas durante el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador fueron aprobadas por la mayoría del Congreso. Y estas fueron después impugnadas y frenadas por decisiones también de jueces; y eso en cierto modo, se interpretó como una manera no solo de frenar las iniciativas políticas de López Obrador, sino también en voz de los críticos de estas decisiones, de mantener esas corrupciones y esos privilegios que algunos gozaban al impedir que se dieran transformaciones en diferentes ámbitos”, prosiguió Del Toro.

“Este es el contexto, se le llamó el ‘Plan C’ porque los ‘A’ y ‘B’ fueron intentos de reformas legislativas y de aplicación de transformaciones, que por alguna razón quedaron incompletas”, añadió.

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