Juez anula decisión del concejo municipal de Los Ángeles de eliminar perforaciones petroleras

A comienzos de mes, el juez Curtis A. Kin de la Corte Superior del condado de Los Ángeles echó por la borda de un plumazo el trabajo de años de activistas del medio ambiente, legisladores californianos, la gubernatura del estado, medios de comunicación y difusión y simples vecinos -las víctimas directas -, residentes de áreas contaminadas.

El juez Kin anuló una ley histórica, adoptada por unanimidad (12 contra 0) por el Concejo Municipal de la ciudad de Los Ángeles en diciembre de 2002, que eliminaría gradualmente, en 20 años, todas las perforaciones petroleras en los límites de la ciudad. Ese plazo se concedió en consideración a los intereses de las grandes empresas petroleras. 

La legislación municipal en su momento habría también prohibido en carácter inmediato la perforación de nuevos pozos. 

Kin lo declaró ilegal, y dictaminó que la autoridad para disponer de los pozos y torres de perforación incumbe al estado y no a la ciudad, cuyo poder se limita a regular la ubicación de los mismos. 

Como se sabe, la proliferación de pozos petroleros, tanto activos como pasivos, es una de las principales causantes de la contaminación ambiental en numerosos barrios de Los Ángeles. 

Se trata de áreas habitadas por residentes de bajos recursos entre quienes abundan los latinos y los afroamericanos. Son: la zona de Wilmington y el área de la Bahía y el puerto, así como el centro de la ciudad (Downtown), el oeste y el sur de Los Ángeles y el noroeste del Valle de San Fernando. 

Proliferan partículas de carcinógenos conocidos como benceno y formaldehído, haciéndolos responsables de miles de casos de cáncer, especialmente cuando las excavaciones tienen fugas, así como enfermedades respiratorias crónicas y de otro tipo que sufren miles de residentes, especialmente los más jóvenes.

Existen en los límites de Los Ángeles 26 campos petrolíferos y de gas y más de 5,000 pozos y torres de perforación de petróleo y gas. Tres de cada cuatro de ellos pertenecen, según un informe de 2018 del contralor de la ciudad a las empresas Warren E&P; Freeport-McMoRan Oil & Gas LLC; Tidelands Oil Production; Southern California Gas; Pacific Coast Energy y Brea Canon Oil.

La lucha por dar fin a este cáncer que envenena a la población ha durado muchos años, en una confrontación desigual contra las corporaciones petroleras y sus aliados en los gobiernos. 

Estos intereses creados han estado luchando contra la ley que protege vidas, en los tribunales, en los medios, en la Legislatura y el Congreso.

Los opositores a esta medida de sentido común argumentan que el cese de la extracción petrolera en la ciudad causará pérdidas por 250 millones de dólares por año al fisco- según datos proporcionados por la Asociación Independiente del Petróleo de California- en conceptos del arrendamiento de las propiedades a la ciudad y de regalías que pagan por los pozos que se encuentran en las propiedades de la ciudad. Son cifras difíciles de comprobar. 

También alegan que la ley aumentará la dependencia de fuentes de procedencia extranjera, cuyos buques petroleros anclados en el cercano puerto de Long Beach contribuirá aún más a la polución.  

Pero da la sensación de que cada vez que nos acercamos a que se haga justicia con los angelinos y se acerque el cierre de los pozos envenenadores, algo sucede que lo posterga, lo aleja, lo anula. 

En nombre de las miles de víctimas cuya situación empeora por cada día que pasa, es momento entonces de contraatacar, y varios legisladores latinos en Sacramento han escuchado la llamada 

Una serie de propuestas de ley bajo la etiqueta de Make Polluters Pay (Hagamos que los contaminadores paguen) está en proceso avanzado de legislación y en parte esperan la decisión del gobernador luego de ser aprobadas por la Asamblea y el Senado estatales. 

Una de ellas, la AB 3233 de la asambleísta Dawn Addis, otorgaría precisamente a las autoridades municipales y condales la autoridad para regular la existencia de pozos petroleros en sus jurisdicciones, lo que anularía la justificación utilizada en la decisión del juez Kin y permitiría que continúe el proceso de cierre de los pozos.

Las otras dos son la AB 1866 del asambleísta Gregg Hart, que hará que las petroleras taponen pozos inactivos, lo que les costaría alrededor de 60,000 dólares por cada uno. No puede ser que las empresas que gozaron de enormes ingresos cuando los pozos funcionaban se laven las manos. Deben pagar. 

Finalmente, la AB 2716 del asambleísta Isaac Bryan hará que empresas que explotan pozos contaminantes cerca de comunidades paguen al fisco 10,000 dólares al mes por operarlas. 

Necesitamos aún más proyectos de ley como los de “Hacer que los contaminadores paguen”.

Es cierto que incluso si estas tres mociones se conviertan en ley no podemos cantar victoria. Sabemos que las empresas petroleras harán todo para seguir operando las excavaciones en Los Ángeles y el resto del estado. Después de todo, para ellos están en juego miles de millones de dólares de ganancias.

No aprobar estas simples mociones de ley, de sentido común y protección a la comunidad, sería rendirse al racismo ambiental que las motivó.