Emprenden esfuerzo para que expresidiarios voten en elecciones

Un grupo de sociólogos, científicos políticos y organizaciones no lucrativas realizan esfuerzos para que más de dos millones de personas con condenas por delitos graves, que ya fueron liberadas, ejerzan su derecho al voto en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

De acuerdo a un estudio publicado este mes, la profesora de sociología de la Universidad de California en Los Ángeles, Naomi Sugie junto con sus colegas de la Universidad de California en Irvine, la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Stanford, aún cuando desde 1997 se ha extendido la elegibilidad del voto para quienes purgaron condenas por delitos graves, persisten factores que impiden el ejercicio de este derecho.

Estos son mala información, desconfianza en el gobierno y falta de claridad en los procesos, entre otros.

Este otoño, los investigadores continúan monitoreando las barreras junto con el equipo del Proyecto Voter Outreach In Communities Experiencing System-Involvement (VOICES), quienes están involucrados en un esfuerzo de divulgación masivo antes de las próximas elecciones de 2024.

Aunque una condena por un delito grave puede significar la pérdida de los derechos del votante, contrario a la creencia popular, en muchos estados, una persona puede recuperar el derecho al voto después del encarcelamiento o la supervisión.

Según The Sentencing Project, las leyes han cambiado en 26 estados y el Distrito de Columbia desde 1997, ampliando la elegibilidad para quienes fueron condenados por delitos graves. En muchos estados, desde los republicanos y demócratas hasta los indecisos, las próximas elecciones son la primera vez que algunos tienen derecho a votar.

“Se trata de reparar un error. El sistema de encarcelamiento masivo y los legados actuales e históricos de supresión del voto han excluido a millones de personas. Las leyes han cambiado y la gente necesita saberlo”, dijo Sugie.

Durante las elecciones de noviembre de 2022, implementaron una campaña de divulgación a gran escala basada en mensajes de texto en California, Michigan, Ohio, Pensilvania y Texas para más de 15 000 personas antes de las elecciones. El 12% respondió para conocer directamente las perspectivas de las personas afectadas por el sistema legal penal, incluidas las que estaban encarceladas y sus familiares cercanos.

“Este proceso es a propósito muy confuso”, dijo Delia, una mujer hispana de 40 años entrevistada para el estudio. 

“En cada unidad a la que fui, la narrativa era: ‘Ahora tienes un delito grave. Nunca vas a conseguir un trabajo y nunca vas a votar’. Y entonces te crees eso”.

“Mucha de nuestra gente regresa a casa sin saber nada de esta basura”, dijo Julian, un chicano de 41 años de California entrevistado para el estudio.

“Solo intentan salir de la libertad condicional, no ser acosados ​​por eso. Así que votar es solo otro idioma extranjero para ellos. Y no hay nadie que los eduque”.

Para ayudar a que estos votantes acudan a las urnas, los investigadores descubrieron que las organizaciones comunitarias, como las redes de reingreso y apoyo, los proveedores de servicios legales, los grupos religiosos y otros que trabajan con comunidades afectadas, han dado prioridad a la aclaración de conceptos erróneos sobre la elegibilidad para votar a través de un acercamiento directo y centrándose en el proceso ayudando con el registro y enviando recordatorios.

Otro entrevistado, Javier, un puertorriqueño de 51 años, dijo que ”ya sea porque somos ciudadanos que regresamos, afroamericanos o hispanos, no quieren que votemos porque nuestros votos son poderosos”. 

Añadió: “cuando alguien intenta quitarte la voz y el voto, necesitas analizar por qué alguien intenta quitártelo”.

Los autores del estudio enfatizaron que limitar el acceso al voto también limita el acceso a la justicia.

“La privación del derecho al voto es una cuestión de justicia y equidad”, dijo Sugie.

“Afecta especialmente a las comunidades que se ven afectadas de manera desproporcionada por el sistema legal penal, como las que son pobres y pertenecen a minorías raciales y étnicas. Es importante que nuestros sistemas políticos se aseguren de que sus voces y preocupaciones también sean escuchadas”.

Voto en las cárceles

En Los Ángeles, Dean C. Logan, el secretario del condado de Los Ángeles (RR/CC) dijo que históricamente los votantes encarcelados elegibles pueden depositar sus votos a través del programa de voto por correo, el cual se facilita en las cárceles del condado en alianza con el Departamento del Sheriff (LASD).

Pero en 2020, se amplió el acceso para votar en persona en las cárceles del condado. Así que en las elecciones primarias presidenciales de 2024, el RR/CC y el LASD brindaron la experiencia de votación en persona en todas las cárceles del condado por primera vez. 

La experiencia en persona estará disponible nuevamente para todos los reclusos elegibles en todas las instalaciones penitenciarias del condado de Los Ángeles en las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.

“Cuando la democracia incluye a todos, nuestras comunidades son más seguras, nuestras políticas más sólidas y nuestra gente está más comprometida con el futuro de California”, dijo el asambleísta Isaac Bryan, quien ha impulsado una legislación para ampliar las opciones de votación para las personas afectadas por el sistema. 

“Estamos invirtiendo en nuestras comunidades cuando nos aseguramos de que todos los californianos que son elegibles para votar tengan esa oportunidad”.