Extienden la autoridad para investigar y detener a inmigrantes a otras agencias del gobierno
Una nueva directiva del Departamento de Seguridad Nacional autoriza a varias agencias del Departamento de Justicia para que puedan detener a inmigrantes
Agencias como el FBI, que investiga actos de terrorismo doméstico, ahora tendrá que investigar y detener inmigrantes. Crédito: Matthew Hinton | AP
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió la facultad de investigar y detener a inmigrantes en Estados Unidos a varias agencias subordinadas al Departamento de Justicia (DOJ).
La secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, emitió una directiva que se considera “esencial para cumplir la promesa del presidente Trump de realizar deportaciones masivas”, según informó un vocero del Departamento en una declaración.
La directiva “otorga a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del Departamento de Justicia (DOJ) como el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina Federal de Prisiones la autoridad para investigar y detener a los extranjeros ilegales”.
La extensión de la autoridad para detener y deportar a inmigrantes, levanta las restricciones que había al respecto, que limitaban cuáles eran las agencias federales que tenían esa misión.
En la directiva se señala que: “Gracias a las políticas de fronteras abiertas de la última administración, hemos visto a criminales violentos y miembros de pandillas aterrorizar a las comunidades estadounidenses. La acción de hoy empodera a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del DOJ para ayudar a identificar y detener a los extranjeros que han ingresado ilegalmente a nuestro país”.
El Departamento de Justicia revisará su enfoque de las leyes de inmigración
Un memorando enviado al personal por el fiscal general adjunto interino Emil Bove el martes por la noche está estrechamente relacionado con la declaración del DHS.
El memorando, obtenido por The Washington Post y The Associated Press, emite una serie de directivas que instruyen a los funcionarios del Departamento de Justicia a priorizar la identificación de inmigrantes ilegales y procesar las violaciones de inmigración.
Pero también instruye a los funcionarios a investigar para un posible procesamiento a cualquier funcionario estatal o local que se resista a la aplicación de las leyes federales de inmigración, y ordena a la División Civil que examine posibles acciones legales contra los estados o ciudades con leyes que prohíban a los funcionarios cooperar con los agentes de control de inmigración.
El Departamento de Justicia creó un “grupo de trabajo de aplicación de la ley en las ciudades santuario” para identificar leyes locales que bloqueen la agenda de inmigración de Trump, al tiempo que ordenó a su división civil que impugnara estas políticas en los tribunales, según el memorando.
Toda negativa a procesar casos que involucren “resistencia, obstrucción u otro incumplimiento” ahora debe ser informada como “urgente” a la dirección del departamento.
Las directivas están en consonancia con las promesas de campaña de Donald Trump y, en cierta medida, reflejan el cambio en la dirección de la política cuando un partido diferente toma el control del gobierno.
No hay precedentes de enjuiciamiento a funcionarios estatales o locales porque se considere que se han resistido a la aplicación de la ley federal de inmigración.
Una de las directivas más notables del documento instruye a los Grupos de Trabajo Conjuntos contra el Terrorismo del FBI en todo el país a coordinarse con el Departamento de Seguridad Nacional “para ayudar en la ejecución de las iniciativas relacionadas con la inmigración del Presidente Trump”.
Se trata de un marcado cambio con respecto a la política anterior.
Estos grupos de trabajo generalmente se centran en las amenazas terroristas, que según sus funcionarios están en un nivel más alto que en los últimos años.
El memorando ordena al FBI, la DEA, la ATF, los alguaciles estadounidenses y la Oficina de Prisiones que “revisen sus archivos en busca de información de identificación y/o datos biométricos relacionados con los no ciudadanos que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos”.
“El Departamento de Justicia tomará todas las medidas necesarias para proteger al público y asegurar la frontera estadounidense expulsando a los extranjeros ilegales del país y enjuiciando a los extranjeros ilegales por delitos cometidos dentro de la jurisdicción estadounidense”, dice el memorando.
Y ordena al Departamento de Justicia que persiga todas las posibles violaciones de inmigración y se coordine con los tribunales federales para manejar “el mayor número de procesamientos que resultarán”.
Algunos funcionarios de ciudades santuario como Chicago, Denver y Minneapolis han dicho que tienen la intención de defender a los inmigrantes que se encuentran en sus ciudades sin autorización.
ACLU criticó las amenazas de la administración Trump contra funcionarios estatales y locales
El memorando del Departamento de Justicia que amenaza a los funcionarios locales con un proceso penal por negarse a llevar a cabo la agenda de deportación masiva de la administración Trump carece de fundamento legal y es perjudicial para nuestras comunidades, escribió la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en un memorando y una carta pública al fiscal general interino James McHenry. publicados el jueves.
“La Constitución y nuestras leyes son claras: el gobierno federal no puede obligar a los funcionarios estatales a llevar a cabo deportaciones, ni puede castigarlos por negarse a hacerlo”, dijo Deirdre Schifeling, directora política y de defensa de derechos de la ACLU.
“Entendemos que los controles y contrapesos, incluida la autoridad de los estados para dirigir el uso de sus recursos, pueden resultar frustrantes para el presidente. Sin embargo, el Departamento y esta administración están sujetos a la Constitución. Los gobiernos estatales y locales no pueden ser obligados a llevar a cabo la agenda política de la administración Trump de sembrar miedo y división en nuestras comunidades”, continuó diciendo Schifeling.
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