Corte de apelaciones mantiene bloqueo a Trump: no puede usar Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones

Una corte federal de apelaciones ha mantenido el miércoles un bloqueo temporal a la capacidad del presidente Donald Trump de utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua y a otros inmigrantes.

El panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. dictaminó el miércoles por 2 a 1 que un par de órdenes de tribunales inferiores que bloquean el uso por parte de Trump de la amplia autoridad en tiempos de guerra pueden mantenerse mientras se desarrolla un desafío legal a la invocación de esa ley por parte del presidente.

La decisión de 2-1 se deriva de una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Democracy Forward y la ACLU del Distrito de Columbia.

El Departamento de Justicia había instado al panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D. C. a bloquear de inmediato la orden de Boasberg, considerándola una intrusión en la autoridad ejecutiva del presidente en materia de seguridad nacional.

El caso ha atraído mucha atención después de que el gobierno utilizara esta ley para deportar rápidamente a cientos de migrantes que, según las autoridades, son pandilleros venezolanos a una conocida prisión de El Salvador.

La Ley de Enemigos Extranjeros solo puede invocarse en medio de una guerra declarada o una “invasión” por parte de un país extranjero. La ley solo se ha utilizado en tres ocasiones anteriores, todas durante guerras, pero Trump sostiene que puede usarla porque la pandilla venezolana Tren de Aragua está invadiendo efectivamente a Estados Unidos.

“Lo que parece cierto es que una invasión es un asunto militar, no migratorio”, refutó la jueza de circuito Karen Henderson, designada por el presidente George H.W. Bush, en su opinión individual.

Henderson se unió a la jueza federal Patricia Millett, designada por el expresidente Obama, para formar una mayoría en contra de la administración. Sin embargo, Millett lo hizo considerando que el tribunal carecía de jurisdicción sobre el caso dada la naturaleza temporal de la orden de Boasberg.

Ambas destacaron el carácter preliminar del caso y señalaron que Boasberg pronto decidirá si concede una orden judicial más extensa.

“El gobierno tendrá amplias oportunidades para probar su caso y sus pruebas deben recibir la debida deferencia debido a las decisiones del presidente en materia de seguridad nacional”, escribió Henderson.

El juez federal del panel Justin Walker, designado por Trump durante su primer mandato, discrepó, argumentando que los migrantes debían impugnar su detención en Texas, donde fueron detenidos antes de ser expulsados ​​del país en avión, mediante lo que se conoce como un recurso de hábeas corpus.

Demandantes reaccionan ante el fallo de la corte de apelaciones

“La decisión significa que cientos de personas siguen protegidas de ser enviadas a una notoria prisión de agujero negro en un país extranjero, sin ningún proceso legal, quizás por el resto de sus vidas”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien argumentó el caso, en un comunicado de ACLU.

“La decisión de hoy del Circuito de D.C., que deniega el intento de la administración Trump de suspender la orden de restricción temporal emitida por el juez Boasberg, es un paso importante para el debido proceso y la protección del pueblo estadounidense. El presidente Trump está sujeto a las leyes de esta nación, y estas leyes no le permiten ejercer poderes de guerra cuando Estados Unidos no está en guerra ni ha sido invadido para expulsar a personas del país sin ningún proceso legal”»”, declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward.

“La decisión del tribunal es un recordatorio crucial de que ningún presidente está por encima de la ley. El uso indebido de una ley centenaria de tiempos de guerra para eludir las protecciones migratorias no solo fue ilegal, sino que representó una amenaza para las libertades civiles fundamentales. Este resultado es una victoria para la justicia y el estado de derecho”, declaró Scott Michelman, director legal de la ACLU-D.C.

La administración Trump podría ahora solicitar una revisión de emergencia ante la Corte Suprema, pero mientras tanto, el caso avanza en el tribunal del juez de distrito James Boasberg

Boasberg, un juez designado por Obama, ha prometido “llegar al fondo” de si varios vuelos de deportación que salieron del país el sábado 15 de marzo violaron su orden de ese día de bloquear las deportaciones rápidas y su exigencia de que todos los vuelos regresaran.

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