Líderes y organizaciones piden a Trump permitir llegada de refugiados mientras tribunal toma decisión final
La Administración Trump enfrenta demanda por suspender la admisión de refugiados, afectando incluso a personas ya autorizadas por el Gobierno de EE.UU.

La Administración Trump enfrenta demanda ante la Corte de Distrito Oeste de Washington. Crédito: Eugene Johnson | AP
Alrededor de unos 600 inmigrantes que ya habían sido aprobados para su reasentamiento en los Estados Unidos son la prioridad dentro de las miles de personas que buscan protección en el país, luego de que el presidente Donald Trump suspendiera el programa de admisión de refugiados.
Así lo explicó Mark Hetfield, presidente de la organización HIAS, una organización que demanda a la Administración Trump y confía que haya una pronta decisión del tribunal.
“A finales de la semana pasada, presentamos, al igual que los demandados ante el Departamento de Justicia, un informe conjunto que propone un cronograma para la implementación de la orden de reinicio del programa de refugiados”, dijo Hetfield en conferencia de prensa virtual.
Sin embargo, lamentó que sólo hubo una coincidencia: “En lo único que coincidimos con el gobierno es en la definición de refugiado aprobado condicionalmente, y en que hay 128,000 de ellos”.
“El tribunal debería dictar sentencia en cualquier momento, creo que esta semana, así que debería ser pronto. Ojalá podamos finalmente reiniciar el programa de refugiados para estas pobres personas que ya tenían o creían haber sido aprobadas hace meses, muchas de ellas ya contaban con sus billetes de avión”, expuso. “Más de 600 refugiados que estábamos esperando a que llegaran, quienes ya fueron aprobados para llegar y a quiénes se les retiraron los billetes de avión”.
El 20 de enero, el primer día de su gobierno, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para suspender el Programa de Reubicación de Refugiados de Estados Unidos (USRAP), pero en febrero, un grupo de organizaciones civiles presentaron la demanda Pacito v. Trump ante la Corte de Distrito Oeste del estado de Washington.
Los demandantes solicitan al tribunal que declare ilegal la orden ejecutiva, prohíba su implementación y restablezca los fondos destinados a los refugiados.
La demanda fue presentada por el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) en nombre de Church World Service (CWS), HIAS y Lutheran Community Services Northwest (LCSNW).
¿Es similar lo que ocurrió en 2017?
En 2017, durante su primer mandato, el presidente Trump también hizo ajustes al programa de refugiados, pero no canceló el programa, como ahora ocurre, lo que desató presión de decenas de organizaciones civiles y políticos electos, incluso del Senado.
El 4 de abril, el senador Dick Durbin (demócrata por Illinois), miembro de mayor rango del Comité Judicial del Senado, lideró una carta firmada por varios de sus colegas, dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para retomar el programa de refugiados, como parte de los compromisos de EE.UU. a nivel mundial.
“El USRAP se estableció de forma bipartidista mediante la Ley de Refugiados de 1980 y constituye una sólida colaboración público-privada que impulsa el crecimiento económico de Estados Unidos, promueve la estabilidad y la paz globales, y apoya nuestras prioridades diplomáticas y de seguridad nacional”, escribieron los senadores.
Hetfield recordó que en esta ocasión el presidente Trump sí desmantela el programa de refugiados, no los reduce.
“En 2017, Trump no desmanteló por completo la infraestructura de reasentamiento de refugiados. Esta vez sí lo hizo, y retiró el financiamiento a toda la infraestructura, con efecto casi inmediato”, dijo Hetfield. “Es fundamental que se respete e implemente la orden judicial y que el programa cuente con los recursos adecuados, para que, como mínimo, podamos acoger a los refugiados a quienes el gobierno estadounidense ya les informó que habían sido aprobados”.
La voz de una refugiada
Aisha Koroma es delegada del Congreso de Refugiados para Washington, D.C. y directora adjunta de Integración Social en HIAS, posiciones que logró gracias a los beneficios del programa de reasentamiento de EE.UU. que ahora está en peligro.
Ella es de Sierra Leona y hace 24 años, debido a la guerra civil, hubo miles de desplazados, incluida la familia de Koroma.
“Mi familia y yo nos vimos obligados a huir a un país de acogida y dejar todo lo que conocíamos, no por elección propia, sino por supervivencia. Vivíamos en el limbo, sin saber qué nos depararía el futuro, hasta que fuimos reasentados hace 24 años”, dijo. “Para mi familia, el programa no fue solo una política, fue un punto de inflexión. Nos dio un futuro. Y hoy me presento ante ustedes no solo como lideresa de servicios sociales, sino también como psicoterapeuta con licencia que atiende a diversas comunidades, incluyendo a nuestros veteranos, inmigrantes y sobrevivientes de traumas”.
Koroma fue una de las fundadoras de la primera clínica de salud mental para refugiados en Houston, así como de la primera conferencia de salud mental y bienestar para refugiados, que ha dado asesoría a agencias locales y estatales, pero que ahora no tiene fondos tras la cancelación de la Administración Trump.
Shawn Van Diver, fundador y presidente de #AfghanEvac y veterano estadounidense, lamentó la decisión de la Administración Trump de suspender el programa de refugiados que ha ayudado a reubicar a unos 200,000 afganos.
“Creamos nuevas vías, reparamos las que quedaron dañadas durante la primera Administración Trump y trabajamos codo con codo con nuestro gobierno para convertir a Care, el coordinador de los esfuerzos de reubicación de afganos, en una maquinaria extraordinaria”, dijo. “Este gobierno se está alejando del programa que, por primera vez en nuestra historia, cumple las promesas hechas a nuestros aliados en tiempos de guerra. Quiero ser claro: la Administración Trump desmanteló el programa de refugiados la última vez, y ahora lo está desmantelando de nuevo. Es un hecho. ¿Pero qué está pasando ahora? Es más insidioso”.
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