Caucus Hispano del Congreso pide al presidente de la Cámara que no se impongan más impuestos a remesas
Los miembros del Caucus Hispano del Congreso pidieron a Mike Johnson que la Cámara rechace la propuesta de incrementar un 5% el impuesto a las remesas

El exmigrante Eduardo Jiménez tiene un taller de carpintería en Cajola, Guatemala, donde crea puertas y trabajos de madera para viviendas pagadas con dinero enviado desde Estados Unidos. Crédito: Megan Janetsky | AP
Los legisladores del Caucus Hispano del Congreso (CHC) enviaron una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para pedir que no se apruebe una medida que propone imponer un impuesto del 5% a las remesas de los trabajadores inmigrantes.
Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes buscan implementar un impuesto a las remesas del 5%, lo que afectaría a más de 40 millones de inmigrantes en Estados Unidos, incluyendo a residentes permanentes.
La propuesta de los representantes republicanos fue incluida en el proyecto de ley de presupuesto del presidente Donald Trump y afectaría a todos los inmigrantes indocumentados y además, a los que tengan un proceso migratorio pendiente. Los únicos que se salvarían serían los que prueben ser ciudadanos del país.
En la carta, los representantes del Caucus Hispano del Congreso exponen que esta medida “profundamente errónea, incluida en el proyecto de ley fiscal más amplio del Partido Republicano de la Cámara de Representantes, afecta desproporcionadamente a las comunidades inmigrantes, socava los lazos económicos con nuestros vecinos del hemisferio y contradice los principios mismos de libertad económica y responsabilidad personal que este organismo afirma defender”.
Tan solo en 2023, los residentes de Estados Unidos enviaron $93,000 millones de dólares en remesas a nivel mundial, según el Banco Mundial, según expusieron los legisladores, al tiempo que exhortaron a que se tenga en cuenta que “son vitales para ayudar a los familiares en el extranjero a cubrir sus necesidades de alimentación, ropa, educación y vivienda en países donde estas necesidades básicas suelen estar fuera de su alcance”
“Este impuesto propuesto cubriría a más de 40 millones de personas, incluyendo a titulares de tarjetas de residencia permanente y visas de no inmigrante (entre ellos, trabajadores H-1B, H-2A y H-2B), mientras que eximiría a los ciudadanos estadounidenses”.
Los representantes hispanos señalaron que la medida, de ser aprobada, crearía “un sistema de dos niveles que castiga a los inmigrantes respetuosos de la ley y trabajadores que contribuyen a nuestra economía y que a menudo desempeñan empleos esenciales en la agricultura, la atención médica, la infraestructura y la tecnología. Es discriminatorio en la práctica y punitivo en sus efectos”.
El ambicioso proyecto de recortes tributarios y ajustes al gasto social, conocido como “One Big Beautiful Bill”, busca prorrogar las exenciones fiscales aprobadas en 2017, introducir nuevas rebajas de impuestos y crear un impuesto del 5% a las remesas enviadas al extranjero.

En su carta al presidente de la Cámara, también se señala que de aprobarse esta medida, “tensaría las relaciones diplomáticas y económicas de Estados Unidos”.
Y esto es debido a que América Latina y el Caribe (ALC) recibió más de $160,900 millones de dólares en remesas el año pasado, de los cuales $65,100 millones de dólares se dirigieron solo a México, seguidos de flujos significativos a Guatemala, República Dominicana, Colombia y El Salvador, según la carta de los representantes del CHC.
Y citan al Banco Interamericano de Desarrollo que señaló que estas transferencias son cruciales para la estabilidad y el desarrollo regional para exponer que imponer un impuesto federal a las transferencias a estos países “envía un mensaje inequívoco de hostilidad tanto a los trabajadores migrantes como a nuestros vecinos del hemisferio occidental”.
En la carta se expone que “esta propuesta fiscal no solo es una mala política, sino una traición a nuestra identidad como nación de inmigrantes, constructores y forjadores de puentes. Les instamos encarecidamente a rechazar esta disposición y cualquier intento de penalizar a las familias trabajadoras y respetuosas de la ley que envían una pequeña parte de sus ingresos para apoyar a sus seres queridos en el extranjero”.
Los legisladores hispanos también unieron su criterio al de expertos en remesas, dirigentes y ciudadanos que emigraron a EE.UU. que afirman que prohibir, limitar o añadir un impuesto a ciertas remesas podría perjudicar a las comunidades que dependen de ellas, resultar una carga para los ciudadanos y empresas estadounidenses y, paradójicamente, acabar provocando aún más migración ilegal a Estados Unidos.
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