Columna: ICE viene y se los llevan
Los operativos de ICE se multiplican. Son eficaces y con pocos testigos. Y los que están ahí a su vez temen. Los casos que se filtran a la prensa son escasos.
ICE detuvo a un hispano naturalizado bajo sospecha de ser indocumentado. Crédito: ICE
Sucede en Alabama, en Mississipi, en las Carolinas, en California – norte y sur-, en todos los estados. Vienen y se los llevan. En Nueva York. En la capital Washington.
Sucede cerca de mi casa en Van Nuys, en el Valle de San Fernando.
Un hombre vuelve a su casa del trabajo, o sale a pasear con su familia, o pregona su labor en el Home Depot del vecindario. O emerge contento de la sala del juzgado de inmigración porque triunfó su caso. Lo detienen sujetos de civil, enmascarados, o uniformados de la Patrulla Fronteriza, o policías locales que colaboran con ellos. Se lo llevan. Y los van deportando.
Desde comienzos del año el número de deportados fluctúa violentamente entre 100,000 y más de 200,000, contando remociones en la frontera y autodeportaciones incentivadas.
Cada día, en alguna parte del país, equipos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) hacen redadas en restaurantes, paradas de tráfico, a la salida de la escuela, en puestos laborales, en la calle.
Esos miles tienen nombre y apellido. Trabajan, tienen esposas muchas veces ciudadanas, muchos de sus hijos son nacidos aquí y por eso ciudadanos. Otros viven aquí por décadas y no se legalizaron por desidia, ignorancia, falta de recursos y otra serie de motivos.
Los arrestos en la vía pública comenzaron en enero, antes de la toma de posesión de Donald Trump que fue el 20.
A mediados de aquel mes, las organizaciones comunitarias comenzaron a recibir reportes sobre los primeros casos de detenciones de indocumentados. Hay agentes de inmigración en áreas latinas de Los Ángeles: Echo Park, Olvera Street, Exposition Park. Merodean, les dicen.
Tres días dentro del gobierno Trump, Giovanni Duran, quien ha vivido aquí desde los dos años, sale de su casa en Echo Park con sus dos hijos pequeños. Mientras los asegura en su auto, unos agentes de inmigración, cuenta su esposa Loreal Duran, lo sacan del carro y se lo llevan.
En febrero, en el Este de Los Ángeles Vilma Ordóñez sale a comer con su esposo e hijos. Al bajar del auto frente al restaurante, dos agentes con chalecos antibalas le dicen a su esposo que él había firmado un retorno voluntario en 1996 y que no había salido del país. Por eso lo detienen y se lo llevan.
En marzo, a María Cazares, madre de cuatro pequeños le avisan que a su esposo lo detuvieron agentes de la Patrulla Fronteriza en el estacionamiento de Home Depot, un área donde tradicionalmente los jornaleros buscan trabajo.
Al mes siguiente, informa Araceli Martínez en La Opinión, entre 13 y 20 jornaleros mexicanos son arrestados fuera del Home Depot en Pomona y llevados a camionetas sin identificación.
En abril, en Azusa, agentes de inmigración arrestan a un hombre que acompañaba a su hija a la escuela. La esposa logra grabar el momento en que lo suben a un sedán gris y se lo llevan. En mayo, a una casa de Sun Valley que tiene la cara del sueño americano, con techo de tejas españolas, valla de estacas blancas en el patio, y dos “carros del año” llegan dos vehículos blindados SWAT. Bloquean la salida. En tropel, con casco, chalecos antibala, rifles de alta potencia, el dedo en el gatillo y a los gritos, entran a la casa.
Poco después salen, llevándose al jefe de la familia.
La misma semana, Erick Eduardo Fonseca Solórzano con su esposa e hijo de ocho años sale feliz del edificio federal de Los Ángeles donde un juez de inmigración acaba de desestimar su caso de deportación.
A la salida, lo esperan agentes federales. Lo esposan y se lo llevan. La esposa trata de consolar al hijo, aterrorizado.
Álvaro de la Riva pasa por la misma experiencia. Las mujeres de su familia, Erendira, Sarai y María Elena De La Riva se movilizan y hablan con la prensa.
¿No temían que eso sucedería al presentarse en el edificio federal?, les preguntan. Sí, pero más pudo la esperanza.
Los problemas con la ley condenan a los indocumentados. Una citación por manejar ebrio alcanza.
A Jesús Ascencio Molina de 46 años, casado y padre de cuatro hijos, cuenta Martínez, lo arrestó ICE el 8 de mayo mientras iba para su trabajo de jardinero en Canoga Park. Eran las cinco de la mañana.
El abogado de la familia explica que tiene dos DUI, uno de ellos en Arizona. El caso es complicado, dice.
Es que la maquinaria de la deportación es eficaz aunque no impecable. Los administradores y los políticos encuentran constantemente nuevas modalidades, nuevas herramientas para aumentar el caudal de personas fácilmente deportables. Por estar en el país menos de dos años el inmigrante está sujeto a la deportación acelerada, lo que no requiere audiencias ante un juez y casi no admite apelaciones. El DUI los condena si fueron acusados y aunque no fueran declarados culpables.
Y los operativos se multiplican. Son eficaces y con pocos testigos. Y los que están ahí a su vez temen. Los casos que se filtran a la prensa son escasos. A veces no se publican. Y los inmigrantes se topan con un público estadounidense frecuentemente indiferente, si no simpatizante con el gobierno.
Vienen y se los llevan. Da miedo.
