Karen Bass firma orden ejecutiva para respaldar a inmigrantes 

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass firmó una orden ejecutiva que, si bien no impide las redadas de la administración Trump, apunta a reforzar los protocolos municipales de la ordenanza de “ciudad santuario”. que prohíben el uso de recursos locales para la aplicación de la ley migratoria. 

El documento firmado por Bass en el antiguo edificio de “El Pueblo”, en la Placita Olvera, amplía, además, el acceso a recursos para las familias afectadas por las redadas federales de inmigración que calificó de “inconstitucionales y caóticas”. 

Bass ha instruido a los departamentos del gobierno municipal que refuercen sus protocolos y capacitación para prepararse ante la eventualidad de cualquier actividad migratoria federal que ocurra en las propiedades de la ciudad 

La nueva orden, Directiva Ejecutiva No. 12 exige la formación de grupo de trabajo entre la comunidad y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), para resolver algunos de los problemas que podrían ocurrir en propiedades de la ciudad. 

Bass solicitó también a la administración del presiente Donald Trump los registros de todas las operaciones de ICE en Los Ángeles, desde el 6 de junio.  

Amparada por la Ley de Libertad de Información, la ciudad pretende conocer el paradero de todas las personas que han sido detenidas, arrestadas o deportadas, conocer los motivos de las acciones en contra de los inmigrantes detenidos y los costos asociados a las operaciones de las autoridades migratorias. 

La alcaldesa declaró que la orden ejecutiva era necesaria “para ayudar a Los Ángeles a entender cómo protegerse de nuestro gobierno federal”. 

“A principios de esta semana vimos lo ocurrido en MacArthur Park, lo cual creo que, después de todas las evaluaciones, se considera simplemente una demostración de fuerza”, dijo Bass. “Solo para poner a la ciudad en su lugar, para decir: Somos el gobierno federal, podemos desplegar tropas cuando queramos”. 

Bass expresó que Los Ángeles es una ciudad orgullosa de los inmigrantes, “y ante las señales de la administración Trump de que intensificará su enfoque caótico, me aseguro de desplegar todos los recursos y herramientas disponibles en la ciudad para asegurar el apoyo a las comunidades inmigrantes”. 

Al mismo tiempo, aseguró que seguirán buscando soluciones legales en los tribunales y dio órdenes a todos los gerentes generales para que en un plazo de dos semanas presenten planes de preparación que detallen cómo deben responder los empleados municipales, incluidos los contratistas, si son abordados por agentes federales de inmigración en las instalaciones municipales, cumpliendo, al mismo tiempo, con la ley federal y las ordenanzas locales. 

“Nunca aceptaré estas redadas ilegales y caóticas y seguiré haciendo todo lo posible para defender los derechos de los habitantes de Los Ángeles”, afirmó. 

Esta semana, la ciudad de Los Ángeles  y las ciudades de Pasadena, Santa Mónica, Culver City, Pico Rivera, Montebello, Monterey Park y West Hollywood, y el bufete de abogados Munger Tolles & Olsen, y el exfiscal federal, Martin Estrada presentó una moción para intervenir en la demanda federal Vásquez Perdomo contra Noem en la que impugnan las acciones del gobierno federal con las redadas,  alegando violaciones de la Cuarta y la Quinta Enmienda. 

La Orden Ejecutiva emitida por la alcaldesa Bass incluye las siguientes instrucciones: 

Exige a todos los departamentos de la ciudad que refuercen los protocolos y la capacitación de conformidad con la ley municipal [Ordenanza de Ciudad Santuario] que prohíbe el uso de recursos municipales en la aplicación de la ley migratoria y que presenten planes de preparación en un plazo de dos semanas. 

Establece un grupo de trabajo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), la Oficina de Asuntos Inmigratorios de la Alcaldía, organizaciones de derechos de los inmigrantes y líderes comunitarios para recopilar comentarios y elaborar directrices adicionales para los agentes de policía al responder a las actividades de aplicación de la ley migratoria. 

Este grupo ayudará a desarrollar orientación adicional sobre cómo los oficiales deben responder a la aplicación de las leyes de inmigración. 

Solicita registros clave del gobierno federal, incluyendo los motivos de los arrestos de personas detenidas durante redadas ilegales y los costos asociados a la actividad federal.  

Amplía el acceso a los recursos de los departamentos de la ciudad a las familias inmigrantes aprovechando el enlace de asuntos de inmigrantes designado de cada departamento. 

Asimismo, solicita a la Comisión de Policía, en colaboración con el jefe del LAPD, que incorpore, cuando corresponda, los comentarios de la comunidad y brinde orientación adicional a los agentes de policía sobre cómo responder a situaciones que involucren la aplicación de la ley federal de inmigración.  

Si bien el Manual de la Policía del Departamento de Policía de Los Ángeles proporciona orientación sobre cómo los agentes de policía deben responder a las actividades de aplicación de la ley de inmigración, y el jefe de policía emitió recientemente un aviso a los agentes con orientación adicional, la revisión exhaustiva y continua y la orientación son fundamentales dadas las tácticas sin precedentes que utiliza el gobierno federal para aplicar la ley. 

“No van a detener a agentes federales” 

La alcaldesa Karen Bass aclaró en entrevista con La Opinión que el papel del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en relación con las acciones de los agentes federales de inmigración en la ciudad. “el LAPD no arrestará a los agentes federales”, aunque espera una decisión judicial que suspenda temporalmente sus actividades, que incluyen arrestar a personas sin orden judicial y usar la violencia. 

¿Qué hará exactamente este grupo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) cuando estos oficiales lleguen a la ciudad? ¿Van a proteger la operación cuando secuestran a una persona o van a arrestar a estos agentes federales porque no están siendo identificados, usan máscaras y ejercen violencia contra las personas, y sus familias desconocen dónde se encuentran?  

“Es importante no confundir al LAPD con la aduana y los agentes federales. Tengo la esperanza de que los tribunales nos apoyen y que el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya no pueda, o al menos temporalmente, hacer lo que hacía en la comunidad: secuestrar a gente en la calle sin orden judicial, con máscaras, hombres saltando de coches sin identificación”, respondió. 

“Con suerte, una decisión judicial nos dará un respiro”. 

La directiva de la orden ejecutiva No. 12 exige la formación de un grupo de trabajo entre la comunidad y el LAPD para resolver algunos de los problemas.  

“Lo que no ocurrirá es que el LAPD arreste a los agentes federales. Ni siquiera sé si podrían hacerlo, pero esa no es la solución”, dijo. “La solución es que los agentes federales, si son agentes federales, cumplan con la ley y, si van a arrestar a alguien, que tengan una orden judicial para hacerlo y que dejen de secuestrar gente en la calle, perseguirla por estacionamientos, ir a lavaderos de autos y básicamente encerrarlos porque se han llevado a todos los trabajadores”. 

Pero, alcaldesa, en cada incidente parece que a ellos no les importan los derechos constitucionales de ningún inmigrante, ni siquiera los de los ciudadanos estadounidenses. Entonces, ¿cómo detener esta situación? 

“Por eso estamos usando una estrategia legal, que es la única estrategia que tenemos para detenerlos, y espero que el juez lo detenga temporalmente”, expresó. 

¿Cuál es el mensaje para los inmigrantes en su ciudad? En Los En Los Ángeles, la gente envía a sus hijos a la escuela, no van al supermercado y tampoco quieren ir a la iglesia. ¿Deben continuar encerrados o deben continuar con su vida normal? 

“No sugeriría que continúen con su vida normal hasta que sepamos cuál es la decisión del tribunal y esperamos que los tribunales dicten la sentencia correcta. Mi mensaje para sus lectores es que haré todo lo posible para proteger a todas las personas, sin importar cuándo llegaron ni de dónde vinieron”. 

“Debemos reconocer que el gobierno federal es una autoridad superior, y hay algunas cosas que el gobierno federal hace que, como alcalde, no puedo detener. Mi mejor manera de luchar es a través de los tribunales y de la opinión pública.