Las regulaciones de las salas de juego son un asalto al progreso económico latino
La propuesta del fiscal general podría acabar con hasta el 50% de los empleos en estas salas de juego
Trabajadores latinos se manifiestan. Crédito: Daniel Ramírez | Cortesía
El fiscal general Rob Bonta está proponiendo una serie de regulaciones que eliminarían los juegos tipo blackjack y limitarían drásticamente la rotación entre jugadores en las salas de juego en muchas comunidades en California.
A simple vista, estas reglas pueden parecer un asunto técnico. En realidad, amenazan a miles de buenos puestos de trabajo latinos y asiáticos, indirectamente recortan los ingresos vitales de muchas ciudades y deshacen décadas de progreso económico en comunidades de clase trabajadora como en Bell Gardens, Commerce, Hawaiian Gardens y Gardena.
Las salas de juego no son Casinos como los que operan en Las Vegas que atienden a turistas; son empleadores locales regulados que sostienen la economía de sus comunidades. En la ciudad de Hawaiian Gardens, los ingresos fiscales provenientes de las salas de juego representan aproximadamente el 70% del fondo general de la ciudad. Bell Gardens depende de su sala de juego para obtener más de la mitad de su presupuesto, y la ciudad de Commerce también depende de una parte similar. Esos recursos pagan programas extraescolares, reparaciones de calles, patrullaje policial y centros para adultos mayores—servicios esenciales para las familias latinas.
La propuesta del fiscal general podría acabar con hasta el 50% de los empleos en estas salas de juego y los ingresos fiscales que generan. Esto obligaría que las ciudades recorten servicios esenciales o aumentar tarifas a residentes que ya de por sí están luchando con el alto costo de la renta y con la incertidumbre creada por la administración federal. Quitarle fondos fundamentales a ciudades de mayoría latina en nombre de una supuesta “claridad jurídica” no es justo ni equitativo.
Las salas de juego ofrecen empleos con salarios dignos y beneficios de salud a miles de trabajadores: crupieres, guardias de seguridad, cocineros y personal de limpieza. La gran mayoría son latinos y asiáticos, muchos de ellos son los primeros en sus familias en lograr estabilidad económica. Varios son madres o padres solteros. Otros son adultos mayores que salieron de empleos mal pagados. Para ellos, esta propuesta no es un simple ajuste normativo—es una carta de despido.
Nuestros líderes estatales hablan seguido sobre su compromiso con la equidad, la inclusión y la justicia racial. Sin embargo, esta propuesta se redactó sin consultar de manera significativa a las comunidades más afectadas. No se ha realizado ningún estudio transparente del impacto económico, ni se ha consultado seriamente a los propietarios y empleados de las salas de juego, ni a los sindicatos; tampoco se ha elaborado ningún plan para reemplazar la pérdida de ingresos que mantiene a flote a los gobiernos locales.
Las políticas que afectan de forma desproporcionada a comunidades de color—aunque no sea intencional—son, por definición, injustas. Si California de verdad valora a su población latina, debe crear regulaciones con nosotros y no imponerlas.
También nos parece extraño el momento en que se presentan estas regulaciones. El año pasado, la legislatura aprobó el proyecto de ley SB 549, y ahora estos mismos juegos están siendo disputados en tribunales por poderosas tribus de casinos. Las regulaciones no deberían de ser consideradas, ya que un juez va a decidir si estos juegos son legales, como lo requiere el proyecto de ley SB 549.
Los latinos somos casi el 40% de la población de California y el corazón de su fuerza laboral. Ya cargamos con el peso desproporcionado de la pandemia y la inflación y ahora las redadas migratorias. No debemos ser quienes paguemos otro golpe evitable—y mucho menos por parte de un gobierno estatal que dice estar de nuestro lado. Le pedimos al fiscal Bonta que proteja a nuestras comunidades como él dice que lo hace y que no nos ataque con sus regulaciones.
Es por eso que solicitamos al fiscal que suspenda de inmediato estas regulaciones y convoque a un diálogo transparente y de buena fe con las ciudades y trabajadores más afectados. Cualquier otra acción sería una falta de respeto a nuestras comunidades que están sufriendo bajo las acciones federales.
Daniel Ramírez es el presidente de Hawaiian Gardens Little League
