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Exempleada revela cómo es ‘Alligator Alcatraz’, cuál es el salario y por qué la despidieron

Una extrabajadora llamada Lindsey cuenta cómo es realmente 'Alligator Alcatraz', cuánto le pagarían y qué ocurrió tras contraer COVID

'Alligator Alcatraz' se llama así por la combinación de dos elementos: "Alligator" (caimán en inglés), en referencia a su ubicación en la Reserva Nacional Big Cypress, donde abundan los caimanes, y "Alcatraz", por la famosa prisión de la isla de Alcatraz.

'Alligator Alcatraz' se llama así por la combinación de dos elementos: "Alligator" (caimán en inglés), en referencia a su ubicación en la Reserva Nacional Big Cypress, donde abundan los caimanes, y "Alcatraz", por la famosa prisión de la isla de Alcatraz. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

“Es inhumano la forma en que mantienen a sus residentes”. Con esa contundente frase arranca Lindsey, una exempleada del centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades, Florida, y que este jueves recibió una orden de restricción temporal por parte de la jueza federal Kathleen Williams.

En una entrevista concedida a Telemundo 51, Lindsey contó que comenzó a trabajar allí el 6 de julio y duró apenas una semana antes de enfermarse de COVID y tener que aislarse. Su nombre completo no fue revelado por motivos de seguridad, ya que teme por su privacidad y la de su familia.

La experiencia de trabajar en Alligator Alcatraz, asegura, fue todo menos fácil desde el inicio. “Cuando llegué allí, fue abrumador. Pensé que mejoraría. Pero simplemente nunca lo hizo”, expresó.

Lindsey mostró la documentación que prueba su rol como oficial de correcciones para el Estado de Florida y presentó su contrato con GardaWorld Federal Services, una compañía de seguridad privada que opera dentro de la instalación.

Cuál era el salario de Lindsey en Alligator Alcatraz y por qué no le pagaron

Según una oferta de empleo publicada por la misma empresa en LinkedIn, el salario ofrecido para el puesto era de $26 por hora, con una jornada de cinco días de trabajo y dos de descanso.

Lindsey sabía que viviría en un remolque compartido, pero asegura que las condiciones eran precarias. “Teníamos que usar los baños portátiles. No teníamos agua caliente la mitad del tiempo. Nuestros baños estaban atascados”, relató.

La falta de higiene, el uso de baños colapsados y la presencia constante de mosquitos eran parte del día a día. Durante los días de lluvia, el agua se filtraba dentro de las tiendas, lo que hacía el ambiente aún más difícil.

Después de contraer COVID-19 y ausentarse por enfermedad, Lindsey fue despedida. La acusaron de alterar documentos médicos, algo que ella niega rotundamente. “Me despidieron. Y sí, estoy enfadada. Pero más que nada, están haciendo mal”, aseguró.

Además, señaló que nunca recibió pago alguno por los días que trabajó en la instalación. GardaWorld Federal Services no respondió a las preguntas de Telemundo 51 sobre su despido ni a los señalamientos de impago, y remitió a los periodistas a las autoridades estatales, de acuerdo con Lindsey.

Cabe destacar que, según el Departamento de Servicios Financieros de Florida, GardaWorld Federal Services recibió un contrato cercano a los $38 millones para prestar servicios de personal en esta instalación, el cual se ejecutó el 2 de agosto, reseñó la cadena televisiva.

“No hay luz solar, no hay reloj, no se sabe qué día es”

Para los internos, la situación no era mejor. Lindsey afirmó que las tiendas contaban con ocho jaulas grandes, y cada una albergaba entre 35 y 38 personas. Pero en total, cada tienda podía tener cerca de 300 detenidos.

“No tienen luz solar. No hay un reloj allí. Ni siquiera saben qué hora del día es. No tienen acceso a duchas. Se duchan cada dos días o cada cuatro días”, detalló. Añadió que los baños estaban en mal estado por la cantidad de personas que los usaban.

Lindsey también insistió en que no todas las personas detenidas eran criminales. “Estas personas siguen siendo humanas. Los sacaron de su medio de vida. Están asustados. No hablan nuestro idioma”, dijo con énfasis.

Human Rights Watch reveló recientemente que cerca del 72% de las personas bajo custodia de ICE no tienen antecedentes penales, una cifra que refuerza las palabras de Lindsey.

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