Corte bloquea restricciones de la administración de Trump a la Ley de Violencia Contra las Mujeres
Corte impide aplicar las restricciones de fondos federales impuestas por el gobierno de Trump a la Oficina de Violencia contra la Mujer
Defensores de las víctimas de abuso sexual y violencia contra la mujer obtuvieron una victoria judicial. Crédito: Jacquelyn Martin/AP | AP
Una corte federal de Rhode Island emitió una medida cautelar que impide a la administración de Donald Trump aplicar las nuevas restricciones impuestas a las subvenciones de la Oficina de Violencia contra la Mujer (OVW) del Departamento de Justicia.
La orden es un gran alivio para las sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, así como para las coaliciones estatales, los proveedores de servicios y las organizaciones comunitarias que las apoyan.
La orden de la corte bloquea la aplicación de nuevos y peligrosos requisitos que impedían a muchos proveedores de servicios operar legal o eficazmente y recibir subvenciones.
Estas restricciones amenazaban con cortar los recursos vitales para las sobrevivientes, especialmente para aquellas de comunidades marginadas.
Diecisiete coaliciones estatales impugnaron las restricciones en una demanda, argumentando que la administración se había excedido en su autoridad y violado los requisitos legales establecidos por la Ley de Violencia contra la Mujer, al imponer nuevas restricciones a las subvenciones administradas por una oficina del Departamento de Justicia (DOJ) en virtud de la Ley de Violencia contra la Mujer.
Los demandantes están representados por Kristin Bateman y Robin Thurston de Democracy Forward, Jacobson Lawyers Group, Lynette Labinger de la ACLU de Rhode Island, el Centro Nacional de Derecho de la Mujer y Amy Romero del Comité de Abogados de Rhode Island.
El caso es Rhode Island Coalition Against Domestic Violence, et al. vs Bondi, et al., en la Corte federal para el Distrito de Rhode Island.
Cuáles fueron las restricciones impuestas por el gobierno de Trump
Tras asumir el cargo en enero, la administración emitió una serie de órdenes ejecutivas que instruían a los directores de agencias a imponer condiciones a la financiación federal, incluyendo la reducción de las iniciativas que reconocen y respetan a las personas independientemente de su identidad de género.
Entre esos recortes de fondos federales está la propuesta de la administración Trump de recortar en un 29% la financiación del programa OVW en su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2026.
Según las nuevas directrices del Departamento de Justicia, las organizaciones no pueden utilizar fondos federales para proyectos de investigación, promover o facilitar violaciones de la ley federal de inmigración, programas que desalienten la cooperación con las fuerzas del orden ni iniciativas que promuevan la ideología de género.
Las organizaciones también tienen prohibido participar en actividades que presenten la violencia doméstica o la agresión sexual como problemas sistémicos de justicia social en lugar de delitos penales.
Cómo las restricciones de financiamiento federal perjudican a las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual
Las subvenciones se crearon en virtud de la Ley de Control y Aplicación de la Ley de 1994 y la Ley contra la Violencia contra la Mujer para ayudar a las organizaciones que apoyan a las víctimas mediante servicios legales, asistencia para la vivienda y terapia en situaciones de crisis.
Según la demanda, las condiciones adicionales de financiación obligan a las organizaciones a tomar una decisión imposible: renunciar a un apoyo crucial o cumplir con normas que contradicen sus valores y responsabilidades legales.
La coalición de organizaciones que obtuvieron el bloqueo a las restricciones de financiamiento declaró en un comunicado de prensa: “Esta orden es un paso fundamental para proteger a las sobrevivientes y garantizar que las comunidades de todo el país puedan seguir prestando los servicios que el Congreso ordenó. El intento del gobierno de politizar los fondos esenciales que apoyan a las sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual no solo fue ilegal, sino cruel. Seguiremos apoyando a las sobrevivientes en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas”.
Skye Perryman, presidenta y CEO de Democracy Forward, declaró: “Otra vez, nuestros valientes demandantes y nuestro increíble equipo legal se han enfrentado a la administración Trump-Vance y han ganado. La orden es crucial para garantizar que las sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual puedan acceder a los servicios y el apoyo que necesitan”.
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