Apelación en corte de Texas busca que estudiantes migrantes logren pago justo en universidades
La Administración Trump y el gobierno de Texas lograron anular la Ley DREAM, pero la organización MALDEF apela para que un tribunal permita una defensa justa
El fiscal general de Texas, Ken Paxto, ha liderado diversas acciones contra jóvenes migrantes. Credit: AP
Un juez federal en Texas impidió en agosto que estudiantes inmigrantes tuvieran la oportunidad de defender una ley que les permitía pagar la misma matrícula que la mayoría de los estudiantes de las universidades públicas en el estado.
Ahora MALDEF (Fondo Legal y Educativo Mexicano-Americano) presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito en nombre de Students for Affordable Tuition (SAT), la asociación de estudiantes que se verían obligados a pagar una matrícula más alta, debido a su situación migratoria.
Ese recurso legal impugna la sentencia del 15 de agosto del juez federal Reed O’Connor, quien denegó la solicitud de SAT para intervenir en el caso, dejando a los estudiantes en el limbo.
“Negar la intervención alegando que sería inútil —cuando el tribunal no celebró ninguna audiencia ni recibió alegatos sobre la legalidad de derogar la ley de Texas— es una injusticia flagrante”, declaró Thomas A. Saenz, presidente y abogado general de MALDEF. “Si la ley estatal, que estuvo vigente durante casi veinticinco años sin ser impugnada legalmente, fue derogada de forma precipitada y sin un debate adecuado, la decisión es simplemente ridícula”.
En junio pasado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el Departamento de Justicia del gobierno del presidente Donald Trump solicitaran conjuntamente la derogación definitiva de la Ley DREAM de 2001.
Apenas unas horas después de la petición, el juez O’Connor declaró la ley inconstitucional y nula, por lo que la organización de estudiantes presentó una moción en defensa, la cual fue denegada por el juez.
Con la Ley DREAM, los estudiantes de Texas podían acceder a tarifas de matrícula más bajas en las universidades públicas, independientemente de su situación migratoria, siempre que hubieran residido en el estado durante al menos tres años y se hubieran graduado de una escuela secundaria de Texas.
Incluso la ley fue respaldada por los republicanos en el poder en aquel entonces, incluido quien fue gobernador Rick Perry.
Las universidades estatales, mientras no haya una decisión adicional en tribunales, deben seguir la orden de anulación, lo que podría afectar a miles de estudiantes.
En 2022, unos 57,000 estudiantes sin estatus legal estaban matriculados en universidades de Texas, según un informe de la Alianza Presidencial para la Educación Superior y la Inmigración.
Exigen permitir defensa
MALDEF criticó la decisión del juez O’Connor al considerar que los gobiernos federal y estatal utilizaron “una estrategia legal artificiosa para eludir el proceso legal ordinario”, es decir, impedir una notificación adecuada sobre la anulación de la ley y bloquear la defensa.
“Al denegar la solicitud de intervención de SAT, el tribunal decidió tener la última palabra en el caso”, afirmó Fernando Nuñez, abogado de MALDEF. “Con esta apelación, pedimos al Quinto Circuito que haga lo que el tribunal y el juez no hicieron: dar a nuestros clientes la oportunidad de defenderse en los tribunales”.
La organización recordó que también presentó una solicitud de intervención en una demanda del gobierno federal para eliminar las matrículas reducidas que reciben los estudiantes sin estatus migratorio legal en Kentucky.
La Administración Trump y sus aliados republicanos en varios estados, como Texas, buscan atajar oportunidades para inmigrantes indocumentados, incluso aquellos con protecciones como DACA, mientras se aumentan las operaciones de detenciones y deportaciones.
