Violencia contra la Iglesia: Suman 12 sacerdotes asesinados en México durante los últimos años

El asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada en Guerrero reavivó el debate sobre la creciente violencia contra líderes religiosos en México. Con su muerte suman 12 los clérigos asesinados desde 2018, cuando el Partido Morena asumió el poder, incluidos dos durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El cuerpo del padre Bertoldo, párroco de la comunidad de Mezcala, fue hallado este lunes en el municipio de Eduardo Neri, a un costado de la carretera federal México-Acapulco. Había sido reportado como desaparecido dos días antes. La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una investigación por homicidio calificado, mientras la Iglesia exigió el esclarecimiento de los hechos.

El crimen ocurrió en una región marcada por la disputa entre al menos una decena de grupos criminales, incluidos Los Tlacos, Los Ardillos y La Familia Michoacana, que se enfrentan por el control territorial, el tráfico de drogas y, cada vez más, los recursos públicos municipales. En este contexto, ejercer el sacerdocio se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

Un año antes, en octubre de 2024, fue asesinado el padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras celebrar misa en la iglesia de Cuxtitali. El sacerdote tzotzil era conocido por su activismo a favor de los pueblos indígenas y su papel como mediador en conflictos comunitarios. Había denunciado amenazas por parte de grupos armados, lo que lo colocó en una posición vulnerable. Su muerte marcó el primer homicidio de un líder religioso durante el gobierno de Sheinbaum.

Ambos crímenes se suman a una larga lista de agresiones contra miembros de la Iglesia católica en México. De acuerdo con el informe 2024 del Episcopado Mexicano, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024 se documentaron 10 asesinatos de sacerdotes, 26 ataques semanales contra templos, dos desapariciones de más de una década y cerca de 900 amenazas o extorsiones. En total, 12 sacerdotes han sido asesinados desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta el primer año de Sheinbaum, todos bajo administraciones de Morena.

Los casos han generado condena nacional e internacional. Uno de los más emblemáticos fue el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en junio de 2022 en Cerocahui, Chihuahua. Ambos intentaron proteger a un guía de turistas que huía de un sicario y fueron ejecutados dentro del templo. La indignación creció cuando los cuerpos fueron sustraídos del lugar. El presunto responsable, José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, fue encontrado muerto en 2023, sin que se esclareciera completamente la red de complicidades detrás del crimen.

También en 2022, el fraile Juan Antonio Orozco murió en un fuego cruzado entre cárteles en la frontera entre Durango y Zacatecas, mientras que en 2023 el padre Javier García Villafaña fue asesinado a tiros mientras conducía en Michoacán. Ese mismo año, el arzobispo Faustino Armendáriz sobrevivió a un ataque con arma blanca en Durango.

El fenómeno no es nuevo. Desde 1990, el Centro Católico Multimedial ha documentado más de 80 asesinatos de sacerdotes, religiosos y laicos en México, incluidos 60 sacerdotes y un cardenal. Las entidades con mayor número de casos son Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y el Estado de México.

Los recientes crímenes refuerzan el argumento de que el ejercicio del sacerdocio en México implica cada vez mayores riesgos, especialmente en zonas rurales o de alta presencia del crimen organizado. El padre Jorge Atilano González, director del Diálogo Nacional por la Paz, advierte que los grupos criminales han dejado de depender exclusivamente de actividades ilícitas como el narcotráfico y han encontrado en las alcaldías una fuente de financiamiento. “Antes era la marihuana, luego la cocaína y la extorsión. Hoy, los recursos públicos son parte del botín”, dijo.

A pesar de los riesgos, la Iglesia se ha negado a permitir que sus ministros porten armas. “Defender la vida cuesta la vida”, han reiterado líderes religiosos, quienes han pedido protección institucional y justicia en los casos de agresión.

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