Senadores aprueban Ley de Amparo promovida por Sheinbaun; la iniciativa genera polémica
El Senado mexicano aprobó reformas a la Ley de Amparo , pero el polémico artículo retroactivo sigue siendo de criticas y desacuerdos
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE
En una jornada que suscitó debate, el Senado de México aprobó las reformas a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, apenas 24 horas después de haber sido avaladas por la Cámara de Diputados.
El dictamen pasó con 83 votos a favor, de los senadores del bloque oficialista, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por su parte, la oposición, representada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), votó en contra con 38 sufragios.
La reforma fue aprobada tanto en lo general como en lo particular, con 81 votos a favor y 31 en contra, lo que permitió que el dictamen fuera remitido al Ejecutivo Federal para su promulgación. Este paquete de modificaciones tiene como objetivo “fortalecer el juicio de amparo”, según el Senado, buscando consolidarlo como el recurso principal para la defensa de los derechos humanos y como medio de control legal y constitucional en México.
La reforma y su objetivo
El Senado explicó que los cambios buscan perfeccionar el mecanismo del amparo, asegurando una protección más efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a actos de autoridad. Además, se pretende evitar el abuso de los recursos administrativos y judiciales en materia fiscal, que obstaculizan la recaudación de créditos firmes y afectan el interés social y el orden público.
A pesar de la aprobación en general, el proceso no estuvo exento de controversia. La reforma, que comenzó como una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, introdujo modificaciones menores a los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, así como ajustes en los artículos transitorios del proyecto. Sin embargo, algunos senadores de la oposición han señalado que los cambios no responden a las necesidades de justicia que el país demanda.
Polémica por el artículo retroactivo
Uno de los puntos más polémicos de la reforma fue la inclusión del artículo tercero transitorio, que se refería a la retroactividad de las modificaciones. A pesar de que la presidenta Sheinbaum solicitó la eliminación de este artículo durante las discusiones previas, la Cámara de Diputados insistió en su inclusión. Durante el debate, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, advirtió sobre las implicaciones negativas de este artículo, al considerar que podría generar inseguridad jurídica y contradicciones en la aplicación de la ley.
Barrales criticó que, aunque el Ejecutivo había expresado su interés en eliminar este artículo, la insistencia en su aprobación reflejaba una falta de consenso y un paso atrás en la protección de los derechos de los ciudadanos. Según algunos expertos, la retroactividad de las reformas podría generar confusión en su implementación y afectar negativamente a las personas que ya han iniciado trámites o litigios bajo las normativas previas.
Un paso más en la reforma al sistema judicial
Este conjunto de reformas no es el primer intento del gobierno federal por modernizar el sistema judicial mexicano. El juicio de amparo, uno de los mecanismos más importantes para la defensa de los derechos humanos en México, ha sido objeto de constantes revisiones y reformas, con el objetivo de hacerlo más accesible y efectivo. Sin embargo, la resistencia de algunos sectores políticos, como lo demuestra la oposición al artículo retroactivo, muestra que el camino hacia una reforma judicial completa aún enfrenta obstáculos significativos.
Próximos pasos
Ahora que la reforma ha sido aprobada, el Ejecutivo Federal tiene la responsabilidad de promulgar el decreto, lo que permitirá que las modificaciones entren en vigor. A medida que se implemente, se espera que el debate sobre su impacto continúe, especialmente en cuanto a su relación con el derecho a la defensa efectiva y la justicia fiscal.tra
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