Víctimas de trata humana y violencia doméstica demandan a ICE

La política de ICE que deporta a titulares de visas U, T y de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) fue impugnada a través de una demanda federal que presentó una coalición de organizaciones legales y sobrevivientes de violencia doméstica y trata de personas.

El desafío legal titulado Immigration Center for Women and Children v. Noem (Centro de Inmigración para Mujeres y Niños v. Noem), es encabezado por abogados del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CHRCL), Public Counsel, La Raza Centro Legal (LRCL) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

La demanda colectiva fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, a nombre de inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica, la trata de personas y otros delitos graves.

En la querella se objeta “una política deshumanizante, injusta e ilegal” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, emitida a principios de 2025, y que, por primera vez en décadas, permite el encarcelamiento y la deportación generalizada de inmigrantes sobrevivientes de trata humana y violencia doméstica.

“Esta política viola las mismas protecciones legales, elaboradas por el Congreso y aprobadas con apoyo bipartidista, diseñadas para proteger a adultos y niños vulnerables de cualquier daño”, dijo Sergio Pérez, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional.

Pérez, criticó al gobierno federal por violar las protecciones legales y atacar a estas personas como parte de una campaña de deportación que calificó como xenófoba y racista.

El abogado compartió una conexión personal con el tema y relató la experiencia de sus padres quienes fueron víctimas de trata, y estuvieron retenidos en contra de su voluntad en Estados Unidos.

“Mis padres llegaron a este país como inmigrantes indocumentados siendo adolescentes”, declaró. “Uno de ellos fue traficado a Estados Unidos desde México, y pagó para llegar aquí. Pero en lugar de encontrar una nueva vida, mi padre se encontró en un garaje oscuro, caluroso y lleno de gente en Van Nuys, California”. Allí permaneció un mes completo hasta que sus abuelos reunieron el dinero que pedían los captores para liberarlo.

Cuando ocurrió el incidente, en Estados Unidos los inmigrantes sobrevivientes no contaban con las protecciones legales que la administración Trump ha violado.

Desde 1994, la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) ha sido reautoriza en múltiples ocasiones. Financia programas destinados a erradicar la violencia doméstica, la agresión sexual y el acoso, y ofrece protección legal a las víctimas. Entre sus disposiciones clave se incluyen la posibilidad de que las víctimas soliciten por sí mismas su estatus migratorio legal, a través de la obtención de la visa U, y protección en los programas federales de vivienda.

Estados Unidos dispone de 10,000 visas U anualmente, aunque el proceso de espera para obtener una puede durar hasta 18 años.

Mientras tanto, la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas (TVPA) de 2000 y sus reautorizaciones crearon un marco integral para la prevención, el enjuiciamiento y la protección de las víctimas. Leyes federales clave también mejoran la protección de las víctimas infantiles y ofrecen ayudas migratorias como visas T para las víctimas.

Si bien la visa T tiene un límite de 5,000 al año, el número anual de visas emitidas ha sido significativamente menor, con un promedio de entre 1,500 y 2,000 en los últimos años. En el año fiscal 2024, se registró un número récord de aprobaciones, alcanzando las 2,660 tan solo en el tercer trimestre.

La demanda en Los Ángeles involucra a varios abogados e incluye testimonios de sobrevivientes, quienes no pudieron acudir a la rueda de prensa por motivos de seguridad.

Dos prácticas ilegales

El reclamo legal también impugna dos prácticas ilegales y continuas que la política de 2025 puso en marcha con un impacto devastador:  ICE encarcela y deporta rutinariamente a inmigrantes sobrevivientes a quienes se les ha otorgado formalmente el derecho a permanecer en Estados Unidos.

Además, ICE deporta regularmente a sobrevivientes de trata y otros delitos graves sin realizar la revisión legal requerida para determinar si son elegibles para las protecciones que el Congreso creó específicamente para protegerlos de la deportación.

Dichas prácticas ilegales del gobierno están perjudicando a sobrevivientes vulnerables como Yessenia Ruano, quien llegó desde El Salvador a Estados Unidos en busca de seguridad en 2011.

La abogada Erika Cervantes, del Centro de Derechos Humanos y Constitucionales habló en nombre de Yesennia, y dijo que, cumpliendo con la ley, solicitó una visa T, que protege a sobrevivientes de delitos relacionados con la trata de personas. Pero en lugar de protección, fue maltratada y obligada a regresar a su país de origen con sus hijos, ciudadanos estadounidenses.

“En el primer registro, los agentes me dijeron que me deportarían. Dijeron que, si no iba por mi cuenta, me buscarían y me encontrarían, y que me separarían de mis hijas, me detendrían y me deportarían… Estaba angustiada, porque tampoco podía soportar que me separaran de mis hijas y me encarcelaran”, fue la declaración leída de Yessenia

La abogada Cervantes agradeció el valor de los denunciantes y a los grupos legales por impulsar el litigio y denunciar el acoso sistemático a los inmigrantes.

“Imaginen ser una inmigrante que ha tenido que sobrevivir al abuso sexual, la violencia doméstica o ser forzada a la servidumbre. Imaginen eso y luego encontrar el coraje para salir de las sombras y denunciar su trauma, porque el gobierno las alentó a hacerlo al prometerles protección contra arrestos basados ​​en su estatus migratorio, protección contra la detención y la deportación”, declaró.

Enfatizó que este año, el gobierno federal ha vuelto a incumplir su promesa de proteger a los inmigrantes sobrevivientes de delitos y trata.

“El continuo ataque de esta administración contra nuestras comunidades inmigrantes da luz verde al encarcelamiento masivo y la expulsión de inmigrantes sobrevivientes sin respetar el debido proceso, su trauma y sus conexiones con este país”, subrayó. “Este es un ataque frontal a los derechos humanos”.

Otra demandante, Kenia Jackie Merlos, residente de Portland, Oregón, huyó a Estados Unidos hace décadas después del asesinato de dos familiares cercanos.

La madre hondureña crio a sus cuatro hijos, -Carlos, David, Abby y Jeffrey, ciudadanos estadounidenses-, e inició un negocio familiar. Tras ser retenida a punta de pistola y denunciar a su agresor, solicitó una visa U y se le concedió permiso para permanecer en Estados Unidos. En violación de la ley, el ICE la ha encarcelado durante meses en un centro de detención de Tacoma, Washington.

 Jackie compartió: “Me sentí segura aquí. Nunca imaginé que tan solo unos años después, agentes de inmigración me arrestarían mientras estaba en un parque con mi familia. Aunque nunca he cometido ningún delito, me llevaron a mí y a mis cuatro hijos a una prisión de inmigración”.

La mujer dio a conocer que, mientras un agente de inmigración los procesaba, sus hijos sollozaban.

“[El agente] nos dijo: ‘¿Saben por qué están aquí? Porque son criminales”.

“Mucha gente tiene miedo de hablar. No me voy a quedar callada. No soy una criminal”, afirmó.

Temor a la maquinaria de deportación

Rebecca Brown, abogada supervisora ​​del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, señaló que el Congreso creó protecciones para garantizar seguridad y reafirmar que, en Estados Unidos, todas las personas tienen derecho a acceder al sistema de justicia penal.

“Ahora, debido a las acciones ilegales de este gobierno, los inmigrantes no denuncian delitos violentos, como violencia doméstica, violación, trata de personas y agresión, por temor a ser entregados a la maquinaria de deportación”, declaró. “Peor aún, los sobrevivientes son separados de sus familias y, en algunos casos, devueltos directamente a sus abusadores”.

Por su parte, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), consideró esencial la demanda “para proteger a las poblaciones particularmente vulnerables de la brutal y cruel maquinaria de deportación desatada por este gobierno”.

“En flagrante violación de la decencia común y de las leyes aprobadas por los representantes del pueblo estadounidense en el Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional pretende detener a las víctimas de trata, delitos y sobrevivientes de violencia doméstica, además de negarles el derecho a trabajar legalmente para mantener a sus familias”, manifestó.