“Nos amenazan con ICE para no pagarnos”

Es temprano por la mañana José, un jornalero que prefirió no revelar su nombre completo por motivos de seguridad, espera afuera de una tienda Home Depot en el condado de Orange para ser contratado. Mientras comparte un café y pan con un grupo de defensa que patrulla el estacionamiento de la tienda, cuenta que en los últimos meses no ha sido nada fácil salir a buscar trabajo.    

Relata que en las últimas dos semanas los intentos de hacer una redada en Home Depot, donde él suele pedir trabajo, han aumentado.   

“Las redadas sí nos han afectado porque tenemos miedo de venir aquí y exponernos, esperando que alguien nos contrate para trabajar; ya se han llevado a varios compañeros”, dijo José. “Y luego no solo es estar siempre en alerta, sino que, a veces, si nos contratan, nos amenazan con ICE para no pagarnos”.  

De acuerdo con los centros laborales y los jornaleros de Los Ángeles, el condado de Orange y el Inland Empire con quienes hablamos, las denuncias por amenazas de represalias relacionadas con La Migra han aumentado desde que comenzaron las redadas en junio de 2025.  

Uno de los casos más comunes es que contratan a los jornaleros, pero los amenazan con denunciarlos ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), sobre todo si los trabajadores presentan quejas relacionadas a las condiciones laborales o el robo de salarios.   

“Sin duda ha aumentado desde que Trump llegó; empleadores utilizan ese miedo para abusar de estos jornaleros y obligarlos a aceptar malas condiciones laborales, salarios bajos o incluso no pagarles nada”, dijo Alexis Teodoro, director del Centro de Oportunidad Económica, en Pomona. “Ahorita estoy representando a dos jornaleros a quienes amenazaron con llamar a ICE si seguían ejerciendo su derecho a reclamar los salarios que ya habían trabajado y que se les debían”.   

José es uno de 10 jornaleros con quienes La Opinión habló personalmente en el condado de Orange que reportaron haber sido amenazados por parte de sus empleadores de llamar a ICE en los últimos meses. Y, por lo tanto, no recibieron un pago por el trabajo que realizaron, trabajos que, como en el caso de José, tardaron más de una semana en completarse, trabajando ocho o más horas diarias.   

“Hay gente que nos contrata y nos trata bien, y otros son el mismo diablo”, dijo José. “Gracias a Dios no me ha pasado mucho, pero cuando pasa sí duele, porque de esto vivimos y, de por sí, apenas hay trabajo”.  

Su compañero Manuel, quien también prefiere no compartir su nombre por razones de seguridad, dijo que él fue contratado el año pasado por un señor que no le pagó.   

“Vino un señor que necesitaba hacer unas reparaciones en una casa en Costa Mesa y yo accedí a ir como por una semana; estuve trabajando y después no me pagó nada. Cuando le exigí que me pagara, tomó su celular y me amenazó con llamar a ICE”, recuerda Manuel. “No es nada nuevo que nos estafen porque ese tipo de personas no lo hace una vez; lo hace constantemente, aprovechándose de nosotros, pero algún día pagarán por lo que están haciendo”.   

José y Manuel no han reportado sus casos a la Oficina del Comisionado Laboral de California, principalmente porque dicen que temen que no les van a creer, ya que no tienen ningún contrato ni documentación de lo sucedido ni del trabajo que realizaron. Los dos, al igual que otros jornaleros, enfrentan una doble amenaza durante las redadas: ser detenidos o amenazados con ICE, o incluso ser físicamente agredidos, por empleadores. 

Teodoro dice que los centros de oportunidad económica, como el de ellos en Pomona, no están a salvo de las redadas.    

“Por desgracia, no solo los empleadores han amenazado a nuestros miembros con la Inmigración tanto en el centro como en los almacenes, sino que los agentes de inmigración han tomado medidas contra nuestro centro en múltiples ocasiones”, explica Teodoro. “Se han llevado a cabo más de 80 operaciones de inmigración fuera de las tiendas Home Depot en Pomona, Riverside y San Bernardino. Por lo que también hemos observado una disminución en el número de jornaleros que buscan trabajo”.   

El director cuenta que cualquier cosa puede llevar a un empleador a no querer pagarle a un jornalero. Uno de ellos es cuando los empleadores consideran que la persona no cumplió con sus exigencias o estándares, o cualquier otra cosa que pueda molestarles, pueden insinuar una posible reducción salarial, la suspensión del pago o amenazas de llamar a las autoridades migratorias para evitar represalias por parte del trabajador.   

“Los jornaleros se ven directamente afectados por las redadas. No solo hay poco trabajo, sino que muchos denuncian robos salariales y amenazas de llamar a Inmigración”, dice Teodoro. “Y no cumplen los requisitos para acceder a la mayoría de las redes de seguridad social del Estado, por lo que se ven atrapados en este ciclo de pobreza que se ha agravado aún más bajo la administración de Trump”.   

La primera amenaza que el centro de Pomona recibió amenazas fue de un posible empleador que se molestó porque un jornalero no aceptó su propuesta de trabajo. Teodoro revela cómo el empleador llamó al centro para contratar a un jornalero para tapar un agujero en la pared.    

“No le gustó el presupuesto que le había dado el jornalero y el jornalero acabó rechazando el trabajo porque la persona no quería pagarle lo que pedía”, relata Teodoro. “Se enfadó y me amenazó, diciendo que iba a llamar a ICE para denunciar a nuestro centro de trabajadores. Lo hizo por mensajes de texto, así que denuncié el hecho ante la oficina del Comisionado Laboral de California”.  

En otro caso que Teodoro está asistiendo es el de un jornalero de Home Depot de Pomona que acudió al centro para denunciar su experiencia con un empleador.   

“Nos dijo que el empleador lo hizo trabajar durante unos meses y luego lo despidió y solo le pagó una semana de trabajo”, explica Teodoro, quien prefiero no revelar los nombres de los jornaleros en lo que se investigan sus casos. “Decidimos presentar una reclamación salarial y, tras hacerle algunas preguntas más, el jornalero dijo que esta persona lo había amenazado con denunciarlo ante Inmigración porque seguía contactándolo para que le pagara”.   

“Le dijo que, si seguía llamando para que le pagaran, llamaría a ICE y lo amenazó con agredirlo físicamente, lo que asustó al jornalero”, agregó.   

Cuando le preguntamos cuáles son algunas de las soluciones que se pueden implementar para ayudar a los jornaleros, Teodoro dijo que hay varias cosas que se pueden hacer a nivel estatal y local.  

Para empezar, dice que en este momento la Oficina del Comisionado Laboral tarda mucho en tramitar las reclamaciones salariales y le encantaría que se creara un grupo de trabajo especial que se centrara únicamente en las reclamaciones presentadas por los jornaleros y los centros.   

“En mi opinión, la tasa de robo de salarios a la que se enfrentan los jornaleros es más alta que la de otros trabajadores, ya que ocurre casi cada semana”, dijo el organizador. “Solo en la última semana, cinco trabajadores denunciaron robos de salarios”.  

En cuanto a José, de 35 años, quien sigue asistiendo a Home Depot en busca de oportunidades laborales, dice que, gracias a grupos de defensa como Lucha Santa Ana, no salen con tanto miedo porque saben que los voluntarios los respaldan. Ya ha vivido varias ocasiones en las que el grupo de defensa ha podido ahuyentar a Inmigración sin que nadie fuera detenido. Él dice que ahorita trabaja como jornalero para sobrevivir, pero espera que mejoren las cosas porque le gustaría estudiar algún día.  

“Aquí es un lugar donde se viene a buscar trabajo, no se viene a hacer nada malo, solo venimos a superarnos y sostener a nuestras familias”, afirma José. “Aunque nunca entenderé por qué nos tratan así, no tenemos otra opción más que aguantarnos y esperar que no nos toque un jefe abusador”.  

Nota producida bajo el programa California Local News Fellowship de la universidad de Berkeley.