Así piensa Trump ganar las elecciones de noviembre: 15 órdenes, trucos, conspiraciones y mentiras

Cada día, en el bombardeo de noticias al que nos quiere acostumbrar esta administración, llama la atención el rápido desarrollo de medios con los que el presidente Donald Trump trata de interferir en los comicios nacionales del 3 de noviembre  para prevenir que los votantes les den a los demócratas el control de la Cámara de Representantes y del Senado. 

Es difícil exagerar la importancia de estos comicios. Para los opositores del Presidente, es una oportunidad única e irrepetible para detener el caos nacional que estamos viviendo en estos días. 

Ese día se renovarán las legislaturas estatales; generalmente, la totalidad de sus Cámaras Bajas y la tercera parte de las Altas (Nebraska es el único estado con una sola Cámara Legislativa).  

En todo el país estarán sometidos a decisión del votante alrededor de un centenar de cargos entre gobernador, secretario de estado y procurador general. Hago hincapié en estos puestos, porque estos serán los funcionarios encargados de administrar las elecciones de 2028, cuando el país elegirá un nuevo Presidente. Trump los quiere de su lado. 

Que veamos múltiples signos ominosos tiene sentido. Ya ha sucedido, y cuando Trump no tenía en sus manos el poder del estado. Ahora lo tiene y lo usa y lo usará. Pero lo siguiente no son deducciones ni análisis de probabilidades, sino confirmación de hechos, de planes que ya están en movimiento. 

Como sabemos, ya en 2020 Trump clamó falsamente que su derrota electoral no era tal, que millones de votantes  fraude y se negó hasta el último momento a entregar las riendas del poder al ganador, Joe Biden, lo que culminó con el ataque e intento de golpe de estado del 6 de enero de 2021.

Incluso tras su victoria aplastante de 2024, que incluyó los ocho estados clave contra los pronósticos, Trump afirmó sin evidencia que millones de votos demócratas pertenecían a inmigrantes indocumentados o a personas ya fallecidas.

¿Qué hará ahora?

La regla es fácil de recordar: si Trump pierde, dirá que es por fraude y se negará a reconocer. Si gana, también dirá que hubo fraude y que su victoria debería ser total.

Históricamente, se trata de un intento de federalizar las elecciones en Estados Unidos para verter los votos a su favor. Que no merezca los resultados le importa poco. Cuando la ganadora del Premio Nóbel de la Paz le obsequió la medalla, él lo consideró normal y se proclamó ganador de la misma. Los medios no importan. La verdad, menos. 

El sanbenito: envío de tropas federales

De todas las alternativas a su alcance, la más dramática y probablemente violenta es el emplazamiento de tropas – empezando por las unidades de ICE que ya pululan en ciudades con alto índice de inmigrantes, siguiendo por batallones enteros de la Guardia Nacional de estados controlados por republicanos, que serían emplazados en estados demócratas, y del ejército o directamente los Infantes de Marina. La violencia que estas unidades están desatando en Minneapolis son un indicio de lo que viene. 

Con cada día que pasa hay a la simple vista señales de que esta invasión de estados con mayoría demócrata ya ha iniciado, que desde el gobierno estudian las situaciones y mueven las fichas para causar más caos, más drama y más enfrentamientos. Porque el caos es su aliado. El otro día los agentes de ICE se llevaron preso a un niño de cinco años, y el Vicepresidente lo justificó. El otro día mataron a tiros a un hombre que ya estaba reducido y en el suelo, y discuten si fueron siete o diez balas y sí, justifican esta barbarie. 

De todo este panorama no es difícil deducir que el 3 de noviembre podríamos ver que las redadas de ICE llegan a los centros de votación.  Si así fuese, sería una extensión de los operativos paramilitares de ICE bajo la motivación de cazar indocumentados. 

Si se presentan ahora, encapuchados, anónimos, armados y violentos, en hospitales, escuelas, centros administrativos e incluso juzgados de inmigración, ¿por qué no es posible que en noviembre – o antes – estén allí, en los centros de votación, revisando papeles, deteniendo supuestos sospechosos y controlando el proceso?

Apropiación de los registros electorales

La otra opción dramática es que el gobierno federal se apodere de los registros electorales – o de las máquinas de votación – arrebatándolos de manos de los estados y determine él solo los resultados de las votaciones. Algunos afirman que en 2020 Trump quería hacerlo, pero las voces más sensatas dentro de su equipo lo disuadieron. Esos cuerdos hace tiempo que abandonaron el barco de MAGA. Este sigue siendo un escenario de pesadilla que no deberíamos desdeñar. 

Es posible que el gobierno emita la orden si perfila una derrota decisiva del Partido Republicano en noviembre. La excusa sería que las elecciones fueron amañadas y fraudulentas y esos resultados sean declarados nulos. Se citaría informes de fraude electoral, respaldados por su Departamento de Justicia, para justificar esta acción.

Si ello sucede, será muy poco tiempo después del cierre de urnas: el suficiente para que las grandes cadenas emitan los resultados preliminares. Si Trump llegara a poseer los documentos, las impugnaciones caerían en manos del gobierno federal, no de los estados, no de sus comisiones electorales ni de sus legislaturas y menos de nuestro debilitado Congreso. 

Qué hará con lo incautado

Dada la conducta del Departamento de Justicia hasta la fecha, no se puede descartar la manipulación o la pérdida de pruebas. No en vano en este día un juez federal ordenó al gobierno preservar las evidencias en casos de violencia. Por algo será. 

En este escenario de pesadilla que deberíamos tener en cuenta, alimentan las narrativas de fraude y genera desconfianza en el sistema electoral.  

Cambiar como se vota

Las elecciones las organizan los estados y solo ellos, a través de sus secretarios de Estado o sus Legislaturas, determinan los procedimientos de registro, así como cuestiones tales como la votación anticipada, el voto por correo, los requisitos de identificación. Son ellos y solo ellos quienes establecen y financian los centros de votación y colocación de urnas y entrenan a los que poblarán las mesas electorales.

La Constitución concede al Congreso una función importante. El artículo 1, sección 4, cláusula 1 establece: “Los tiempos, lugares y la forma de celebrar las elecciones para senadores y representantes serán determinados en cada estado por su respectiva legislatura; pero el Congreso podrá, en cualquier momento, mediante ley, establecer o modificar dichas regulaciones, excepto en lo que respecta a los lugares de elección de los senadores”.

¿Quién más?

Los funcionarios electorales condales o municipales están a cargo de implementar las leyes estatales y administrar los comicios tal como se los ordenan sus legislaturas estatales. 

Finalmente, los jueces deciden casos de controversia interpretando las leyes del Congreso y la Constitución.

¿Quién más? Nadie. Pero ¿y el Presidente? El Presidente, nada. Está fuera del proceso. 

A continuación, una lista parcial de las principales maneras adicionales con que Trump podría intentar arrebatar los comicios contra la voluntad de los votantes. En algunos casos, las medidas ya están en vigor. Juntas, echan por la borda la participación cívica de millones de ciudadanos y podría asegurar la continuidad en el poder del actual Presidente. No son especulaciones. 

Purga de votantes

De por sí, la purga de votantes es un proceso necesario para limpiar las listas de registros desactualizados y quitar los nombres de quienes no pueden votar. 

Pero según el Centro Brennan, las purgas de votantes se transformaron a partir de 2016 en un instrumento más para la manipulación de los resultados electorales. La Comisión de Asistencia Electoral dice que entre 2020 y 2022 se eliminaron 19 millones de votantes, 21% más que entre 2014 y 2016. Pero esa misma lista ya era de por sí 33% menor que la correspondiente al  periplo entre 2006 y 2008. 

Un elemento en este aumento de purgas es la intensidad con que organizaciones conservadoras han presentado apelaciones a la presencia de millones de nombres hallados en los registros, para llevar a su eliminación y así prevenir que voten. 

En muchos estados las leyes permiten a organizaciones el acceso a las listas de votantes y cuestionar la elegibilidad de otros votantes. Para ello, cruzan los datos en las listas de votantes con bases de datos como el de impuestos a la propiedad o de cambio de dirección. 

Estas organizaciones son, por ejemplo, Election Integrity Network (EIN); True the Vote, o Judicial Watch, entre otras. Su labor repercute en la purga de votantes de minorías étnicas y gente de bajos recursos. Ahora, sin embargo, su actividad ha sido apropiada por el gobierno federal, que tiene muchos más recursos a su alcance y muchos menos reparos legales. 

Incautar las listas de votantes de los estados

Efectivamente, a partir de una orden ejecutiva emitida en agosto pasado por Trump, los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional comenzaron a examinar las bases federales de datos de inmigración con el objeto de depurar de las mismas… a quien ellos quieran depurar para no perder las elecciones. 

Para ello, inicialmente solicitaron los datos de 19 estados: envíenos los registros de voto estatales. La excusa fue investigar supuestos casos de fraude electoral; el objetivo, “limpiar” las listas de votación de demócratas, de inmigrantes que son ciudadanos, de opositores. Se trata en última instancia de intimidar a los votantes para que sientan que están bajo el ojo del Gran Hermano. No lo ocultan. Es visible.

La ofensiva para obtener estos registros – lo que decenas de estados calificaron de ilegal y a lo que se negaron, se extiende ahora a 44 estados y Washington D.C. Los federales piden información personal y sensible: la identidad de los participantes, incluyendo el número de su licencia de conducir, la fecha de nacimiento, lugar de residencia y las cuatro últimas cifras del número de seguro social. Le agregan datos del registro de población y de récords económicos. 

Según el Centro de Justicia Brennen, hasta ahora han cumplido la solicitud federal ocho estados de los 27 que están gobernados por republicanos y dos más anunciaron que lo harán  en breve. La mayoría del resto directamente se negaron a acatar la disposición. En consecuencia, el gobierno federal ha demandado en corte a 20 estados. En junio, una jueza federal declaró partes de la orden ilegal. Pero no toda. 

La insistencia de Trump en recibir las listas está detrás de sus órdenes de retener la ayuda federal – que le corresponde a cada gobierno por ley – a los estados que se nieguen. Y también es parte de su feroz invasión de Minneapolis, Minnesota. 

La órden ejecutiva que dispone este ataque a los derechos de los estados retiene los fondos federales electorales destinados a organizar los comicios a los estados que no estén dispuestos a cumplir. Pero los fondos federales electorales son exiguos. Por ejemplo, la ley HR 1968 que pretende financiar los gastos electorales, distribuye la friolera de 16 millones de dólares entre los 50 estados. 

Intimidación y desconfianza

Como método de supresión del voto, los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional buscan generar desconfianza en nuestros sistemas electorales, disuadir a la gente de registrarse para votar y, así reducir la participación electoral.

Una vez en poder de estas listas provistas, ¿qué harán con los nombres? El gobierno federal ya tiene un sistema de cooperación entre el Departamento de Justicia y el de Seguridad Interna, para encontrar inmigrantes indocumentados o que se naturalizaron fraudulentamente, en las listas, con el fin de deportarlos. 

Ahora, la están ampliando con simples ciudadanos. Se trata de la lista SAVE: Verificación sistemática de extranjeros para la obtención de beneficios o Systematic Alien Verification for Entitlements, en la que hasta mediados de enero figuraban 49.5 millones de personas en el país. 

El sistema ha existido por varios años, pero no fue formulado para el tipo de uso que le quiere dar el gobierno. Ahora la administración quiere ampliar el programa para que contenga el total del registro de votantes. Para ello, ha contribuido a la lista nombres tomados de los registros de Social Security, que hasta ahora mantenían su independencia. 

Hay un problema que estas listas no superan: hasta el 35% de los casos marcados por el sistema son ciudadanos recientemente naturalizados y aún no registrados en las bases de datos que alimentan la lista nacional.  

Según informó el 14 de enero el New York Times, de los 49.5 millones el gobierno derivó 10,000 para investigación adicional por parte de la agencia Homeland Security Investigations, un 0.01% del total, algo que puede desmentir el alegato de Trump de fraude electoral masivo de inmigrantes si a Trump le interesasen los resultados y los números. 

Así, por ejemplo en el estado de Luisiana, de tres millones de votantes registrados el sistema marcó 403 que no eran ciudadanos, el 0.01%, de los cuales 83 supuestamente ya habían votado. 

Aparecer en la lista puede significar que la persona se registró, pero no dice si votó o no. 

Prevenir que ciudadanos voten si reciben ayuda del gobierno

Otra orden ejecutiva de Trump, independientemente de su legalidad, determinó que los gobiernos estatales “evalúen” la ciudadanía de las personas que reciben asistencia pública antes de proporcionar un formulario de registro de votantes a quienes lo soliciten, lo cual es un derecho incondicional. La jueza federal, Denise Casper de Massachusetts, bloqueó este inciso. 

Muéstrame tus papeles

El 25 de marzo pasado, Trump firmó la orden ejecutiva “Preservar y proteger la integridad de las elecciones estadounidenses”. En ella establecía entre otras medidas que limitarían el derecho al voto, un requerimiento de evidencia de ciudadanía y una reforma en los estándares de las máquinas de votar. Sobresale la regla de “muéstrame tus papeles”, condicionando la registración del votante con la presentación de un pasaporte o documento similar. No pasó la prueba judicial. 

En agosto, Trump insistió: publicó en su medio social privado Truth un texto largo, convoluto y complicado, aseverando que “voy a liderar un movimiento para eliminar el voto por correo”.

“LAS ELECCIONES NUNCA PUEDEN SER HONESTAS CON LAS BOLETAS/VOTACIONES POR CORREO, y todos, EN PARTICULAR LOS DEMÓCRATAS, LO SABEN”, escribió el Presidente de Estados Unidos.

“Vamos a empezar con una orden ejecutiva que está siendo redactada en este momento por los mejores abogados del país para poner fin al voto por correo, porque es un sistema corrupto” dijo en esos días en una conferencia de prensa. 

La orden no duró mucho: 24 horas después, un portavoz de la Casa Blanca se desdijo en nombre de Trump, reconociendo que cualquier cambio debería venir del Congreso.

Sin embargo, en septiembre pasado, el mandatario anunció una vez más en sus medios sociales que firmaría una orden ejecutiva para cancelar el voto por correo. Su ofensiva sigue. 

Reprimir el voto por correo

Contrariamente a lo que dice el Presidente, el voto por correo existe en 33 naciones para todos los votantes y de manera parcial en 21 países adicionales, según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA.int). 

La oposición de Trump al voto por correo emana de que quienes utilizan esta modalidad votan  más por los demócratas que por los republicanos. De los más de 88 millones de estadounidenses que requirieron una boleta de voto por correo en las últimas elecciones nacionales, 44% estaban registrados como demócratas y 29% como republicanos.

En cuanto al voto de no ciudadanos, que Trump dibuja como decisivo, planificado y abrumadoramente demócrata, de por sí ya es ilegal. Quien vote sin tener el derecho de hacerlo sufrirá duras sanciones legales, incluyendo prisión y pérdida de la residencia. 

A lo largo de la historia estadounidense, repetidas auditorías e investigaciones han demostrado que este fenómeno es extremadamente raro. La verdad es que son poquísimos casos. 

Un análisis de mil millones de votos entre 1980 y 2024 arroja entre 70 y 85 casos de fraude electoral demostrado. Un porcentaje molecular. Y los autores del análisis son la Fundación Heritage, institución conservadora si las hay. 

Inhabilitar votos tardíos

En 18 estados, el distrito de Columbia (Washington D.C.), Puerto Rico y las Islas Vírgenes (los residentes de estos dos últimos no pueden votar por Presidente, a menos que se muden a alguno de los 50 estados, pero sí votan en las primarias y eligen un delegado al Congreso), se consideran válidos los votos por correo que llegan al centro de recolección después de que termine el día de las elecciones – los límites son de cinco o de 10 días a condición de que el sello postal muestra que fueron enviados antes del fin de la fecha electoral.

NCSL, la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, proporciona una detallada lista de los reglamentos en los diferentes estados y los cambios que preparan para las próximas elecciones. Está en ncsl.org. 

Una orden ejecutiva de Trump había dispuesto que esos votos no se contarían – un intento adicional de reducir el caudal de los votantes – lo cual fue inhabilitado por los jueces. Este es el documento judicial.

Reemplazar las máquinas de votar electrónicas por urnas de papel

En el mismo “Truth” en su sitio social de agosto pasado, Trump había agregado otro de sus planes: eliminar las máquinas de votar. Estos portentos agilizan enormemente el ciclo de votación y hacen su conteo casi instantáneo. Conservan los resultados de manera exacta. Sin embargo, Trump insiste en volver a las urnas llenas de boletas de papel. 

Las máquinas de votación son seguras; los tribunales lo reafirmaron y hasta voceros mediáticos de Trump como Fox News y NewsMax debieron reconocerlo. Pero Trump incluye esta exigencia en otra orden ejecutiva donde incluye la renovación de los criterios de certificación federal de las elecciones, todo lo que podría obligar a una veintena de estados a disponer de las máquinas existentes, a un costo de millones de dólares. 

Rediseñar los distritos electorales

El término que llevaba hasta ahora connotaciones negativas, de arreglos y negociaciones detrás de las bambalinas, es gerrymandering. Alude a Elbridge Gerry, un gobernador (luego vicepresidente) que en 1812 fue el primero en usar la práctica: diseñar distritos electorales tan absurdos, donde el propósito de ganarlo a toda costa y cambiar para ello la constitución de sus votantes, que el nuevo mapa parece una salamandra. De esa combinación devino el nombre. 

Y es esto lo que a rajatablas Donald Trump ordenó a legislaturas de mayoría republicana  establecer: cambiar los distritos electorales de manera tal que se aseguren una victoria en los comicios de noviembre. 

Claro, los distritos electorales cambian y se vuelven a diseñar sus mapas cada diez años, como resultado de los censos de población federales. Ese diseño, por ley, por costumbre, por decencia, debe tener una lógica o por lo menos, no llamar la atención por la falta de la misma. 

Pero Trump forzó una redistribución de distritos electorales a mitad de década, sin otro motivo que tergiversar la voluntad del votante. El truco (en distintas épocas lo han usado ambos partidos) consistió en agrupar a los votantes demócratas de manera tal que no tengan mayoría en los distritos, aunque se acerquen. 

Esta vez, comenzó la práctica Texas. El cambio otorgó – en el papel, porque las elecciones todavía no se han celebrado y les puede salir mal el gambito – a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes, lo suficiente como para mantener la mayoría republicana a nivel nacional. 

Pero California hizo lo mismo. Para obtener cinco distritos electorales con mayoría de votantes demócratas debió cambiar una ley que creaba comités de división de distritos independientes y no partidistas. Y como la ley había sido establecida en votación popular como una enmienda a la constitución estatal, se requirió otra votación popular para volver a enmendar la constitución. 

Se hizo en virtud de la Proposición 50, que contempla el regreso a las prácticas antidemocráticas que antes pululaban en nuestro estado como en cualquier otro, pero solo por diez años.

La Proposición 50 – la Ley de respuesta a la manipulación electoral – se impuso en los comicios de noviembre de 2025 por casi 65% de los votantes.  

Así, California neutralizó a Texas. Carolina del Norte y Missouri, dos estados más que se pusieron al servicio de la iniciativa antidemocrática de Trump, obtuvieron un par de escaños – potenciales – más para los republicanos, pero Virginia, un estado en manos demócratas, los neutralizó también y adjudicó el mismo número para los azules. Y aunque Trump sigue presionando, los republicanos de Ohio ya rechazaron su exigencia. En Florida todavía podrían actuar, pero su legislatura está en veremos. La medida no es popular, para decir lo menos. 

Vaciar la Comisión de Asistencia Electoral 

La  Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (U.S. Election Assistance Commission o USEAC) es un ente bipartidista, independiente, dirigido por dos republicanos y dos demócratas y establecido en 2002 con el fin de ayudar a los estados a cumplir sus regulaciones referentes al proceso electoral. Es un ente importante, una respuesta al escándalo de las elecciones presidenciales en el estado de Florida en 2000, cuando las papeletas electorales con perforaciones incompletas acapararon la atención de la nación. Es difícil olvidar el espectáculo de grupos de funcionarios electorales tratando de adivinar con una lupa si la papeleta estaba o no agujereada en el lugar correspondiente. La Suprema Corte detuvo entonces el conteo y le regaló a George W. Bush la presidencia por solo 578 votos de diferencia con Al Gore. 

La USEAC previene una repetición de este escándalo al modernizar los equipos y sistemas de votación. Su presupuesto de 2,800 millones de dólares va a los estados. 

Entre otras funciones, certifica los sistemas de votación en el ámbito de seguridad y facilidad de acceso. También gestiona y audita la división de fondos HAVA – la Ley de Ayuda a América a Votar- que el gobierno federal suministra a los estados para mejorar las condiciones físicas del acto electoral; mantiene el formulario nacional del registro de votantes por correo (establecido en 1993) para suministrar resultados, estadísticas y recomendaciones. 

En la orden ejecutiva de marras del 25 de marzo pasado, Trump encargó – porque es una agencia independiente creada y financiada por el Congreso – a la USEAC “tomar las medidas oportunas en un plazo de 30 días para exigir la presentación de pruebas documentales de ciudadanía en el formulario nacional de registro de votantes”. Como otras pretensiones del jerarca, esta no pasó el tamiz judicial.

Hoy, el régimen de Trump ignora esta organización. Para él, USEAC no existe. Trump determina así que las decisiones electorales corresponden al Poder Ejecutivo, hace a un lado esta institución independiente y concentra el poder en la Casa Blanca y en su persona directamente.  

Impugnar los resultados

Si todo lo dicho falla y los demócratas se alzan con la mayoría en cualquiera de las cámaras del Congreso, posiblemente se repita lo de 2020 con el agravante de que Trump es ahora el Presidente y si ve necesario para su permanencia en el poder tomar acción militar, policial o de otro modo represiva, lo hará. Trump seguirá clamando fraude, que millones de indocumentados votaron, que los resultados han sido amañados y que funcionarios electorales han sido cómplices en este esquema. Ya lo hizo.  

Utilizará errores de tabulación reales que implicarían algunas decenas de votos que se convertirán en millones.

El mismo y su gente se han preparado por años para esto: prevenir que la gente vote en general y los afroamericanos y latinos en particular. 

Si los demócratas ganaran el Congreso, el gobierno federal tergiversaría los resultados. Si todo eso llegara a fallar, ahí está el Presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson que se negará a juramentar a los nuevos congresistas demócratas – y de paso impedirá su propio reemplazo. Ya mostró que es capaz de eso al ignorar su obligación de habilitar nuevos congresistas el año pasado. 

Declarar la ley marcial

Numerosos comentaristas políticos – entre ellos James Carville – coinciden en que la administración Trump está exacerbando adrede las divisiones internas para causar una ola caótica de protestas violentas que le permitan intervenir militarmente en los estados, previniendo el curso normal del proceso electoral. El mecanismo para la intervención militar en los comicios sería declarar la ley marcial.

Sin embargo, el presidente no tiene derecho a cancelar las elecciones. Pero si puede – y es probable que lo haga en ciudades bajo mayoría demócrata – intervenir en la votación. 

Lo último, lo que es difícil imaginar incluso con Trump, es el uso de las Fuerzas Armadas para anular los resultados electorales y tomar el gobierno a la fuerza. Y finalmente, una repetición de lo sucedido el 6 de enero de 2021 cuando miles de manifestantes trataron de tomar el Congreso para prevenir el conteo de votos electorales, solo que esta vez serán más y vendrán armados.