Centros de detención privados de ICE podrían ser multados o ver su licencia suspendida

Los centros de detención privados de las compañías The GEO Group y CoreCivic podrían enfrentar multas de $25,000 diarios por cada violación de los derechos humanos de los inmigrantes detenidos, e inclusive, podrían ver revocadas sus licencias de operatividad, si es promulgada la Ley de Justicia Masuma Khan.

La iniciativa de ley SB 995 de la senadora Sasha Pérez y de su coautor, el asambleísta Mark González, además, facultaría a legisladores de California supervisar e inspeccionar las condiciones físicas, médicas y mentales de quienes han sido capturados en redadas migratorias. Fue introducida en la legislatura de California el 5 de febrero.

“Los derechos humanos no son un negocio”, declaró Rhea Khan, cuya madre, Masuma, fue arrestada el 6 de octubre de 2025 por agentes de ICE, durante su cita de registro en el Edificio Federal del centro de Los Ángeles.

Masuma Khan, de 64 años y quien ha vivido por casi 30 años en los Estados Unidos y no cuenta con antecedentes penales, estuvo detenida casi un mes en el California City Detention Facility. Un juez ordenó su liberación el 5 de noviembre.

“Tenía miedo de perder a mi madre dentro de ese horrible lugar, ella había vuelto desesperanzada, al igual que muchas otras personas en su situación”, dijo Rhea Khan.

 Conseguir la liberación de Masuma Khan, residente de Altadena, fue una de las tareas más difíciles para la familia Khan, pero lo que sufrió ella en aquel lugar fue una batalla completamente distinta.

Panes con moho y pan con insectos

Durante su reclusión, le negaron medicamentos durante semanas, le daban comidas sin proteínas ni nutrientes adecuados. Le daban sándwiches mohosos, pan con insectos y le quitaban el agua potable.

“Mi madre comía lo que le daban porque tenía hambre”, dijo Rhea. “Vi a mi madre enfermar y debilitarse por la negligencia médica. Se negaban a darle medicamentos, a pesar de que se los suplicábamos todos los días”.

El estado físico y mental de Masuma, originaria de Bangladesh, empeoró tanto que tenía dificultades para respirar y hablar. Tenía las piernas hinchadas y con moretones. Apenas podía caminar y sentía mucho dolor.

“La enfermera del centro me mintió sobre por qué no le habían dado sus medicamentos. Mi madre no había visto al médico en más de dos semanas”, denunció Rhea Khan.

Después de semanas de insistencia, Masuma recibió sus medicamentos en aquel centro de detención del condado de Kern, y donde -según el relato de Rhea- se mantiene a temperaturas bajo cero y a los detenidos no se les proporcionan suéteres a menos que los compren en la tienda.

“Nos sentíamos tan impotentes que no podíamos hacer nada para que a esa gente le importara lo más mínimo”, manifestó la hija de Masuma. “Nos dejaban esperando varias horas para verla e incluso nos negaron la entrada directamente después de conducir 193 kilómetros de ida y vuelta, solo para una hora de visita”.

Rhea y su padre debían esperar en una sala calurosa y sin ventilación, rodeados de enjambres de moscas.

“Lo que hacen es torturar y deshumanizar para quienes están retenidos allí a la fuerza”, describió.

Masuma fue puesta en libertad, gracias al trabajo de un equipo legal.

Sin embargo, el trauma de lo que sufrió la ha marcado de por vida. Todavía tiene pesadillas y siempre siente ansiedad y miedo de salir sola.

“Mi madre no es la única víctima de negligencia médica, que ha recibido comida incomestible y agua potable contaminada en un lugar así. Hemos escuchado historias de otros detenidos que han sufrido abusos y negligencia”, dijo Rhea Khan,

“Hemos oído noticias de muertes. Hemos visto sus súplicas desesperadas, y eso es solo lo que sabemos. Imagine en todo lo que desconocemos que ocurre dentro de esos lugares. Nadie debería vivir con el temor de no salir con vida de un centro de detención. Ningún familiar debería sentir la impotencia que sentimos nosotros al ver a tantos seres humanos en prisión. Hay historias que no se cuentan”, añadió.

“Muchos de ellos no tienen familia ni amigos que aboguen por ellos. No tienen dinero para comprar lo básico. No se atreven a hablar por miedo a represalias. No merecen ser abandonados y olvidados”, enfatizó.

Por eso exigió la intervención del gobierno y la supervisión estatal de los centros de detención.

“Los seres humanos no son un negocio. No deberían estar en estas instalaciones privadas, pero si lo están, merecen al menos recibir lo básico: agua potable, alimentos seguros, atención médica adecuada y un trato humano”, expresó Rhea Khan.

Desde finales de 2025, The GEO Group opera cuatro centros de detención de inmigrantes en California, ubicados principalmente en la parte sur del estado. Estos centros, que albergan a detenidos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (ICE), incluyen el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto y el Anexo Desert View, (ambos en el condado de San Bernardino); el Anexo Golden State (McFarland) y el Centro de Procesamiento de ICE Mesa Verde (Bakersfield), ambos en el condado Kern.

“Casi un gulag”: Shakeel Syed

Shakeel Syed, director ejecutivo de South Asian Network, (SAN), un grupo comunitario de defensa de personas del sur de Asia que luchó por la liberación de la señora Masuma Kahn, expresó que ha tenido “el doloroso privilegio” de visitar las instalaciones de California Facility Detention Center (CCDF) y de Adelanto.

“Si bien a estos lugares se les denomina a veces, de manera engañosa, “centros de procesamiento”, son, de hecho, prisiones privadas; casi un gulag”, dijo Syed.

El “gulag” fue un sistema de campos de trabajo forzado establecido en la Unión Soviética desde 1929 hasta 1953, para criminales y presos políticos.

 “Soy testigo de las condiciones espantosas que imperan en estos centros de detención, mientras empresas como CoreCivic y GEO Group continúan recibiendo enormes sumas de dinero para expandirse, dinero que, además, proviene de los contribuyentes”.

Relató que se quedó atónito al ver que una recepcionista en el CCDF tenía un matamoscas sobre su escritorio y el vestíbulo de visitas está infestado de moscas.

“Uno solo puede imaginar las condiciones que reinan en las áreas que no están a la vista del público”, dijo. En una ocasión tuve que utilizar el baño de visitas. Créanme: no querrían conocer los detalles”, afirmó.

AL mismo tiempo señaló que visitar a una persona es “una pesadilla logística”: largas esperas, personal mal capacitado y malinformado, falta de acceso a los supervisores y una total ausencia de procesos de reparación de agravios, bancos sucios, un hedor indescriptible y temperaturas bajo cero en el interior.

“Vi al personal vistiendo múltiples capas de ropa para combatir las gélidas temperaturas, mientras que los detenidos tienen que suplicar por una manta para obtener algo de calor. De hecho, la señora Masuma Khan utilizaba calcetines como calentadores para los brazos y el cuello, algo que, con el tiempo, también se le prohibió hacer”.

Christopher Ferreira, portavoz de The GEO Group remitió las preguntas de La Opinion a ICE, que no respondió a una posible oposición a la Ley de Justicia Masuma Khan ni al calificativo de “gulag” de los centros de detención. Al cierre de edición, tampoco CivicCore se pronunció al respecto.

Rendición de cuentas

Kathryn Eidmann, presidenta y directora ejecutiva de Public Counsel, consideró que el proyecto de ley SB 995 de la senadora estatal Sasha Pérez no solo es una propuesta legislativa, sino California enviando un mensaje claro de que los derechos humanos básicos no terminan a las puertas de los centros de detención.

“Por primera vez, California establecería un marco uniforme y de cumplimiento obligatorio para inspeccionar y exigir rendición de cuentas a todas las grandes instalaciones de internamiento involuntario en el estado —incluyendo los centros de detención de inmigrantes, pero también los centros de detención juvenil, las instalaciones de tratamiento seguro y los hospitales estatales”, dijo la abogada.

“Esta no es una idea radical, es una idea muy simple: a nadie en California se le debería negar alimento, atención médica o seguridad básica simplemente por estar confinado en una instalación de internamiento involuntario”, señaló la experta, que consideró que el cambio real en la sociedad ocurre cuando los defensores legales, los organizadores comunitarios y los legisladores trabajan juntos.

“SB 995 representa exactamente ese tipo de colaboración”, añadió la abogada de derechos civiles y reconoció a grupos como  CHIRLA, MALDEF, la South Asian Network, Public Counsel y muchos defensores comunitarios de toda California que se han unido en torno a la convicción compartida de que las condiciones dentro de estas instalaciones de The GEO Group y CoreCivic “son inhumanas” y se necesita una vía real para remediar los daños a las personas y exigir rendición de cuentas a los responsables de cometer los abusos.

Eidmann vio de primera mano el poder de la colaboración: cuando Masuma Khan fue detenida, Public Counsel, un grupo de abogados y la South Asian Network trabajaron juntos para asegurar su liberación.

“Esa victoria demostró lo que es posible cuando las comunidades se unen; y esa misma coalición está unida y trabajando para generar un cambio duradero para todos aquellos que sufren las consecuencias de nuestro sistema [de inmigración] fallido”, manifestó.

Reconoció que la senadora Sasha Renée Pérez, -autora de la SB 995- analizó el caso de Masuma Khan tal como era: no solo un incidente aislado, sino una ventana a un problema sistémico más amplio, y decidió actuar.

“En Public Counsel, luchamos a diario en los tribunales por las personas que se encuentran dentro de estas instalaciones [centros de detención de ICE], quienes sufren graves daños a su dignidad humana y, a menudo, no tienen otro recurso”, manifestó la abogada Eidmann.

En la actualidad, Public Counsel y sus socios están impugnando “las condiciones inhumanas” en el centro de detención de ICE en Adelanto, donde se ha negado atención médica a las personas y se las mantiene en condiciones inseguras.

Asimismo, en el litigio Vázquez Perdomo v. Noem donde expusieron las condiciones deplorables en el centro de detención de B-18 en el centro de Los Ángeles, donde fueron recluidas muchas de las personas detenidas durante las redadas masivas que comenzaron el 6 de junio de 2025.

“No deberíamos tener que presentar una demanda tras otra simplemente para garantizar que se respeten los derechos humanos básicos”, declaroo la abogada Eidmann. “La rendición de cuentas debería ser la norma, no la excepción”.