Fiscalía de México investiga a militares tras muerte de presuntos agentes de la CIA
Las autoridades mexicanas buscan determinar el alcance exacto de la participación militar, la cual presuntamente se limitó a labores de seguridad perimetral
El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, habla en una rueda de prensa. Imagen de archivo. Crédito: Madla Hartz | EFE
La investigación por el hallazgo de un presunto megalaboratorio de metanfetaminas en el estado de Chihuahua (norte de México), escaló luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que militares mexicanos fueron llamados a declarar por su participación en el operativo donde murieron dos presuntos agentes vinculados a la CIA y dos funcionarios estatales.
El caso ha generado tensión política y diplomática entre México y Estados Unidos, en medio de crecientes presiones de Washington para que el gobierno mexicano intensifique el combate contra el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas operadas por cárteles criminales.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, informó que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron citados únicamente por haber realizado labores de seguridad perimetral después del hallazgo del laboratorio clandestino ubicado en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua.
Según explicó el funcionario, los militares no participaron directamente en el desmantelamiento del sitio, considerado por autoridades mexicanas como uno de los complejos de producción de drogas sintéticas más grandes detectados recientemente en el país.
La FGR señaló además que el inmueble permanece bajo resguardo federal mientras continúan las labores de embalaje, análisis y traslado de miles de litros de sustancias químicas y equipo especializado encontrados durante el operativo.
Indagan posible violación a leyes mexicanas
La dependencia federal también abrió una carpeta de investigación por posibles delitos relacionados con ejercicio ilícito de atribuciones y afectaciones a la seguridad nacional, luego de revelarse la presunta participación de agentes estadounidenses en labores de campo dentro del territorio mexicano.
De acuerdo con la fiscalía, cerca de 50 funcionarios han sido llamados a declarar, incluyendo personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y mandos involucrados en la operación.
Las autoridades buscan determinar si existió una investigación ministerial previa al descubrimiento del laboratorio y si el operativo se realizó conforme a las normas establecidas por la legislación mexicana.
El caso tomó relevancia nacional después de que el pasado 19 de abril dos agentes presuntamente ligados a la Embajada de Estados Unidos y dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua murieran en un accidente vehicular cuando regresaban del operativo antidrogas.
El vehículo en el que viajaban perdió el control y cayó a un barranco en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, según reportes oficiales.
Posteriormente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que el Ejército Mexicano desconocía la presencia de civiles extranjeros durante la intervención, ya que presuntamente los agentes estadounidenses utilizaban uniformes de corporaciones estatales y cubrían sus rostros.
Crece presión política en Chihuahua
La controversia también intensificó el enfrentamiento político entre el gobierno federal y autoridades del estado de Chihuahua, encabezadas por la gobernadora María Eugenia Campos, conocida como Maru Campos.
Medios mexicanos reportaron que la FGR no descarta citar a funcionarios de alto nivel para aclarar quién autorizó la presencia de personal extranjero en el operativo y bajo qué marco legal actuaron.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que las entrevistas comenzaron con agentes operativos y podrían extenderse a mandos superiores de la fiscalía estatal.
Mientras tanto, la fiscalía federal intenta identificar a los propietarios del inmueble utilizado como narcolaboratorio y rastrear a posibles empresas proveedoras de químicos y equipo industrial empleados en la fabricación de drogas sintéticas.
El caso ocurre en un momento especialmente delicado para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, marcada por las exigencias del gobierno estadounidense para frenar el tráfico de fentanilo hacia territorio norteamericano y por recientes señalamientos contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico.
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