La verdad por decreto de la 4T

Nadie en su sano juicio puede objetar que el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna es una causa noble y un pilar deseable para cualquier democracia. Sin embargo, cuando el Estado pretende convertirse en el árbitro supremo de lo que constituye la “verdad”, la frontera entre la regulación periodística y la censura se vuelve muy difusa. Por ello, los nuevos lineamientos impulsados en México para sancionar a los medios de comunicación por difundir información falsa, descontextualizada o anacrónica abren una puerta peligrosa hacia el control oficial del discurso público.

El mayor problema de esta iniciativa no radica en la búsqueda de rigor informativo, sino en el mecanismo de ejecución y en la severidad de sus castigos. Asignar multas de hasta el 1 % de los ingresos totales de un medio por cada falta no es solo un correctivo: para pequeñas y medianas empresas editoriales, representa un tiro de gracia financiero. Un par de equivocaciones —o peor aún, de interpretaciones incómodas para el poder— podrían llevar a la ruina a proyectos periodísticos enteros.

Pero la verdadera falla estructural del proyecto reside en la respuesta a una pregunta milenaria: ¿quién juzga al juzgador? Que sea el propio gobierno quien determine qué es un hecho real y qué es una “mentira” transforma al regulador en juez y parte. La historia demuestra que el poder tiende a etiquetar como “falsa” o “descontextualizada” aquella información que le resulta incómoda, crítica o reveladora. Dejar la definición de la verdad en manos de la burocracia estatal no garantiza audiencias más informadas, solo audiencias más alineadas a la versión oficial.

Para colmo, la propuesta adolece de un gigantesco punto ciego: la impunidad del discurso político. Los lineamientos contemplan sanciones severas para el mensajero, pero guardan un silencio conveniente sobre el emisor original cuando este ocupa un cargo público. En un entorno donde los actores políticos lanzan datos no verificados, promesas infundadas y desinformación a diestra y siniestra desde las tribunas del poder, resulta desproporcionado castigar al medio sin tocar a la fuente.

Si el objetivo genuino de las autoridades fuera proteger el derecho de la ciudadanía a la verdad, la vara tendría que ser parecida para todos. Un marco integral debería exigir y sancionar la falsedad en las declaraciones de funcionarios públicos y representantes populares con la misma severidad que se pretende aplicar a las redacciones. 

El combate a la desinformación es un reto urgente de nuestra era, pero la solución no está en implementar el autoritarismo informativo. La información veraz se fomenta fortaleciendo el periodismo independiente, garantizando la transparencia gubernamental y promoviendo la alfabetización mediática en la sociedad.