La ventana de la intervención

Hasta hace relativamente poco tiempo, afirmar que México era un Estado narcoterrorista y que las Fuerzas Armadas estadounidenses debían entrar en su territorio para capturar narcotraficantes y políticos corruptos parecía una idea delirante, confinada a los márgenes más radicales de la política estadounidense y a ciertos sectores de la derecha mexicana. Hoy, sin embargo, esa idea circula con sorprendente naturalidad. Se discute en medios de comunicación, se promueve en libros, se repite en redes sociales y hasta se somete a encuestas improvisadas. La “ventana de Overton” se ha abierto de par en par.

La llamada ventana de Overton describe el espacio de ideas que una sociedad considera aceptables en un momento determinado. No establece qué es verdadero ni razonable, sino qué puede decirse públicamente sin quedar fuera de la conversación política. Una propuesta puede pasar de impensable a radical; de radical a debatible; de debatible a razonable y, finalmente, de razonable a política pública. Para lograrlo, no siempre es necesario demostrarla. A veces basta con repetirla hasta que deje de provocar escándalo.

Eso es precisamente lo que estamos observando en torno a México. La corrupción y la penetración criminal de instituciones mexicanas son realidades documentadas. También lo son la violencia, la impunidad y los vínculos de determinados funcionarios con organizaciones delictivas. Pero una cosa es analizar esos fenómenos y otra muy distinta declarar, sin matices ni pruebas suficientes, que México entero constituye un Estado narcoterrorista: una estructura unitaria, dirigida desde el poder político, aliada con los cárteles y convertida en amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Ese salto no es analítico. Es político.

Un ejemplo reciente comenzó con una encuesta en X publicada por Simón Levy. Levy preguntó si los mexicanos permitirían que fuerzas especiales estadounidenses entraran al país para detener a políticos que presuntamente tendrían órdenes de aprehensión en Estados Unidos o si, por el contrario, defenderían la soberanía nacional. Según el resultado mostrado en la plataforma, 89 por ciento eligió la primera opción.

Aquello no fue una encuesta representativa. No se informó sobre la muestra, la metodología ni la composición de los participantes. Fue un sondeo abierto entre usuarios de X que encontraron la publicación y decidieron responderla. Sin embargo, el porcentaje adquirió inmediatamente vida propia y comenzó a circular como si reflejara la opinión de la sociedad mexicana.

Derek Maltz retomó y difundió el resultado. No se trata de un comentarista cualquiera. Maltz dirigió durante años la División de Operaciones Especiales de la DEA y fue administrador interino de esa agencia durante los primeros meses del segundo gobierno de Donald Trump. Cuando una figura con esa trayectoria presenta como significativo un sondeo sin valor estadístico, el resultado puede interpretarse como algo que nunca fue: evidencia de que los mexicanos desean, solicitan y hasta legitiman una operación estadounidense en su propio territorio.

Así funciona la ingeniería social. Primero se formula una pregunta extrema como si planteara una alternativa perfectamente normal. Después se obtiene una respuesta previsible dentro de una comunidad digital previamente seleccionada. Luego se separa el porcentaje de su contexto y se presenta como expresión de una opinión nacional. Finalmente, una persona investida de autoridad institucional lo reproduce. La intervención deja entonces de parecer una violación de la soberanía y comienza a representarse como una operación de rescate solicitada por las propias víctimas.

Otro ejemplo muestra hasta dónde puede llevar este desplazamiento. Emilio Vallejo Rangel-Larios, un activista político opositor identificado públicamente como simpatizante del PAN —quien en 2023 promovió la nominación de Xóchitl Gálvez para recibir la Medalla Belisario Domínguez— difundió en X una publicación relacionada con una credencial que presentó como supuestamente irregular. En lugar de limitarse a preguntar por el origen del documento, comprobar su autenticidad o esperar una explicación de la autoridad competente, vinculó el episodio con una acusación mucho más grave: la supuesta relación de Morena con organizaciones terroristas yihadistas.

La publicación no aportó elementos suficientes para demostrar una conexión de esa naturaleza. Lo revelador es, precisamente, la facilidad con la que se produjo el salto. Una credencial cuya autenticidad, origen y circunstancias no habían sido debidamente esclarecidos se convirtió en indicio de una conspiración internacional. De una posible irregularidad documental se pasó a insinuar que el partido gobernante de México formaba parte de una trama vinculada con el terrorismo yihadista. Una afirmación de esa magnitud exigiría pruebas extraordinarias. En las redes sociales bastaron una imagen, una interpretación y una serie de asociaciones.

Vallejo Rangel-Larios incluyó expresamente a Peter Schweizer en su publicación. Ese detalle permite entender el universo narrativo en el que buscaba insertar el episodio. Schweizer no es un observador incidental de la política mexicana. Es presidente del Government Accountability Institute y autor de varios libros que han alcanzado una amplia difusión en el ecosistema conservador estadounidense. Su obra más reciente, The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon, presenta la migración como instrumento de una ofensiva política contra Estados Unidos.

En el caso mexicano, Schweizer sostiene que el gobierno utiliza su red consular, sus programas educativos y a las comunidades migrantes para influir en la vida política estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó públicamente esas acusaciones y las calificó como falsedades carentes de sustento. No obstante, sus planteamientos fueron retomados por medios y figuras del movimiento MAGA, desde donde comenzaron a circular como supuestas revelaciones sobre una operación encubierta del gobierno mexicano.

La tesis de Schweizer va mucho más allá de una crítica a la política migratoria. Convierte actividades consulares ordinarias —la asistencia a ciudadanos mexicanos, la distribución de materiales educativos en español o el diálogo con las comunidades migrantes— en componentes de una estrategia para transformar a Estados Unidos desde dentro. Bajo esa lógica, los migrantes dejan de ser personas que trabajan, forman familias y participan en sus comunidades para convertirse en instrumentos de una potencia extranjera. México ya no aparece como socio, vecino o país de origen de millones de estadounidenses, sino como un adversario que utiliza la migración como arma.

La importancia de Schweizer no radica solamente en lo que escribe, sino en el circuito de legitimación dentro del cual opera. Sus planteamientos pasan de los libros a los medios conservadores, de allí a los espacios del movimiento MAGA y después a las plataformas digitales. Finalmente, activistas e influencers mexicanos los recogen, traducen y adaptan para el debate nacional. Una afirmación especulativa adquiere la apariencia de una investigación; la “investigación” se convierte en contenido, y el contenido se fragmenta en mensajes cada vez más simples y agresivos: México invade Estados Unidos mediante sus migrantes; Morena protege a los cárteles; Morena está vinculada con el yihadismo; México es un Estado narcoterrorista; Estados Unidos debe intervenir.

No es necesario demostrar la existencia de una coordinación formal entre todos los participantes para advertir que la narrativa avanza en una misma dirección. Schweizer aporta el marco ideológico y la apariencia de investigación. Simón Levy introduce la posibilidad de una intervención militar en el debate mexicano y la convierte en una pregunta aparentemente legítima. Maltz amplifica el mensaje desde una posición de autoridad. Activistas e influencers de la nueva ultraderecha mexicana, cercanos ideológicamente al universo de CPAC y al frente político-mediático en el que participa Ricardo Salinas Pliego, lo dramatizan y lo vuelven viral. Cada uno desempeña una función diferente en una misma cadena de normalización.

El problema es que esta narrativa no circula en el vacío. Desde 2025, el gobierno de Trump ha designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. En marzo de 2026 creó la Americas Counter Cartel Coalition, presentada oficialmente como un mecanismo para “operacionalizar el poder duro” contra esas organizaciones. La Estrategia Nacional de Control de Drogas habla de perseguir a los cárteles en sus “refugios”, desmantelar sus laboratorios y emplear todos los instrumentos del poder estadounidense. Las palabras importan: refugios, enemigos, terroristas, guerra, victoria. Ése ya no es el lenguaje tradicional de la cooperación judicial o policial. Es el vocabulario de una campaña militar.

Para abrir paso a una acción directa del Departamento de Guerra en territorio mexicano no basta con identificar organizaciones criminales. Es necesario construir un enemigo más amplio, borrar las diferencias entre crimen organizado, partido político y Estado, y persuadir a la opinión pública de que el gobierno mexicano es incapaz, cómplice o enemigo. También resulta útil fabricar la percepción de que una mayoría de mexicanos recibiría con entusiasmo a las fuerzas especiales estadounidenses.

Nunca creí que la ventana de Overton pudiera abrirse tanto y con tanta rapidez. Pero aquí estamos. Ya no se debate únicamente cómo combatir a los cárteles, sino si Estados Unidos debe entrar a México para capturar mexicanos. Ya no se acusa solamente a funcionarios determinados, sino que se presenta a todo un partido político como organización terrorista. Ya no se habla simplemente de infiltración criminal, sino de un Estado narcoterrorista que representaría una amenaza directa para Estados Unidos.

Parece demencial, señoras y señores, pero está ocurriendo. Mientras discutimos si estas afirmaciones son demasiado absurdas para tomarlas en serio, quienes las fabrican continúan haciendo su trabajo. Cada repetición desplaza un poco más el límite de lo aceptable. Cada sondeo sin rigor presenta la intervención como voluntad popular. Cada influencer convierte la acusación en espectáculo. Y cada paso en esa dirección acerca un poco más aquello que hasta hace poco parecía impensable.

(*) La Dra. Guadalupe Correa-Cabrera es profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad George Mason.

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