El dilema de Sheinbaum: entre la soberanía y la complicidad
Tensión ante la negativa del gobierno mexicano a extraditar políticos señalados por la justicia estadounidense
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa. Crédito: Mario Guzmán | EFE
Un reciente memorándum emitido por la administración de Donald Trump volvió a colocar la relación bilateral en un punto de alta tensión. Por un lado, la Casa Blanca reconoce que México ha intensificado sus operativos contra los carteles de la droga. Pero el documento también destaca una carencia que opaca los avances conseguidos: la falta de voluntad política para investigar y arrestar a los narcopolíticos que protegen y facilitan la operación del crimen organizado en el país.
En medio de la retórica de la confrontación
El centro de este enfrentamiento diplomático es la negativa del gobierno mexicano para extraditar a figuras de gran relevancia política señaladas por la justicia estadounidense. Entre los nombres más prominentes destaca el del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con nueve funcionarios de su círculo cercano.
Desde Palacio Nacional, la respuesta oficial no se ha movido un ápice: Washington no ha presentado pruebas irrefutables que justifiquen una orden de extradición, y México no cederá ante chantajes que vulneren su soberanía nacional.
En la retórica de la confrontación, los argumentos de la presidenta Sheinbaum tienen peso. Es indiscutible que Estados Unidos padece una crisis epidémica de consumo de drogas que no atiende con la misma firmeza con la que exige resultados en la frontera. También es cierto que el flujo incesante de armas ilegales desde territorio estadounidense abastece el poder de fuego de los carteles mexicanos. El reclamo de trato simétrico y el rechazo al intervencionismo son posturas legítimas para cualquier gobierno.
La opinión pública y el rechazo a la impunidad
Sin embargo, el verdadero problema no está en lo que México le recrimina a Washington, sino en lo que omite dentro de su propia casa.
La opinión pública y diversos analistas se preguntan por qué la retórica soberanista parece actuar como un escudo protector para los políticos oficialistas involucrados. Aunque la Fiscalía General de la República anunció que investiga a Rocha Moya y a otros señalados, hasta la fecha los avances reales son nulos. Prevalece la sospecha fundada de que no serán tocados por pertenecer a Morena y, sobre todo, por ser piezas protegidas de la sombra del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Para gran parte de la opinión pública es evidente que no actuar bajo el argumento de la soberanía nacional termina por minar esa misma soberanía, al condicionarla a la impunidad interna. Al aferrarse a la defensa de figuras cuestionadas en lugar de encabezar una investigación rigurosa e independiente dentro del país, México pone en serio riesgo el vínculo diplomático, comercial y de seguridad más importante de su agenda internacional. Defender la soberanía exige limpiar la casa propia, no encubrir a quienes presuntamente la entregaron al narcotráfico.