La pesadilla de los guardaespaldas sin control en México
Son varios los casos que han desatado polémica en el país
Polémica por los servicios de guardaespaldas Crédito: Shutterstock
MÉXICO.- Se les mira por toda la Ciudad de México, afuera de restaurantes, oficinas de gobierno, oficinas corporativas o bares; a bordo de camionetas de vidrios polarizados de traje riguroso, taimados y siempre listos para desenfundar el arma para defender a su patrón, quien regularmente es un político o un empresario.
En estricta apariencia no hacen nada fuera de lo normal en su trabajo de guardaespaldas en un país de alto riesgo de violencia y abismos de desigualdad social, excepto porque los casi 17,000 de ellos que operan en toda la república tienen reglas tan laxas que sus actitudes rebasan el concepto de protección y rozan la categoría de golpeadores y hasta de matones.
Allí está el caso del dueño de la empresa Gallística del Noroeste, Jorge Aduna Villavicencio, y su escándalo a cuestas por el que aún da cuentas a la justicia desde que el año pasado se le acusó de tomar la Ley del Talión, la del ojo por ojo, diente por diente, y ordenar a sus escoltas secuestrar, ejecutar e incinerar a seis presuntos delincuentes en venganza porque asaltaron con violencia la casa de uno de sus familiares en Puebla.
Allí están los “guaruras” –como también se les llama popularmente- de un grupo de jovencitos de los institutos Cumbres e Irlandés, hijos de la crema y nata en la CDMX, quienes el pasado 16 de junio protagonizaron una riña para defender a sus respectivos juniors y enviar a más de uno al hospital con fracturas en nariz, golpes, mandíbula y contusiones cerebrales.
La causa de este despelote, de estos abusos físicos hasta posiblemente la muerte, es la falta de una regulación adecuada, coinciden autoridades y empresas agremiadas ( 666 en todo el país, según la Secretaría de Seguridad Pública). Otra causa, según observan algunos sociólogos, tienen como única explicación conductas heredadas desde el colonialismo cuando los súbditos no podían negarse a las órdenes del virrey o los hacendados.
“En México aún hay gente poderosa que cree que puede pedir cualquier cosa a sus trabajadores y todavía hay trabajadores que aceptan hacer cualquier cosa para quedar bienaunque esté fuera de su contrato o toque lo ilegal”, observa Margarita Pineda, socióloga de la Universidad Autónoma Metropolitana.
En marzo de 2016, el empresario Alberto Sentiés, ordenó a su guardaespaldas detener, acorralar y golpear a un muchacho con quien tuvo un incidente vial porque éste se le atravesó cuando el hombre de negocios conducía un automóvil de lujo. El abuso fue grabado por otro conductor y expuesto en las redes sociales.
Desde entonces a Santiés se le conoce con el mote de “Lord Ferrari” quién aún se encuentra en una prisión de Estados Unidos (a donde huyó) en espera de su extradición para un proceso judicial por la golpiza y otros delitos, pero se desconoce el proceso legal que sigue el guarura que lo apoyó.
La suave regulación podría haberlo dejado en libertad como en muchos casos de controversia jurídica. Según un análisis realizado en 2012 por la Cámara de Diputados hay por lo menos 114 contradicciones entre las normas de la Ley Federal de Seguridad Privada.
Otro factores que inciden en la conducta prepotente de los guardaespaldas es su bajo nivel escolar porque únicamente se les exige la secundaria terminada y acreditar una capacitación. Luego se les da un arma.
“Un escolta correctamente capacitado tiene la información necesaria sobre temas de seguridad, legislación, derechos humanos, armas, control del miedo, primeros auxilios, atención al cliente, psicología y desarrollo humano, entre otros”, aseguró Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial
El legislativo de la Ciudad de México ha intentado modificar la legislación actual para obligar a un escolta a capacitarse y facilitar su identificación, por medio de distintivos o placas especiales, pero se han tomado con una alta resistencia del gremio que considera que ponerles una etiqueta visible los pone en una situación de vulnerabilidad.
El caso es que, al no haber un acuerdo, los abusos continúan incluso en contra de la propias autoridades como ocurrió en febrero del año pasado al “city manager” de Miguel Hidalgo, Arne Aus den Ruthen Haag, fue agredido por escoltas privados cuando videogrababa en tiempo real las violaciones al Reglamento de Tránsito que cometían con sus vehículos.
