Gobierno afirma: inmigrantes son más del 30% de presos federales y casi todos indocumentados
Sessions aprovechó el informe para sugerir que habría menos crímenes si se frenara la entrada de indocumentados
Crédito: Alex Wong/Getty Images
WASHINGTON – Los inmigrantes conforman poco más del 30% de todos los presos en cárceles federales de EEUU, la mayoría “sin papeles”, indicó un informe divulgado este jueves por el gobierno, que las autoridades aprovecharon para exigir al Congreso “mano dura” contra los inmigrantes indocumentados.
El informe conjunto de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional indicó que, para el pasado 31 de diciembre, cuando concluyó el primer trimestre del año fiscal 2018, las autoridades federales tenían bajo su custodia a 57,820 inmigrantes, confirmados o “sospechosos” de serlo.
De ese total, 38,132 estaban bajo custodia del Buró de Prisiones (BOP, en inglés), y 19,688 bajo custodia del Servicio de US Marshals. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó que 42,284 eran extranjeros, y aún investiga la nacionalidad y estatus legal de otras 15,536 personas.
El 93% de los 42,284 extranjeros confirmados estaban en el país ilegalmente, al igual que el 62% de los alojados en cárceles federales y el 78% de los 19,688 bajo custodia de “US Marshals”, indicó el informe.
El costo de alojamiento de los 16,233 extranjeros bajo custodia de “US Marshals”antes de su juicio, ya sea en instalaciones locales, estatales o privadas, es de poco más de $1,4 millones al día, indicó el informe.
De todos los inmigrantes bajo custodia federal, 2,484, o 7% del total, son residentes legales en trámites de deportación, mientras que apenas 124 recibieron protección de la deportación, indicó el documento.
La novedad del informe, requerido por una orden ejecutiva migratoria que firmó el presidente Donald Trump en enero de 2017, es que por primera vez incluye ejemplos de extranjeros indocumentados recién sentenciados o enviados a la custodia de BOP.
Así, el informe incluyó el caso del hondureño Anibal Rondolpho Rodríguez, un indocumentado del área de Freeport (Nueva York), que fue sentenciado a 45 años de prisión por cargos de crimen organizado, conspiración de asesinato, intento de homicidio, y amenazas de cometer asalto.
También incluyó el caso del mexicano Pedro Quintero Enriques, de Summerdale (Alabama), que fue sentenciado a 108 meses de prisión tras declararse culpable de posesión de armas de fuego y de volver a entrar de forma ilegal a EEUU después de ser deportado.
Mientras, Eduardo Martínez, un inmigrante indocumentado de Fort Wayne (Indiana), recibió 324 meses de cárcel por posesión de más de un kilo de heroína con la intención de distribuirla, distribución de más de 50 gramos de metanfetaminas y posesión de un arma de fuego.
Son 34,834 los que presuntamente tienen orden de deportación. El numero de presos en cárceles federales es de 185,000.
“No pertenecen aquí”
El fiscal general, Jeff Sessions, aprovechó el informe para reiterar la postura de “mano dura” de la Administración Trump contra la población indocumentada, al considerar que la tasa de criminalidad entre los inmigrantes indocumentados “debería ser cero” porque no pertenecen en este país.
“Cada crímen cometido por un extranjero ilegal es, por definición, un crimen que pudo haberse prevenido”, dijo Sessions en el informe.
“Es indignante que decenas de miles de estadounidenses mueren cada año por las drogas y la violencia que cruzan ilegalmente nuestras fronteras y que los contribuyentes, año tras año, estén obligados a pagar millones de dólares para encarcelar a decenas de miles de extranjeros ilegales”, enfatizó Sessions.
Al defender la política de “cero tolerancia” contra los cruces ilegales en la frontera sur, sin embargo, Sessions omitió mencionar informes que confirman que la tasa de criminalidad entre la comunidad inmigrante, en general, es inferior a la de los estadounidenses, o que el tráfico de drogas responde a la creciente demanda en este país.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo que “malos actores conocen bien nuestras lagunas legales, que actúan como imán para la inmigración ilegal”.
“Mientras el DHS continúa aplicando las prioridades migratorias del presidente Trump para mantener la seguridad de EEUU, el Congreso debe actuar urgentemente para eliminar esos peligrosos agujeros que atraen a extranjeros criminales, y que también inhiben nuestra capacidad de sacarlos” del país, agregó.
El informe no incluye datos de extranjeros en prisiones locales o estatales porque esas instalaciones no proveen informes de rutina sobre sus prisioneros, que totalizan cerca del 90% de la población carcelaria en EEUU, indicó el Departamento de Justicia.
