Evangélicos y conservadores abogan por reforma migratoria
Grupos evangélicos y conservadores de todo el país están sumando fuerzas para abogar por una reforma migratoria mientras, paradójicamente, el estado de Alabama, bajo dominio republicano, se empeña en perseguir a los indocumentados.
El exfiscal general de Estados Unidos Alberto Gonzalez participará en la primera cumbre migratoria de su tipo en el sureste de EEUU en Atlanta (Georgia). Crédito: EFE / Archivo
Washington (EFE).- Grupos evangélicos y conservadores de todo el país están sumando fuerzas para abogar por una reforma migratoria mientras, paradójicamente, el estado de Alabama, bajo dominio republicano, se empeña en perseguir a los indocumentados.
A juzgar por sendos eventos de la próxima semana, un creciente número de grupos evangélicos y conservadores busca forjar alianzas para exigir que el Congreso de EEUU apruebe una reforma exhaustiva y regularice a los 11 millones de indocumentados.
Al parecer, el cansancio por la inacción del Congreso y sus pugnas partidistas no se limita a las organizaciones hispanas y los grupos progresistas, que durante décadas han estado presionando por una reforma migratoria.
Desde la última reforma de 1986, que creó una “amnistía” para tres millones de indocumentados, el problema de la inmigración ilegal se ha hecho más grande, y tanto la comunidad inmigrante como los grupos que los acompañan en esta lucha exigen soluciones.
Así, el próximo lunes, líderes políticos, religiosos, policiales y empresariales de Alabama, Tennessee, Florida, Georgia y las Carolinas del Norte y Sur realizarán en Atlanta (Georgia) la primera cumbre migratoria de su tipo en el sureste de EEUU con miras a “forjar un nuevo consenso sobre los inmigrantes y la inmigración”.
El evento contará con conservadores de la talla del exfiscal general de EEUU Alberto González -el primer hispano en ese cargo-, el exgobernador de Florida Jeb Bush, el fiscal general de Utah, Mark Shurtleff, y el alcalde de Uvalda (Georgia), Paul Bridges.
Esa cumbre se llevará a cabo unas semanas antes de que el Tribunal Supremo de EEUU emita su dictamen sobre la ley SB1070 de Arizona, que criminaliza la presencia ilegal en ese estado.
Lo que decidan los nueve magistrados del Tribunal Supremo tendrá previsiblemente un impacto sobre leyes similares en estados como Georgia, Carolina del Sur y Alabama.
Mientras, el próximo 12 de junio, líderes evangélicos de todo el país se congregarán en Washington para también presionar por una solución consensuada al problema de la inmigración clandestina.
Se prevé que, durante una rueda de prensa en el Capitolio, estos líderes divulguen una “declaración de principios” firmada por al menos un centenar de evangélicos de alto nivel, entre ellos Richard Land, de la Convención Bautista del Sur, y representantes de la Asociación Nacional de Evangélicos y de la Conferencia de Liderazgo Nacional Cristiana Hispana.
La idea es presentar esos principios a miembros de ambas cámaras del Congreso y de la Administración del presidente, Barack Obama.
Pero los conservadores, en general, están divididos sobre cómo resolver la crisis de la inmigración ilegal: los muchos, azuzados por el movimiento “Tea Party”, muestran cero tolerancia a los indocumentados, mientras que una exigua minoría apoyaría algún tipo de reforma.
El gobernador republicano de Alabama, Robert Bentley, ha dejado en claro que no cejará en su combate contra los indocumentados, así eso le traiga mala publicidad y amenazas de boicot al turismo en el estado, que tan solo el año pasado ingresó una cifra récord de 10,200 millones de dólares por esta partida.
Bentley promulgó en junio de 2011 la ley HB56 que superó con creces a la de Arizona, aunque ambas están parcialmente bloqueadas a la espera del dictamen del Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad de la SB1070.
Una coalición de grupos cívicos y sindicalistas prevé lanzar anuncios para desalentar el turismo en Alabama y presionar para que la empresa surcoreana Hyundai, que tiene fuerte presencia en ese estado sureño, se pronuncie en contra de la HB56.
Para estos grupos, las modificaciones hechas a la HB56 son sólo un maquillaje que deja en pie los aspectos más punitivos de la ley.
Pero la oficina de Bentley replica que no hay nada “injusto” en la HB56 y, pese a las presiones, el gobernador señala que “no se hará de la vista gorda” al problema de la inmigración ilegal.
Bentley haría bien escuchar a los conservadores reunidos en Georgia y Washington la próxima semana, que en vez de ver un “problema”, valoran las contribuciones de los inmigrantes.
