No habrá subida de precios en los trámites migratorios de USCIS
La Administración Trump abandonó sus intenciones tras la impugnación en los tribunales
El Gobierno federal abandonó este lunes su intención de aumentar tarifas a algunos trámites del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), después de que medida fuera impugnada en los tribunales, informó la Asociación de Abogados de Inmigración (AILA).
El Gobierno presentó una moción para la desestimación voluntaria de su apelación en la demanda presentada en agosto pasado por una coalición de ocho organizaciones encabezada por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), por lo que las actuales tarifas de USCIS seguirán vigentes “en su totalidad”, destacó AILA.
“Esto significa que el aumento de tarifas, así como los cambios de formularios y política relacionados con la regla de tarifas de USCIS no pueden ser implementados por USCIS en este momento”, destacó la asociación de abogados expertos en la materia.
Esta decisión del Gobierno llega después de que un juez federal en el norte de California bloquease el 30 de septiembre el alza de tarifas, que estaba previsto que entrase en vigencia el 2 de octubre y que afectaba gestiones como el de la naturalización.
El pasado 31 de julio USCIS anunció que quería un incremento promedio de 20% en sus tarifas, pero que en algunos casos llegaba al 535%. La agencia justificó las alzas para financiar sus operaciones.
Uno de los procesos más afectados con el nuevo incremento es el proceso de naturalización, que iba a pasar de $640 a $1,170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del proceso de los datos biométricos.
Además de los aumentos, la regla eliminaba la mayoría de las exenciones de pago para los inmigrantes de bajos ingresos que califican.
La demanda de la coalición señalaba que ni Chad Wolf, quien actualmente se desempeña como secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ni su antecesor Kevin McAleenan tenían autoridad válida para proponer estos aumentos, opinión que refrendó la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (OIG) al emitir una decisión confirmando que ambos fueron nombrados secretarios interinos de manera irregular.