Sin trabajo y bajo el acoso del casero vive familia de inmigrantes

Alonso Ceceñas y su esposa Yadira Michel están desesperados. En marzo se cumplirá un año sin que puedan pagar la renta de su pequeño departamento de una recámara en el sur de Los Ángeles, en el que habitan con sus cuatro hijos. Lo más duro es el constante acoso del dueño de la vivienda que vive a un lado de ellos, puerta con puerta, solo separados por una pared.

“Nos corta la luz, le quita la energía a los outlets (enchufes de luz), nos baja la temperatura del boiler a lo más bajo para que no podamos recibir agua caliente en la regadera, cualquier ruido que hacemos le molesta y hasta nos ha amenazado con reportarnos a migración“, dice Alonso.

Alfonso y Yadira siempre habían pagado el alquiler de su vivienda a tiempo dentro de los primeros 5 días que tienen de plazo, antes de que les cobren recargos. Todo cambió cuando comenzó la pandemia de coronavirus en marzo de 2020. Alfonso, quien se gana la vida como jornalero de la construcción, se quedó sin trabajo cuando cerró la compañía para la que trabajaba. “Un día me sale trabajo, otro no”.

Él y su esposa son inmigrantes mexicanos, padres de Geraldine de 16 años, Daisy de 12, Kaylie de 10 y Manuel de 3, todos nacidos en Los Ángeles.

Pagan de alquiler $900 al mes. Van a cumplir 10 años viviendo en el mismo lugar. El minúsculo departamento es parte de una misma casa convertida por el propietario en 5 pequeños apartamentos, incluido el espacio donde habita el casero. En el lugar todo es demasiado reducido: una mini sala, una mini cocina, una mini recámara y un baño donde apenas cabe una persona. En la habitación hay una cama donde duermen las niñas, y en la sala, los padres y el menor se acomodan para dormir.

Alonso dice que desde antes de la pandemia ya tenían problemas con el casero. “La energía eléctrica y el gas me los cobraba aparte de la renta, pero había ocasiones que me quería cobrar hasta $400 cada dos meses. Me parecía demasiado para el lugar tan pequeño en el que vivimos. Nunca me quiso mostrar el recibo de lo que el pagaba de luz. Cuando compré un aire acondicionado, se puso histérico. Yo le dije, que no se preocupara que le pagaríamos lo que fuera necesario. Ya no aguantábamos el calor”.

Los cobros de la energía eléctrica ocasionaban continuas fricciones. “Él se exalta mucho y nos grita. Incluso nos ha mandado a su hijo que es policía para que nos intimide. ‘Qué pedo traes con mi jefe’, nos decía el hijo cuando venía”, recuerda Alonso.

Edén Medina, el agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), hijo del dueño estuvo involucrado en un tiroteo en Boyle Heights que en 2016 le causó la muerte a Omar González de 36 años. 12 días después, Medina mató también a Jesse Romero de 14 años en otro incidente en Boyle Heights. En el caso de González, un jurado rechazó las acusaciones de homicidio por negligencia contra Medina, y los fiscales declinaron acusarlo.

Si desde de la pandemia, los conflictos eran constantes con el propietario, cuando le dejaron de pagar la renta se intensificaron. “Está buscando cualquier pretexto para provocarnos. Se me pone en frente como para que yo lo agreda y tener motivos para acusarme. Yo siempre mantengo la calma, porque ya de por si, mis hijos viven asustados con sus gritos. Un día que salí con mi hijo en un brazo; y en el otro, cargando un costal de ropa para la lavandería, él estaba a un lado, y dice que lo empujé. Ahora nos ha llevado a corte para que nos pongan una orden de restricción. Tenemos una cita en febrero”.

A partir de que estalló la crisis de salud, y ya no pudieron pagarle el alquiler, el casero no ha querido arreglarles nada. “El departamento está lleno de moho, cuando llueve se mete el agua por la ventana de la cocina, y el agua del baño se traspasa a la cocina. Mañana viene un inspector de la ciudad a verificar que no tenemos energía en los enchufes”.

Alonso está consciente de que el propietario quiere que desocupen el departamento y les hace la vida imposible para que se vayan. “Y nos queremos ir, porque no podemos vivir bajo hostigamiento todo el tiempo, pero no está tan fácil encontrar un lugar en medio de una pandemia, y mucho menos sin un empleo”.

La familia Ceceñas-Michel ha pasado momentos muy difíciles durante la contingencia sanitaria. “Comemos lo que nos dan en los bancos de comida. El gobierno nos apoyó al principio de COVID el año pasado, con una ayuda por única vez de $300 para cada niño, pero eso es todo”.

Lo que más desean es encontrar un abogado en temas de la vivienda que los ayuden a llegar a un arreglo con el propietario para mudarse y vivir en un ambiente más saludable que les permita que sus hijos no vivan con miedo.