¿Dónde vamos a vivir? Datos, proyectos e intentos de solución al problema de vivienda en América Latina

En conversaciones de café, en charlas de WhatsApp, en reuniones con amistades y familiares, hay una pregunta que se repite entre personas jóvenes:

¿Dónde y cómo vamos a vivir cuando seamos mayores?

Según la CEPAL, en 2020 América Latina y el Caribe estaba compuesta por 211 millones de personas entre 15 y 34 años, un 32,5% de la población total de la región. Al menos el 50% son mujeres y, en promedio, 9% son personas LGBTI+.

De todas estas personas, ¿cuántas son propietarias hoy de una vivienda? ¿Cuántas lograrán serlo en el futuro?

Si una persona latinoamericana de 25 años ganara un salario de 400 USD y destinara el 100% de sus ingresos a la compra de una vivienda de 55 m2, en promedio terminaría de pagarla alrededor de los 58 años. Si usara únicamente el 25% de ese sueldo, cumpliría su meta a los 158 años.

En 18 países de la región, el derecho a una vivienda digna tiene rango constitucional. Es decir, los países de América Latina reconocen la importancia de la vivienda como un derecho fundamental. Además, vivir dignamente es un derecho que habilita otros: “Porque si no tienes una vivienda no puedes ejercer tu derecho a la identidad, (…) el derecho a la protección familiar, el derecho a la educación. Hay toda una serie de derechos que están muy interconectados con la vivienda porque es la base para que las personas puedan hacer efectivo el ejercicio de otros derechos”, explica Carla Escoffié, especialista en derecho a la vivienda y escritora del libro “Ciudad sin techo”.

Sin embargo, para nadie es una sorpresa que –en la práctica– existen numerosas barreras para que el derecho a una vivienda digna se haga efectivo.

33 años de ahorro es la media de años necesarios para adquirir una vivienda de una o dos habitaciones en la región (si se ahorra el 100% de un salario mínimo).

El 50% de los empleos se realizan en mercados informales, muchos de ellos inestables, con bajos salarios y sin protección social.

«Con los sueldos de una persona trabajadora media es absolutamente imposible afrontar la cuota de un préstamo para una vivienda», Sergio Miranda, Director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo.

Lo que lees aquí es una investigación periodística y regional sobre acceso a la vivienda que pone foco en tres grupos poblacionales: jóvenes, mujeres y personas de la diversidad LGBTI+ en América Latina y el Caribe. Pero más allá de relatar las problemáticas, quisimos mostrar un panorama de las respuestas que algunas organizaciones, colectivos independientes y gobiernos están brindando para resolver esta situación.

Para ello, ponemos a tu disposición varias historias, así como análisis de proyectos, programas y legislaciones públicas al respecto. Ahora bien, tenemos que decirlo con todas sus letras: en muchos casos se trata de proyectos experimentales o en desarrollo, que no son –ni serán– soluciones sistémicas, o que presentan resultados insuficientes. Como sea, nos parece relevante mapearlos, investigarlos, entender sus logros y limitaciones, con el ánimo de que esta investigación sirva a otros colectivos, organizaciones, personas funcionarias públicas y gobernantes para tomar cartas en el asunto.

Para identificar estas soluciones o buenas prácticas, un equipo de 45 periodistas de 16 países de la región dedicamos más de cinco meses a leer 80 instrumentos legales y cerca de 80 proyectos de vivienda en 20 países de la región. De estos últimos, seleccionamos 10 para investigar su modelo de funcionamiento y sus niveles de éxito.

La dificultad de millones de personas en América Latina para acceder a una vivienda propia es un problema complejo y que atraviesa causas sociales, económicas y hasta culturales. Sin embargo, en todos los países, este problema deriva una situación adicional: la incertidumbre. No sabemos, en realidad, cómo vamos a vivir, dónde, ni cómo pagaremos el costo de una vivienda digna.

Para ponerlo en perspectiva: en toda la región existe un creciente aumento en la informalidad laboral y esta suele estar marcada por inestabilidad en el trabajo, ingresos bajos o variables y falta de protección social, lo que afecta de forma directa el poder adquisitivo de los jóvenes y la posibilidad de acceder a créditos o programas habitacionales.

Y este fenómeno no es menor. Según una recopilación de datos hecha para esta investigación que comparó el salario mínimo en nueve países de la región y los precios del metro cuadrado (m2) de uso habitacional (en 2023), se necesitaría una media de 33 años de ahorro para la compra de una vivienda de 70m2; esto si se ahorra el 100% del sueldo básico mensual, porque si el porcentaje del salario destinado para la compra del hogar es 25%, la media se eleva a 133 años de ahorros.

«Lamentablemente, los costos son inalcanzables, con los sueldos de una persona trabajadora media es absolutamente imposible poder afrontar la cuota de un préstamo para una vivienda», analiza Sergio Miranda, Director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Esto se agudiza cuando se trata de personas jóvenes, mujeres y la población LGTBI+.

Las dificultades que sufren los jóvenes para el acceso a la vivienda, según explicó Axel Murillo, investigador en derecho a la ciudad y conflictos urbanos de Colombia, «son las mismas barreras para el acceso al empleo, para el acceso al crédito y para el acceso a la salud». Teniendo en cuenta que seis de cada 10 jóvenes laboralmente activos está en la informalidad, el resultado son jóvenes precarizados sin capacidad de costear un hogar propio.

Si ponemos el foco en las mujeres, sabemos que -según la CEPAL para el 2022- el 25% de ellas no tienen ingresos propios en América Latina. En Colombia, por ejemplo, este porcentaje sube a 35%. En muchos casos son mujeres cuidadoras, con sueldos menores que sus pares masculinos, madres —en muchos casos solteras— que deben elegir entre cuidar, trabajar, maternar e impulsar su independencia. «Las mujeres en todos lados tienen problemas de acceso a la vivienda. El primero es justamente por la falta de ingreso, un ingreso formal», detalla Mónica Colin, decana de la Facultad de Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad EAN, en Colombia.

Y por supuesto, existen poblaciones históricamente discriminadas y perseguidas, que para subsistir han tenido que construir sus propias comunidades, fuera de los proyectos gubernamentales. «Nos están corriendo de nuestras casas, nos están matando allá afuera. Necesitamos tener un espacio seguro donde vivir», dice Octavio Mandujan, fundador de la Cooperativa Xochiquetzalli en Ciudad de México, organización LGBTI+ que lucha por el derecho a la vivienda digna y segura de personas de la diversidad.

La tasa de informalidad de los jóvenes laboralmente activos es del 60%, ampliamente mayor al 47% registrada por los adultos.

Por cada 100 hombres activos en el mercado laboral, solo hay 67 mujeres.

En LATAM hay muy pocos instrumentos legales que garanticen el acceso a la vivienda de personas de la diversidad LGBTI+.

Un mexicano con un salario mínimo de 360 USD puede tardar 190 años ahorrando para comprar una vivienda de una o dos habitaciones, si destina a este objetivo el 25% de dicho ingreso.

Sabemos que muchas cosas se están haciendo mal, pero es innegable que América Latina y el Caribe es una región de resistencias, lucha, resiliencia y creatividad. Por ello, para esta investigación pusimos la lupa en intentos de soluciones habitacionales enfocadas en atender algún grupo en particular, ya sean jóvenes, mujeres o colectivos LGBTI+.

Desde el norte de México hasta la latitud más austral de Argentina, Vivienda LATAM hace un recorrido regional por algunos intentos de soluciones al problema de la vivienda: desde un programa de créditos por el 100% del valor de una propiedad para jóvenes, hasta una cooperativa de la comunidad LGBTI+ que luchó por 20 años para acceder a su primera vivienda o subsidios de arriendo para víctimas de violencia de género.

Algunos de estos proyectos son apoyados por gobiernos u organismos financieros. Otros surgen de comunidades que han decidido autogestionar soluciones de vivienda para ellas mismas, con un apoyo gubernamental que va de moderado a casi nulo. Algunas han fracasado o quedado en un limbo. No obstante, unas pocas han logrado su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a pequeñas comunidades de personas.

El problema de la vivienda en América Latina y el Caribe es complejo, multicausal y requiere soluciones creativas y sistémicas. Requiere presupuestos y voluntad política. En ese sentido, no pretendemos romantizar ni alabar acríticamente los proyectos que presentamos. Queremos, en todo caso, crear un repositorio de información, datos y proyectos para recordarnos que la lucha por una vivienda digna es un esfuerzo necesario, comunitario y regional. Porque si no, ¿dónde vamos a vivir?

(*) Esta es una investigación realizada por la 7ma Generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y está disponible en la web: https://viviendalatam.distintaslatitudes.net/

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