Corte bloquea una ley de Florida que castiga a quien transporte migrantes indocumentados
Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes elogiaron el bloqueo temporal de la ley y reconocieron el daño que causó a las familias y comunidades de inmigrantes
Un juez federal en Florida bloqueó una parte de la ley antiinmigración del estado que criminalizaba el transporte de inmigrantes indocumentados. La sección 10 de la SB 1718 quedó en suspenso.
El juez Roy Ok. Altman dictaminó que la legislación excedía la autoridad del estado al tipificar como delito el traslado de inmigrantes indocumentados. La SB 1718 impuso duras penas, incluidos hasta 30 años de prisión para aquellos declarados responsables de ayudar a inmigrantes indocumentados y exigió a los hospitales que reciben Medicaid que informaran sobre la situación migratoria de los pacientes.
Cuando el gobernador Ron DeSantis firmó la ley en mayo de 2023, Florida dio paso a las leyes antiinmigrantes más estrictas del país. Inmigrantes y empleadores expresaron su preocupación por el impacto económico, ya que muchos trabajadores indocumentados, especialmente en la agricultura, podrían huir a otros estados para evitar ser arrestados y deportados.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Florida, una de las demandantes, informó del fallo y precisó que la corte bloqueó específicamente la sección 10 de la ley SB-1718.
La demanda, presentada a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y de varias personas afectadas, critica que esta sección ha puesto a miles de floridanos y residentes de otros estados en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave por transportar migrantes indocumentados.
Detalla que estos castigos incluyen actos tan simples como conducir a un miembro de la familia a una cita con el médico o a unas vacaciones familiares.
La abogada de ACLU Amien Kacou dijo que la de hoy es una victoria contra la “avalancha de leyes y políticas antiinmigrantes” en Florida, que perjudican tanto a ciudadanos y no ciudadanos.
“Esta orden reconoce el daño irreparable que la SB-1718 está causando a los inmigrantes, las familias y sus comunidades al usurpar inconstitucionalmente los poderes del gobierno federal para someterlos a castigos penales crueles sin previo aviso justo”, indicó.
Evelyn Wiese, abogada litigante de Americans for Immigrant Justice, dijo que el tribunal reconoció el daño que causa la medida.
Aplaudió que por ahora no puede usarse esta ley “para criminalizar a nuestros clientes o a la comunidad en general por transportar a familiares, amigos o compañeros de trabajo”.
Para Emma Winger, subdirectora jurídica del Consejo Estadounidense de Inmigración, este fallo significa libertad frente al miedo y mayor seguridad para las familias y comunidades minoritarias en Florida.
“A medida que los estados de todo el país aprueban cada vez más leyes injustas e inconstitucionales que afectan a las personas debido a su estatus migratorio, es fundamental que nuestros tribunales establezcan un precedente para proteger a estas familias en riesgo”, dijo.
“Esta ley es inconstitucional y pone a nuestros demandantes, a los miembros del FWAF y a la comunidad inmigrante en riesgo de arresto, procesamiento, detención obligatoria y separación familiar”, indicó Anne Janet Hernandez, abogada del Southern Poverty Law Center, otro de los demandantes.
*Con información de EFE.
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