El Departamento de Justicia demanda a Walgreens por presunta dispensación de recetas ilícitas
El Departamento de Justicia demanda a Walgreens por dispensar opioides y otras sustancias controladas sin cumplir con las normas médicas y legales
La popular cadena de farmacias Walgreens deberá pagar a personas que rechazó para trabajar en la empresa. Crédito: Shutterstock
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Walgreens Boots Alliance, una de las cadenas de farmacias más grandes del país, acusándola de haber dispensado sustancias controladas sin cumplir con los requisitos médicos y legales durante más de una década.
La acción legal, presentada en el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Illinois el 16 de enero de 2025, se centra en presuntas violaciones sistemáticas de la Ley de Sustancias Controladas (CSA) y de la Ley de Reclamaciones Falsas.
Según el gobierno, Walgreens habría procesado millones de recetas consideradas inválidas, innecesarias o que no cumplían con los estándares profesionales, afectando incluso programas federales de salud.
La denuncia sostiene que desde agosto de 2012, Walgreens permitió la dispensación de grandes cantidades de opioides y otras sustancias controladas, muchas veces en circunstancias que deberían haber levantado “banderas rojas”. Entre estas irregularidades se mencionan recargas prematuras de medicamentos y combinaciones peligrosas conocidas como la “trinidad”, que incluyen un opioide, una benzodiazepina y un relajante muscular, reconocidas por su alto riesgo de abuso. Además, se señala que la empresa ignoró informes de sus propios farmacéuticos y datos internos que alertaban sobre posibles violaciones.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Walgreens no solo incumplió su deber de verificar la legitimidad de las recetas, sino que también presionó a sus empleados para que procesaran recetas de manera rápida, descuidando las verificaciones necesarias. Asimismo, la demanda destaca que la cadena ocultó información clave a los farmacéuticos, dificultando su capacidad para identificar y denunciar prescriptores sospechosos.
El fiscal general adjunto principal, Brian Boynton, expresó que esta acción busca responsabilizar a Walgreens por permitir la distribución de sustancias controladas bajo condiciones irregulares durante años. “Nuestra denuncia alega que los farmacéuticos de Walgreens procesaron millones de recetas ilegales, mientras la empresa priorizaba la rapidez sobre el cumplimiento de la ley. Estas prácticas permitieron que millones de pastillas de opioides y otros medicamentos salieran ilegalmente de las tiendas Walgreens, exacerbando la crisis de opioides en el país”, declaró.
La demanda surge en un contexto en el que el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para abordar la epidemia de opioides, que ha causado devastación en comunidades de todo el país. Este caso sigue a una denuncia civil presentada en diciembre de 2024 contra CVS Pharmacy, acusándola también de dispensar recetas consideradas ilegales.
El Departamento de Justicia sostiene que las acciones de Walgreens no solo violaron leyes federales, sino que contribuyeron al agravamiento de una crisis de salud pública al dispensar medicamentos altamente adictivos sin justificación válida. La cadena habría lucrado de manera indebida al buscar reembolsos de programas federales de atención médica por recetas ilegítimas, lo que representa una doble infracción: el incumplimiento de sus obligaciones legales como dispensador y un perjuicio financiero al sistema de salud pública.
El caso podría marcar un precedente importante en la rendición de cuentas de grandes corporaciones farmacéuticas y de distribución, particularmente en lo que respecta al papel que desempeñan en la supervisión y control de las sustancias controladas que dispensan. Por su parte, Walgreens aún no ha emitido una declaración pública detallada sobre las acusaciones, aunque se espera que la empresa argumente su defensa en las próximas semanas.
Mientras tanto, la presión continúa aumentando sobre el sector farmacéutico y las cadenas de distribución para implementar controles más rigurosos que impidan el uso indebido de sustancias controladas y reduzcan los riesgos asociados con su manejo inadecuado. Este litigio subraya la responsabilidad compartida de todas las partes en el sistema de salud para prevenir la explotación del acceso a medicamentos controlados y proteger a las comunidades vulnerables del impacto devastador de las prácticas negligentes.
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