Trump enfrenta nuevos desafíos legales por castigo a ciudades santuario que protegen e inmigrantes

El gobierno del presidente Donald Trump enfrenta una demanda de Somerville y Chelsea, en Massachusetts, por recortar los fondos federales a ciudades santuario que protegen e inmigrantes.

“El presidente no puede utilizar la financiación federal como arma para obligar a los gobiernos locales a socavar la seguridad pública y sus valores y participar en sus esfuerzos de deportación masiva”, dijo el lunes Oren Sellstrom, director de litigios de Lawyers for Civil Rights, uno de los abogados de las ciudades. “La demanda de hoy busca proteger a las ciudades santuario y acogedoras, para que puedan seguir tomando decisiones de seguridad pública que sean en el mejor interés de sus residentes”.

La demanda desafía las órdenes del presidente Trump y los lineamientos del Departamento de Justicia, liderado por la fiscal general Pam Bondi, que recorta los fondos federales a las ciudades y estados que no ayuden al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en acciones migratorias.

La presión de la Administración Trump es que los gobiernos estatales colaboren más con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los estados conocidos como santuario son California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, el estado de Washington y la ciudad de Washington, D.C.

Además, hay decenas de jurisdicciones con políticas santuario, que no promueven la persecución de inmigrantes, pero destacan al menos 10 grandes ciudades, como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, San Diego, San José, Columbus (Ohio), San Francisco, Seattle y Denver.

Otras ciudades más pequeñas también tienen políticas santuario, como Somerville que las implementa desde 1987 y Chelsea desde 2007, ambas en Massachusetts.

Ambas ciudades también demandan a la Administración Trump por presunta persecución de funcionarios si no se adscriben a las guías migratorias del actual gobierno, bajo el argumento de que estarían incumpliendo la ley de inmigración sobre “casos que amenacen la seguridad pública y la seguridad nacional”, según las posiciones del Departamento de Justicia.

“Las jurisdicciones estatales y locales deben cumplir con las leyes federales aplicables relacionadas con la inmigración”, dice el memorando de la fiscal general Bondi. “Los actores estatales y locales no pueden impedir, obstruir o incumplir de otro modo las directivas legales relacionadas con la inmigración de conformidad con la autoridad del Artículo II del Presidente para garantizar la seguridad nacional, la Ley de Inmigración y Nacionalidad u otras autoridades”.

El temor de deportaciones injustas

El administrador de la ciudad de Chelsea, Fidel Maltez, dijo las comunidades migrantes temen acciones migratorias de cualquier indocumentado y ante tal miedo estas personas pueden, por ejemplo, dejar de denunciar delitos.

“La seguridad pública es la máxima prioridad para la ciudad de Chelsea; no podemos permitirnos que nuestros residentes teman denunciar delitos o interactuar con las fuerzas del orden locales, ya que esto socava la seguridad de todos en nuestra comunidad”, dijo Maltez.

La alcaldesa de Somerville, Katjana Ballantyne, criticó el recorte de fondos federales para presionar a las ciudades que ayudan a inmigrantes.

“El acoso a las ciudades santuario no es sólo un ataque a los inmigrantes o a las ciudades, es un ataque a todos nosotros, a los derechos estatales y locales, a la economía y a la Constitución”, consideró.

La ofensiva de republicanos contra ciudades santuario también ocurren desde el Congreso, donde se presentó  el proyecto de “Ley de No Rescate para las Ciudades Santuario”.

“Como parte de la amplia agenda de deportaciones masivas de Trump (que ya se ha dirigido a veteranos militares, ciudadanos estadounidenses y niños), el Congreso está dispuesto a considerar un proyecto de ley que despojaría a los estados y localidades de miles de millones de dólares en fondos federales, cortando los servicios esenciales de los que dependen las familias”, advirtieron varias organizaciones, como el Immigration Hub, Centro de Derecho y Política Social, en un comunicado a inicios de febrero.