Trump otorga aún más poder a Elon Musk y DOGE con nueva orden ejecutiva

El presidente Donald Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva para darle más poder sobre la fuerza laboral federal al multimillonario tecnológico Elon Musk, lo que se suma a la rápida y amplia consolidación de la influencia política de Musk y de su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La medida, en la práctica, expande el poder de Musk para intervenir en la Administración pública a través de su labor en DOGE y obliga a las agencias a colaborar con él.

En concreto, la orden de Trump instruye a las agencias a colaborar con el equipo de DOGE para revisar contratos y subvenciones, con el objetivo de reducir, modificar o incluso cancelar los mismos, según el texto de la orden.

El proceso para modificar o anular contratos ya vigentes comenzará “de inmediato” y se dará prioridad a aquellos vinculados a “instituciones educativas y entidades extranjeras en casos de despilfarro, fraude y abuso”, de acuerdo con la orden.

Asimismo, se exige a las agencias que establezcan un sistema para “registrar cada pago” relacionado con contratos y subvenciones, además de proporcionar una “breve justificación por escrito” para cada uno, algo que ya es una práctica habitual en varios departamentos.

También se ordena a las agencias federales “coordinar y consultar” con DOGE para recortar empleos y limitar las contrataciones, según un resumen proporcionado por la Casa Blanca.

La orden ejecutiva se publicó tras la primera reunión de gabinete de Trump, en la que Musk, pese a no ser miembro, tuvo un papel destacado exponiendo sus esfuerzos en DOGE para reducir la burocracia y combatir lo que calificó de “fraude”, aunque no aportó pruebas al respecto.

La orden aumenta aún más el poder que Musk ha adquirido dentro de la Administración, lo que ha suscitado el rechazo de empleados públicos, sindicatos y la oposición demócrata, que denuncian el control del magnate sobre las actividades y su falta de transparencia.

Hasta ahora, Musk ha tomado decisiones drásticas, como el desmantelamiento de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), la congelación de la ayuda humanitaria de Estados Unidos y la oferta de indemnizaciones a empleados públicos para incentivar su renuncia, bajo la amenaza de despidos forzosos para quienes no las acepten.

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