Polémica en el Seguro Social por nuevo requisito de identificación en persona

En días pasados, la Administración del Seguro Social (SSA) anunció que implementaría un nuevo requisito para la verificación de identidad en persona, lo que ha generado una gran polémica entre los jubilados y los defensores del Seguro Social en los Estados Unidos.

A partir del 31 de marzo, millones de beneficiarios deberán acudir personalmente a las oficinas del Seguro Social para completar el proceso de verificación, lo que ha encendido las alarmas de legisladores, grupos de defensa y personas mayores que dependen de este servicio. La preocupación se centra en cómo esta medida afectará a una población vulnerable, especialmente aquellos con recursos limitados y acceso restringido a Internet.

Este nuevo requisito afectará a quienes necesiten verificar su información bancaria o la de sus hijos que reciben beneficios del Seguro Social. La SSA argumenta que estas medidas son necesarias para combatir el fraude y el mal uso de los fondos, algo que tanto el expresidente Donald Trump como su administración señalaron como un problema recurrente.

El cambio ha sido recibido con fuertes críticas. Muchas personas ven esta medida como una barrera innecesaria para quienes ya enfrentan dificultades para acceder a los servicios del gobierno.

Lo que agrava la situación es que, además de este nuevo requisito, la SSA ha anunciado el cierre de varias oficinas en todo el país. De acuerdo con datos de la Casa Blanca, 47 oficinas del Seguro Social están programadas para cerrar, y 26 de ellas lo harán este año, con algunas de estas cierres previstos para el mes próximo. La combinación de estas oficinas cerradas y la nueva exigencia de verificar la identidad en persona ha levantado temores de que el sistema se colapse debido a la sobrecarga de solicitudes.

Nancy LeaMond, directora de defensa de AARP, expresó su preocupación por el impacto que tendrá esta medida en los beneficiarios, especialmente en los más mayores. LeaMond indicó que la eliminación de la verificación por teléfono “resultará en más dolores de cabeza y tiempos de espera más largos para resolver problemas de servicio al cliente”. Esta situación pone en riesgo a las personas mayores que dependen de sus cheques del Seguro Social para su subsistencia diaria.

“La SSA debe ser transparente sobre los cambios en sus servicios y buscar la opinión de los estadounidenses mayores que se verán afectados. Cualquier retraso en la Seguridad Social causado por este cambio puede significar graves dificultades económicas”, afirmó LeaMond.

Además, un grupo de 62 legisladores demócratas envió una carta al comisionado interino de la SSA, Leland Dudek, para expresar su preocupación por los efectos negativos que estas reformas podrían tener sobre los beneficiarios en áreas rurales o con acceso limitado a Internet. Según los congresistas, exigir que las personas busquen ayuda únicamente en línea o en persona en las oficinas de la SSA generará barreras adicionales para quienes viven lejos de las oficinas y no tienen los medios para viajar largas distancias.

La situación también afecta a familias con niños pequeños, ya que estos no pueden crear cuentas en línea a través del servicio “Mi Seguro Social”. Esto obligará a los padres a ir físicamente a las oficinas del Seguro Social para completar el proceso, lo que representa un desafío adicional para las familias con bajos recursos.

El gobierno de Kentucky, por ejemplo, ha expresado su preocupación por los adultos mayores que viven con ingresos fijos y que, a menudo, no tienen los recursos para viajar largas distancias. El gobernador Andy Beshear señaló que muchos de estos ciudadanos no tienen los medios para desplazarse y, por lo tanto, enfrentarán dificultades para acceder a los servicios que necesitan. Este tipo de medidas, a juicio de muchos, parece estar alejando a los más vulnerables del sistema que deberían ser capaces de acceder sin tantos obstáculos.

El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, defendió la medida, afirmando que “con esto cuidamos de las personas mayores” de los fraudes.

Por su parte, Dudek justificó el cambio diciendo que cada año se pierden $100 millones de dólares en fraudes relacionados con depósitos directos. Sin embargo, las cifras citadas por la SSA también revelan que el fraude no ha alcanzado cifras tan alarmantes como las que el gobierno sugiere, lo que ha generado aún más dudas sobre la real necesidad de esta reforma. La agencia distribuye aproximadamente $1.6 billones de dólares en beneficios de vejez y discapacidad anualmente.

Entre los beneficiarios del Seguro Social, hay quienes temen que este cambio sea solo el inicio de una serie de recortes que puedan poner en riesgo la estabilidad del sistema. Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, advirtió que este tipo de reformas “hará mucho más difícil para el pueblo estadounidense reclamar los beneficios que se ha ganado” y podría generar retrasos significativos en los pagos, lo que podría, en el peor de los casos, colapsar el sistema.

Para muchos, la nueva medida solo refuerza la sensación de que el gobierno está trabajando para desmantelar el sistema del Seguro Social, algo que ha sido defendido por ciertos sectores políticos que incluso promueven la privatización del sistema.

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