Habrá pérdidas millonarias en el condado de Orange si se sigue entregando a la gente para deportación, estudio

Las deportaciones masivas planeadas por el gobierno de Donald Trump están teniendo un fuerte impacto económico no solo entre comunidades de inmigrantes, sino que la colaboración continua del Departamento del Sheriff del condado de Orange (OCSD) con ICE agrava la situación y socava la confianza del público en las autoridades.

Esa es una de las conclusiones del informe del Instituto Harbor para la Justicia Inmigrante y Económica donde se revela que el Tribunal de Inmigración de Santa Ana tiene aproximadamente 15,742 residentes de ese condado con casos de deportación pendientes.

Si todos esos miles de personas fueran arrestadas y entregadas para ser repatriadas por autoridades de inmigración, el costo colectivo de la pérdida de ingresos laborales sería de aproximadamente $161.5 millones de dólares.

De la misma forma, el condado de Orange podría perder hasta $258.4 millones de dólares en actividad económica y los gobiernos locales se quedarían anualmente sin un promedio de $26.6 millones de dólares, tan solo en impuestos estatales y locales.

“No podemos tener a un sheriff [Don Barnes] que utilice los recursos económicos del gobierno para hacerle el trabajo a inmigración”, dijo a La Opinión, Carlos Perea, director ejecutivo del Harbor Institute for Immigrant & Economic Justice.

Gastos millonarios en entregar a inmigrantes a ICE

Perea indicó que el condado de Orange gasta $2 millones en las tareas de inmigración que emanan de la oficina de Barnes.

“Los miembros de la Junta de Supervisores van a tener que tomar una postura a favor de la comunidad y en contra de las deportaciones, porque si no esto no solamente les va a costar en los bolsillos del condado, sino también políticamente”, advirtió Pérez.

El condado de Orange alberga una gran población inmigrante e indocumentada. Se estima que la cifra oscila entre 236,000 y 336,000 personas, de una población total de 3.17 millones.

“La mayoría de nuestros residentes ya son inmigrantes y refugiados y están cambiando las dinámicas de las políticas aquí”, declaro Carlos Perea. “También tenemos una supervisora [Janet Nguyen] que representa a una grande comunidad grande vietnamita y ante la presentación de números, ella ha dicho que la comunidad vietnamita es la segunda más impactada por las deportaciones”.

El director ejecutivo del Instituto Harbor subrayó que, aunque los supervisores no quieren hablar del tema migratorio, “mucho van a tener que hacer y actuar si Trump realmente sigue su plan de deportaciones masivas. De no hacerlo, no creo que vayan a sobrevivir políticamente, ni entre los latinos, ni entre los vietnamitas”.

Entrega de inmigrantes a ICE

Robert L. Villegas, portavoz del supervisor Vicent Sarmiento (Distrito 1), dio a conocer que, en 2024, la oficina del alguacil transfirió a 228 personas para deportación y la ley SB 54 (Ley de Valores de California) protegió a 456 individuos de ser expulsados de Estados Unidos.

En comparación con 2023, el Departamento del Sheriff remitió 302 casos a ICE de personas con órdenes de detención migratoria que estaban bajo su custodia, y agentes de ICE llegaron y arrestaron a 221 de ellas. Esto representa aproximadamente el 73 %.

En comparación con condados circundantes: en 2024, Los Ángeles no registró ningún traslado ni realizó derivaciones al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE); en 2023, el condado de San Diego realizó ,059 evaluaciones y derivó a 185 personas a ICE, pero la agencia solamente recogió a 25 personas.

Mientras en el condado de San Bernardino, la oficina del sheriff realizó 1,019 evaluaciones de inmigrantes encarcelados y derivó a 76 personas a “la migra”, pero las autoridades solamente se encargaron de deportar a cuatro personas.

“Aquellas personas que son detenidas por ICE tras ser notificadas por el Departamento del Sheriff, enfrentan un doble castigo. Primero, por el delito por el que fueron arrestadas y segundo, la detención y deportación”, dijo el supervisor Vicent Sarmiento.

Agregó que lo anterior tiene un efecto disuasorio entre la población inmigrante, que puede ser testigo o víctima de un delito, pero que hace a las personas reacias para denunciar sus experiencias a las autoridades por temor a perder su libertad.

El abogado y político de origen boliviano destacó que el año pasado su oficina logró obtener fondos del condado para un “Abogado Padilla” adicional en la Oficina de Defensores Públicos. Estos abogados asesoran a los inmigrantes sobre el posible impacto que una condena puede tener en su estatus migratorio, lo que podría protegerlos de consecuencias evitables de deportación.

“También ayudamos a restablecer la comunicación entre el Departamento del Sheriff y el Consulado de México para garantizar que se realicen las notificaciones consulares y que el Consulado pueda defender a sus ciudadanos al enterarse de su arresto”, enfatizó Sarmiento.

“Cumplan con sus responsabilidades”

El reporte titulado “Impactos económicos de la detención y la deportación en el condado de Orange: una necesidad urgente de inversión en justicia migratoria” fue preparado por Mai Nguyen Do para el Instituto Harbor para la Justicia Económica y de Inmigrantes.

La información contenida en el informe sobre el costo potencial de los traslados de OCSD a ICE fue analizada y compilada por la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine.

“En definitiva, nuestra petición es simple: que los funcionarios electos locales cumplan con sus responsabilidades hacia las familias del Condado de Orange y protejan nuestra economía local, garantizando proactivamente que ningún recurso o funcionario de una agencia pública sea un engranaje en la maquinaria de deportación”, expresó Mai Nguyen Do.

La también activista comunitaria precisó que, de hecho, si las autoridades realmente quieren proteger a las familias, fortalecer la seguridad pública y fortalecer la economía, los funcionarios electos deberían hacer todo lo posible “para desmantelar por completo la cruel maquinaria de deportación antes de que sea demasiado tarde”.

Sandra Cerpas, propietaria de Cassandras Bridal, un negocio de venta de vestidos para quinceañeras y accesorios para bautismos y primeras comuniones criticó la colaboración del Departamento del Sheriff del condado de Orange con autoridades de inmigración.

“Por el miedo que han causado, el negocio está muerto; ha habido semanas que no gano ni un dólar y hasta estoy pensando que si esto no mejora en dos meses cierro para siempre”, dijo la mujer de origen michoacano, quien ha tenido su tienda por más de una década en la calle Cuatro de Santa Ana.

Por su parte, Sammy Pérez, vendedor de tacos en una lonchera y originario de Chalatenango, El Salvador, coincidió con la señora Cerpas.

“Se está poniendo duro. La gente no está saliendo a comprar”, afirmó. “Yo estoy de acuerdo que agarren a los criminales, pero no a las personas que trabajan y no le hacen daño a nadie. Nosotros venimos a este país a trabajar, no a quitarle nada a nadie”.

Para el supervisor Sarmiento, “se necesita valor político” para defender a los inmigrantes.

De hecho, él presentó recientemente una resolución a la Junta de Supervisores en apoyo de los derechos de niños ciudadanos que podrían ser separados de sus padres indocumentados. La resolución fue aprobada 3-2.