Arresta Patrulla Fronteriza a enfermera que hacía patrullaje comunitario contra redadas

Amanda Trebach, una enfermera que de manera voluntaria patrulla las calles de Los Ángeles para detectar la presencia de agentes inmigración en los barrios, fue arrestada de manera violenta este viernes 8 de agosto por elementos enmascarados de la Patrulla Fronteriza en Terminal Island en San Pedro acusada de obstruir la justicia federal.

“Fue secuestrada por hombres que no se identificaron. La están acusando de atacar el carro de uno de los agentes. Tenemos evidencia de que eso no pasó, y esto es otro ejemplo de que mienten para arrestar a la gente por defender nuestros derechos y hacen lo que quieren porque nadie los hace responsables por uno de sus actos”, dijo Lupe Carrasco Carmona de la Unión del Barrio, la organización de patrullaje comunitario, liderada por el maestro y activista Ron Góchez.

Trebach es una ciudadana estadounidense, nacida en este país, que estuvo haciendo patrullaje comunitario, monitoreando la actividad vehicular  alrededor de la Terminal Island por varios meses.

“Es una enfermera que sirve a las comunidades pobres de Watts, Compton y el sur centro de Los Ángeles”, dijo Carrasco Carmona en una conferencia de prensa desde el mismo lugar donde se llevaron a Trebach, en el Japanese Memorial.

“Esto no fue un arresto al azar. Ella ya había reportado a la  Unión del Barrio que cuando documentaba una caravana que venía desde Home Depot Hollywood donde se llevó a cabo una redada rumbo a Terminal Island, dos vehículos intentaron bloquearla y dos agentes saltaron a su vehículo e intentaron lastimarla. Por suerte pudo irse antes de que la secuestraran.

Sin embargo, señaló que este viernes 8 de agosto los agentes la identificaron y la arrestaron por su activismo político.

“Por esa razón, estamos denunciando al gobierno de Estados Unidos por secuestrarla y hacer de ella una prisionera política. Pedimos que la liberen ahora mismo y no se le impongan cargos”.

Maya Suzuki, una maestra y organizadora que es parte del patrullaje de la Unión del Barrio en el Harbor Area, el área del puerto de Los Ángeles, dijo que ellos de manera pacífica ejercen su derecho a observar, documentar y compartir información con la comunidad. 

“Todo lo que hacemos es legal y dentro de los límites de los derechos constitucionales. No podemos decir lo mismo de los agresores enmascarados que cambian de placas y ponen las mismas en múltiples carros, sin identificarse como miembros de una agencia federal y manejan erráticamente”.

Suzuki, quien enseña en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, dijo que no se equivoquen los agente mercenarios, ya que no se dejaran intimidar.

Ed, el compañero de Amanda por los dos últimos años y medio, también trabajador de la salud, dijo con la voz entrecortada por la emoción, que a pesar de que ella regresa cansada de sus jornadas de 12 horas como enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos, tiene una fuerte determinación por ayudar a la gente a que se mantenga segura. 

“Esto que le pasó no debió ser porque ella se sacrifica mucho por nosotros, y lo hace con todo su corazón. Ese es el tipo de personas que los terroristas secuestran”.

Ni los organizadores de la Unión del Barrio ni su compañero saben si Amanda está en la cárcel federal en el centro de Los Ángeles o en Santa Ana. La única información que obtuvieron es que la están procesando.

El arresto de Amanda junto con las redadas al Home Depot del barrio de Westlake en Los Ángeles el miércoles 6 de agosto y otro redada en el Home Depot de la calle 21 de San Bernardino, que dieron como resultado el arresto de alrededor de 16 inmigrantes, entre jornaleros y vendedores ambulantes, se da a casi una semana de que un juez federal en Los Ángeles emitió una orden de restricción temporal contra las redadas de inmigración enfocadas en detener personas por su raza, idioma, lugar y ocupación, solo teniendo como sospecha que por estos factores son indocumentados.

“Esta base (Terminal Island) ha sido utilizada para realizar redadas que, hasta el momento, siguen violando la Orden de Restricción Temporal confirmada por el Noveno Circuito”, declaró el concejal Tim McOsker.

“Quienes llevan a cabo estas operaciones de control migratorio intentan intimidar y silenciar a personas, como los miembros de la Patrulla de Paz del Área Portuaria, que ejercen sus derechos constitucionales. Me uno a los miembros de la Patrulla de Paz del Área Portuaria para exigir la liberación de Amanda Trebach”.

Justo un día después de la redadas en el Home Depot del barrio Westlake de Los Ángeles, la Administración Trump presentó una petición para pedir a la Corte que levante la orden temporal que actualmente prohíbe a las agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuar con sus operativos de arrestos en Los Ángeles y los condados aledaños.

“Cuando agentes de inmigración enmascarados y armados secuestraron a personas en las calles del sur de California simplemente por su apariencia de latinos o trabajadores de bajos ingresos, toda la nación vio cómo las redadas imprudentes y crueles del gobierno federal desgarraron el tejido de una de las regiones más vibrantes y diversas de Estados Unidos”, dijo el abogado de la Fundación ACLU del sur de California, Mohammad Tajsar.

“El gobierno federal ha recurrido ahora a la Corte Suprema para solicitarle que anule una orden judicial restrictiva —aplicable solo en un distrito judicial— que simplemente los obliga a cumplir con la Constitución.

“Esperamos presentar nuestro caso ante la Corte Suprema, demostrando que el gobierno federal no puede privar a las personas de su libertad sin justificación, independientemente de su estatus migratorio”.

Mientras tanto, la fiscal municipal Hydee Feldstein Soto anunció que su oficina presentó una demanda enmendada que añade a 13 ciudades más de cuatro condados en la demanda federal que lidera la ciudad de Los Ángeles contra las presuntas actividades de control de inmigración ilegal de la Administración Trump. 

La demanda, Vasquez Perdomo v. Noem, fue presentada el mes pasado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Public Counsel y otros abogados de inmigración y derechos civiles. 

En ella se alega que el gobierno federal, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (“ICE”) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (“CBP”), ha realizado detenciones, redadas y redadas inconstitucionales e ilegales sin sospecha razonable ni causa probable, y busca impedir que las agencias utilicen una fuerza desproporcionada en el desempeño de su labor. 

La oficina de Feldstein Soto, junto con el Condado de Los Ángeles y las ciudades de Pasadena, Santa Mónica, Culver City, Pico Rivera, Montebello, Monterey Park y West Hollywood, presentaron rápidamente una moción para intervenir en el caso el 7 de julio con el fin de que el gobierno apoyara las reclamaciones de los demandantes.

Las nuevas ciudades que se unen a la coalición son: Long Beach, Pomona, South Gate, Lynwood, Huntington Park, Paramount, Bell Gardens, Beverly Hills, Anaheim, Santa Ana, la ciudad de Santa Bárbara, Carpintería y Oxnard.

“Desde que comenzaron estas redadas ilegales en Los Ángeles el 6 de junio, he sostenido que toda persona en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tiene derecho a protección constitucional contra las actividades de cumplimiento de la ley que hemos presenciado”, declaró Hydee Feldstein Soto, fiscal de la ciudad de Los Ángeles. 

“Siempre defenderemos a nuestras comunidades y el estado de derecho. Gracias a nuestra creciente coalición que representa a múltiples jurisdicciones del sur de California”.