Latinos presentan queja legal contra el Gobierno de Trump

Andrea Vélez, Cary López Alvarado, Javier Ramírez, Juan Carlos Ramírez,  Ángel Piña, ciudadanos estadounidenses y Juan Gilmar Rivas, un residente legal permanente son los primeros seis individuos que han entablado reclamos legales en contra del gobierno federal, como preludio de una demanda federal por haber sido detenidos, arrestados, golpeados brutalmente y encarcelados injustamente por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) o de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). 

Si bien todos los casos narrados en la oficina de los abogados Luis y Michael Carrillo, -que fueron captados en video- muestran el uso de fuerza excesiva, el caso de Cari López Alvarado fue particularmente perturbador. 

Con nueve meses de embarazo, la joven madre fue agredida físicamente sin justificación el 8 de junio. Su bebé, Kailani, nació prematuramente cinco días después de su arresto. 

“Agentes de la Patrulla Fronteriza y de ICE la detuvieron y arrestaron ilegalmente”, indica la querella. “Interfirieron con su libertad de movimiento”. En su caso, los abogados reclaman falso arresto, agresión y lesiones. 

A todos ellos, presuntamente las autoridades federales les aplicaron el perfil racial por ser latinos e inventaron cargos criminales para justificar las detenciones. En algunos casos retiraron los cargos por falta de pruebas para llevarlos a juicio. 

En el caso de Cary, el reclamo legal señala que hubo violación del artículo 52.1 del Código Civil de California, también conocido como la Ley de Derechos Civiles Tom Bane, que protege a las personas de la injerencia en sus derechos constitucionales y legales mediante amenazas, intimidación o coerción.  

“Me estaban empujando y usaron mucha agresión contra mí, aunque sabían que tenía mi panza”. declaró Cary. “Y aunque estaba embarazada, no les importó y usaron como tres agentes nomás para agarrarme. Yo no tenía nada de fuerzas para pelear”. 

Dijo que lo único que le importaba era proteger a su bebe. 

“No me importaba si me lastimaban las manos o los pies…Cada vez que veo los videos, todavía me trae lágrimas porque es algo que de verdad me causó mucho temor”. 

Aquel día, alrededor de las 3:30 p.m., los agentes perseguían a Bryan, el novio de Cary, a quien pretendieron arrestar en la propiedad privada ubicada en el 4350 al oeste de la calle 120, en la ciudad de Hawthorne. 

Cary llamó a la policia de Hawthorne. Ningún policia acudió a su auxilio. 

Afirmó que uno de los agentes de inmigración le dijo: “You wanna get killed” “[Quieres que te maten]”. 

Otra presunta violación cometida en contra de la víctima es el artículo 52.1 del Código Civil de California, también conocido como la Ley de Derechos Civiles Tom Bane, que protege a las personas de la injerencia en sus derechos constitucionales y legales mediante amenazas, intimidación o coerción. Permite a las personas demandar por daños y perjuicios, medidas cautelares y otras reparaciones pertinentes cuando sus derechos han sido violados por dicha injerencia. 

Reporte lleno de mentiras…la inacción del LAPD 

El 24 de junio, los oficiales identificados como C.G. y Corey Crook fueron parte de un grupo de 20 agentes que efectuaron una redada en el centro de Los Ángeles en el 110 este de la calle Nueve donde privaron de su libertad a Andrea Vélez, ciudadana estadounidense de 31 años. 

Margarita Flores y su hija Estrella llevaron a Andrea a su trabajo. 

“Todo pasó rápido”, recordó a la chica de apenas un metro y medio de estatura y 120 libras de peso, a quien el gobierno federal le impuso cargos por “intimidar” a los agentes. 

“Ellos estaban vestidos casualmente y enmascarados”, dijo. “Nunca se identificaron como ICE. Estaban listos para atacar a la gente; nunca mostraron una orden de arresto…querían agarrar a cualquier persona”. 

Andrea aseguró que uno de los agentes corrió hacia ella, y, aunque uso su bolsa como protección, fue derribada y cayó de espaldas al suelo. 

La madre denunció el “secuestro” de su hija al 911, pero, contrario a lo que esperaba de la policia de Los Ángeles (LAPD), estos -visiblemente en un video- le dieron la espalda y permitieron su arresto injusto e inconstitucional. El argumento que manejó el LAPD fue que su presencia solamente fue “para mantener la seguridad pública”. 

“Nuestra vida no ha vuelto a ser la misma, porque todavía siento que el abuso que sufrió mi hija fue algo injusto”, dijo Margarita Flores, a La Opinión. “Ninguna familia merece pasar por el sufrimiento de ver como a los hijos de uno ha criado para que ellos sean unos buenos ciudadanos les toque vivir esta crueldad”. 

Con ironía en sus palabras, dijo que esperaba que el agente de ICE que maltrató a su hija, “con ese dinero que él recibió por capturar a mi hija, quisiera saber cómo fue que alimentó a su familia y a sí mismo. Ojalá y que les haya hecho provecho, porque es un dinero que fue mal habido, porque fue a costa de las lágrimas y el sufrimiento de una madre y sus hijas”.  

Su hija había sido detenida por 48 horas hasta que fue liberada bajo fianza. El 26 de junio, un juez federal ordenó su libertad y el caso desestimado sin perjuicio según las normas federales de procedimiento penal. 

“Cárcel para los agentes de ICE” 

El 4 de julio, Juan Gilmar Rivas, poseedor de una tarjeta verde como residente legal permanente de Estados Unidos fue detenido y apaleado sin causa probable para su detención en una tienda Home Depot de Inglewood. 

“En lugar de que [los agentes de ICE] revisaran sus papeles, fue brutalmente lanzado al piso, detenido y golpeado por agentes federales”, muestra la queja legal en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE y CBP. 

Rivas sufrió múltiples contusiones y dolor en todo el cuerpo al ser arrojado al suelo. Los agentes no tenían pruebas para acusarlo de ningún delito, ya que no interfería con la detención de otras personas. Por lo tanto, los agentes federales son responsables de arresto injusto, dijeron los abogados. 

“Solamente fui a una clínica para que me atendieran”, reveló Rivas, un guatemalteco de Huehuetenango. “Estuve varios días sin poder caminar porque se me hinchó muchísimo un pie”. 

Cuestionado sobre las llamadas al 911 de la comisión de presuntos secuestros de personas, incluyendo inmigrantes y ciudadanos- y la respuesta de distintas agencias de policia en el sur de California -incluyendo LAPD- que negaron siempre cualquier participación en las redadas, pero que actuaron “para proteger la seguridad pública”, el abogado Luis Carrillo dijo: “La solución es demandar a la ciudad de Los Ángeles porque estaba cooperando con los de ICE y la patrulla fronteriza”. 

“No deben hacer eso. Violaron la Ley Especial 40. Ellos están para proteger al pueblo, a la gente. Pero si se están aliados con los agresores con que están brutalizando nuestra gente. No hay justicia”.  

Para el abogado, justicia es “arrestar, encarcelar y castigar a los criminales del ICE y de Border Patrol. Para mí eso sería la solución. Que sean arrestados y procesados porque son delincuentes. No son personas de la ley. Eso es lo que yo quiero ver, pero jamás van a archivar cargos porque son los achichincles del presidente Trump”. 

A su juicio, el presidente de Estados Unidos solamente quiere los agentes de inmigración no sean justos o que traten a la gente con dignidad. 

“Trump quiere que los enmascarados golpeen a toda nuestra gente, ciudadanos o no”, afirmó. 

Al cierre de edición, ni el DHS, ICE ni CBP respondieron a un comentario sobre la presentación de los reclamos legales. 

No obstante, la administración Trump ha defendido el uso de perfiles raciales parta detener a inmigrantes -y ciudadanos estadounidenses de tez morena-. 

De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó de “emergencia” a la Corte Suprema que detenga la orden de un juez de California que prohibía los arrestos basados en factores como hablar español o trabajar en la construcción.