Los productores de ‘Sicario’

Vivimos tiempos de gran confusión en México. Me refiero a una confusión alimentada por la polarización política interna, pero también por dinámicas que parecen trascender nuestras fronteras y que se insertan en una nueva lógica de presión, confrontación y espectáculo en la relación entre México y Estados Unidos.

El reciente reportaje de Los Angeles Times y Puente News Collaborative sobre el supuesto retiro de visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya, así como sobre presuntas investigaciones estadounidenses relacionadas con delincuencia organizada, ha generado una tormenta política y mediática de enormes proporciones. Por una parte, resulta difícil pensar que un medio de la trayectoria de Los Angeles Times y periodistas con décadas de experiencia hayan publicado una historia de esta magnitud sin un proceso riguroso de corroboración. Una noticia de tal relevancia no suele depender de una sola fuente ni de información obtenida a la ligera. Por otra parte, los gobernadores involucrados han rechazado categóricamente los señalamientos, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha denunciado una posible intromisión estadounidense en asuntos internos de México.

La realidad es que no sabemos con certeza qué está ocurriendo. Nos encontramos ante una situación sin precedentes claros en la que las versiones son contradictorias, las pruebas no son públicas y los actores involucrados tienen incentivos para sostener narrativas distintas. Mientras tanto, la incertidumbre crece y la especulación se multiplica.

Lo interesante es que prácticamente todos parecen beneficiarse de ella. Los medios generan una audiencia cautiva; los gobiernos administran cuidadosamente la información disponible; los partidos explotan políticamente el episodio; y las redes sociales amplifican rumores, interpretaciones y sospechas.

El resultado es una batalla de narrativas donde cada vez resulta más difícil distinguir entre información, inteligencia, propaganda, percepción y espectáculo.

Todo esto ocurre, además, en un contexto particularmente delicado. Durante los últimos meses hemos presenciado una sucesión de acontecimientos que parecen formar parte de una misma narrativa: la designación de los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras; las discusiones sobre posibles acciones militares estadounidenses; las sanciones financieras contra actores mexicanos; los decomisos espectaculares de drogas; los reportes sobre drones utilizados por grupos criminales; el escándalo de los agentes estadounidenses operando en territorio mexicano; y ahora las presuntas investigaciones contra gobernadores en funciones.

Hace unas semanas, conversando con un colega periodista que ha cubierto temas de seguridad durante años, me dijo algo que en ese momento tomé como una ocurrencia: “si quieres entender lo que está pasando entre México y Estados Unidos, vuelve a ver Sicario”. No hablaba de la película como entretenimiento, sino como una metáfora de una forma de entender la seguridad, el narcotráfico y la política exterior. Conforme observo los acontecimientos recientes, me pregunto si aquella observación no era, en realidad, una advertencia. Porque cada vez más actores parecen estar interpretando un papel dentro de un guion donde el narcoterrorismo ocupa el lugar central y donde la línea que separa la política exterior del espectáculo se vuelve cada vez más difícil de distinguir.

En este contexto, Sicario parece menos una obra de ficción y más una representación simplificada de procesos mucho más complejos que hoy observamos en la relación bilateral. No porque las dinámicas que retrata sean nuevas. México ha vivido durante décadas bajo la presión de la llamada guerra contra las drogas. Ahí están el juicio de Genaro García Luna, el llamado Culiacanazo, la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses, los múltiples episodios de cooperación y confrontación bilateral y la larga historia de intervención de Washington en asuntos de seguridad mexicanos.

Lo que parece haber cambiado no es únicamente la intensidad de la presión estadounidense sobre México, sino el marco conceptual desde el cual se interpreta el fenómeno. El narcotráfico ya no aparece solamente como un problema criminal o de salud pública. Bajo la nueva narrativa de Washington se ha transformado en un asunto de seguridad nacional asociado al terrorismo, con todas las implicaciones jurídicas, políticas y militares que ello conlleva.

Desde que la administración Trump decidió catalogar a diversos grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, la relación bilateral comenzó a desplazarse hacia un terreno distinto. Una vez que los cárteles dejan de ser vistos exclusivamente como organizaciones criminales y pasan a ser definidos como amenazas terroristas, se amplía significativamente el margen de acción de las agencias estadounidenses. Las cancelaciones de visas dejan de ser simples medidas administrativas. Las sanciones financieras adquieren otra dimensión. Las operaciones de inteligencia se expanden. Las presiones diplomáticas aumentan. Y la posibilidad de justificar acciones extraordinarias comienza a formar parte de la conversación pública.

No sorprende entonces que Marco Rubio haya advertido recientemente ante el Senado estadounidense que los cárteles mexicanos representan una amenaza grave para la seguridad nacional de Estados Unidos y que las tecnologías utilizadas por estas organizaciones podrían eventualmente dirigirse contra objetivos estadounidenses. Tampoco sorprende que Christopher Landau, exembajador en México y hoy una de las figuras más influyentes del Departamento de Estado, se haya convertido en uno de los rostros más visibles de esta nueva estrategia basada en sanciones, restricciones migratorias y presión política. Mientras tanto, en México, algunos celebran. Para ciertos sectores de la oposición, Washington está haciendo lo que las instituciones mexicanas no han podido o no han querido hacer: investigar y exhibir a actores políticos presuntamente vinculados con redes criminales.

Las dos posiciones contienen elementos de verdad. México enfrenta problemas profundos de corrupción, impunidad y captura institucional. Negarlo sería absurdo. Sin embargo, también es cierto que la creciente centralidad del narcoterrorismo en la política exterior estadounidense está transformando las reglas del juego de maneras que todavía no alcanzamos a comprender plenamente. Lo que está en curso no parece limitarse al combate al narcotráfico. Lo que observamos es la construcción de una nueva arquitectura de presión, vigilancia e intervención legitimada por el lenguaje de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo.

Por eso, más allá de si las visas fueron efectivamente retiradas o de si existen investigaciones en curso contra determinados gobernadores, la pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué tipo de relación bilateral está emergiendo bajo este nuevo paradigma?

Lo verdaderamente preocupante no es únicamente si las acusaciones son ciertas o falsas. Lo preocupante es que nos encontramos en un momento en el que las fronteras entre inteligencia, política exterior, guerra informativa, periodismo y espectáculo parecen cada vez más difusas. En ese contexto, la incertidumbre deja de ser una consecuencia de los acontecimientos y se convierte en un instrumento de poder. Y cuando la incertidumbre beneficia simultáneamente a gobiernos, medios, actores políticos y agencias de seguridad, resulta indispensable preguntarse no solamente qué está ocurriendo, sino quién se beneficia de que no podamos saberlo con certeza.

Quizá por eso sigo pensando en la observación de mi colega. Tal vez Sicario nunca fue solamente una película. Tal vez algunos de sus productores más entusiastas se encuentran hoy diseñando la política exterior hacia México.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.