Diputados deciden sobre juicio a Dilma Rousseff

Brasilia

Los partidos políticos de Brasil ultimaban el nombre de los 65 diputados que a partir del lunes integrarán la comisión especial que decidirá sobre la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

Los legisladores determinarán si las irregularidades fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelegida en 2014.

La comisión especial se instalará el lunes y tendrá representantes de todos los partidos que integran la Cámara de los Diputados.

El bloque liderado por el oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, tendrá el mayor número de diputados (25), mientras que el grupo encabezado por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), formación a la que pertenece Rousseff, contará con 19 legisladores.

Sobre el papel, el Gobierno tiene apoyo suficiente para frenar el avance del proceso de destitución, pero el PMDB, a pesar de su oficialismo, cuenta con sectores disidentes que están a favor del “impeachment”, lo que podría poner a Rousseff contra las cuerdas.

El Ejecutivo teme que el PMDB pueda elegir a diputados contrarios a la presidenta, por ello, la propia Rousseff salió al paso de las especulaciones y afirmó la víspera que espera la confianza de Michel Temer. “Y la tendré”, aseveró.

Una vez instalada la comisión, Rousseff tendrá un plazo de diez sesiones para presentar por escrito su defensa.

Sus argumentos y los de la parte acusadora serán analizados durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso a favor o en contra del inicio del proceso.

Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso seguirá hacia adelante si es respaldado por al menos dos tercios (342 votos), el mayor quórum exigido por la Constitución.

En caso de que los legisladores lo aprueben, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político definitivo.

El proceso fue aceptado a trámite el pasado miércoles por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, uno de los cincuenta políticos investigados por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Cunha y Rousseff, ambos en la cuerda floja, son declarados enemigos políticos y en los últimos días se han enzarzado en un cruce de acusaciones.

A pesar de la presión, Rousseff se ha mostrado “tranquila” ante la apertura de un juicio político al considerar que no existen razones que fundamenten su destitución.

La oposición, en cambio, argumenta que las maniobras fiscales suponen un “delito de responsabilidad”, que de acuerdo con la Constitución es una de las causas que pueden llevar a la destitución de un jefe de Estado.

El temporal político ha dejado al país prácticamente polarizado a favor o en contra de la salida de la mandataria y los movimientos civiles han comenzado a articularse en ambas direcciones.

El PT y la Central Única de los Trabajadores, la mayor central sindical de Brasil, se reunirán los próximos días para definir la agenda “antiimpeachment”, mientras que los movimientos que apoyan la salida de la presidenta ya han convocado un acto el próximo 13 de diciembre.

La apertura del juicio ha sacudido el país y ha paralizado la agenda económica del Ejecutivo en un momento en el que el país se encuentra sumido en su peor recesión en las últimas décadas, con una inflación próxima a los dos dígitos y una escalada de los índices de desempleo.

La ralentización de la aprobación del paquete de ajuste fiscal lanzado por el Gobierno añade más presión sobre la fragmentada economía brasileña y aumenta las posibilidades de que el país pierda su “grado de inversión”, enredando todavía más la situación del mayor país de Latinoamérica.