Sede para víctimas

MÉXICO, D.F.— Un edificio de tres pisos en el corazón de la colonia Del Valle, el barrio de mayor nivel educativo del país, busca ser el símbolo oficial del México que se levanta después de cinco años de lucha contra el crimen organizado y más de 40 mil asesinatos entre miles de inocentes de por medio.

La Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito arrancó trabajos ayer con una sede en el Distrito Federal, un número sin costo 018008428462, el optimismo del presidente Felipe Calderón y el excepticismo de líderes de la sociedad civil que esperan respuestas inmediatas.

“Será un pilar fundamental en la construcción de un México de paz y con justicia”, dijo el presidente Felipe Calderón tras develar una placa que da fe de la creación.

La fiscalía dará atención social, psicológica, jurídica y médica sin costo y a la vez realizará el primer registro nacional de víctimas partiendo de una base de datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

La creación de esta inédita fiscalía es respuesta tangible del gobierno a una lista de peticiones sociales en el marco de la guerra contra los carteles de la droga y otros delincuentes; sin embargo, se criticó el retraso (un lustro, dijeron)y el riesgo de que esta “fracase”.

“En nuestro país a veces acostumbramos a crear proyectos vacíos aunque políticamente rentables; a crear proyectos importantes, crearlos y después desconocerlos”, expresó durante la inauguración María Elena Morera, presidenta de la organización Ciudadanos por una Causa Común. “Sería triste que ocurriera lo mismo con algo tan importante y sensible”.

El Presidente dijo que no, “no debe ni va a fracasar”.

Lo afirmó después de un recorrido piso por piso en la sede, a lado de la procuradora por él designada: Sara Irena Herrerías, una abogada criminalista especializada en temas de género: su cargo previo fue el de fiscal especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

Calderón no paró de dar instrucciones: nada de “canalizar” (enviar) a las víctimas a otras dependencias del gobierno, “garantizar que reciban todos atención”, “que la procuraduría sea una ventanilla única”; “prioridad a los afectados por la violencia”, “apoyar a las víctimas de desaparecidos”, “coordinarse con instituciones privadas”…

Con todo el cúmulo de buenas intensiones del Ejecutivo, la procuraduría enfrenta desde ya su futuro con una tanda de abogados, psicólogos, trabajadores sociales y administradores en manos de los criterios del Congreso, de la importancia en pesos que le quieran dar los diputados.

“Debemos insistir en el presupuesto porque hasta ahorita no han dicho cuánto van a dar y con buenas intensiones no vamos a poder hacer gran cosa, se necesitan por ahora al menos 400 millones de pesos (unos 33 millones de dólares)”, calculó Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, una asociación que creó tras el secuestro y asesinato de su primogénito.

Miranda, Morera y el empresario Alejandro Martí, de la organización SOS -todos familiares de víctimas- son parte de una “junta de gobierno” que dará seguimiento a los trabajos de la recién nacida procuraduría por la que tanto han luchado, pero que puede diluirse en la perversa barra de números que es el Presupuesto de Egresos de la Federación que cada año discuten los legisladores.

“Lo importante ahora es hacer ver a quienes nunca han sido víctimas la importancia de tener al menos una orientación, puertas que tocar, un sitio por dónde empezar”, describió Wallace.

Previo a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, seis dependencias gubernamentales contaban con discretas áreas de Atención a Víctimas con resultados poco claros: la PGR, las Secretaría de Seguridad Pública, de Gobernación, Salud y Educación Pública.