Difieren ante decomisos de automóviles

Comisión de Policía cuestiona cambios en incautaciones; LAPD defiende su plan

Difieren ante decomisos de automóviles
La política de incautación de coches está a debate.
Foto: Archivo / La Opinión

En su primera audiencia pública, la propuesta de cancelar el decomiso de autos en paradas de tráfico en Los Ángeles no tuvo una grata recepción: se topó con una serie de cuestionamientos sobre los efectos negativos en la seguridad pública y la responsabilidad legal que podría acarrear el municipio.

Sin embargo, el liderazgo del Departamento de Policía de Ángeles (LAPD) salió a defender la iniciativa, que dejaría de confiscar los coches de los conductores sin licencia por su condición indocumentada, argumentando que la agencia busca cumplir con los mandatos judiciales que rechazan que un vehículo sea retenido por 30 días en un corralón, castigo que cuesta alrededor de 1,500 dólares.

La Policía está interesada en redactar una guía clara y brindar capacitación a sus 10,000 agentes sobre el nuevo protocolo de incautación que, no obstante, no brindaría amparo a los automovilistas con licencias suspendidas o revocadas, o que tienen antecedentes de violaciones de tráfico.

De acuerdo con el borrador de la propuesta, que ayer fue presentado ante la Comisión de Policía de Los Ángeles, si un conductor sin licencia es detenido por una falta de tránsito, los agentes del LAPD deben otorgarle un tiempo “razonable” para que el dueño registrado del coche vaya al lugar y se haga cargo de este. Al tiempo que se le extendería una infracción y se revisarían sus antecedentes penales.

Pero algunos comisionados se opusieron a la idea de liberar el auto en menos de 30 días, no establecer un tiempo límite de espera para los agentes y no exigir que el propietario de la unidad sea castigado por permitir que alguien sin licencia maneje su coche.

“Si un dueño permite que en dos ocasiones un chofer sin licencia maneje su coche, es ilegal y no debería ser permitido”, expresó Alan Skobin, uno de los comisionados más críticos de la iniciativa. “No entiendo por qué no se saca ese vehículo de la carretera si es un asunto de seguridad pública”, dijo Skobin, quien pidió al LAPD enfocarse en verificar si esos autos han sido utilizados para cometer crímenes.

La versión preliminar del cambio de protocolo ha dejado al criterio de cada policía el tiempo en que esperaría a un conductor con licencia, por considerar el tráfico, el lugar o los incidentes que ocurran en esa comandancia. Esto incomodó al comisionado Richard Drooyan, quien afirmó: “Este asunto generará quejas”. A lo que Skobin remató: “Y quizás demandas”.

La respuesta del jefe del LAPD, Charles Beck, fue que el criterio de los agentes es parte de su labor. “Si están preocupados por la discreción de los policías, todo esto [su trabajo] está basado en discreción”, comentó. “El agente debe considerar el tiempo razonable… en una noche muy ocupada podría ser un período mínimo”, aclaró.

La cancelación del decomiso de coches obedece a un reporte del Inspector General del LAPD, que concluyó que los policías están confundidos sobre el procedimiento para retener un auto a un indocumentado, y trata de obedecer el veredicto en el caso Miranda vs. the City of Cornelius, que resolvió que la incautación es ilegal si está presente el dueño registrado y/o una persona con una licencia válida.

Cifras oficiales indican que más de 28,000 vehículos confiscados permanecieron en un corralón desde unos minutos hasta 30 días; mientras que 15,934 fueron retenidos por 30 días o más.

Según Michel Moore, jefe asistente del LAPD, una porción de este último grupo se reducirá con la modificación a la política, algo que también reduciría los ingresos al municipio.

No está claro si la “flexibilidad” de la Policía de Los Ángeles solo aplicaría en una sola detención, si se entregará el vehículo confiscado el mismo día que ingrese al corralón (como ha prometido el alcalde Antonio Villaraigosa) o si el sistema de verificación de antecedentes penales seguirá dando pie a la deportación de indocumentados, ya que este proceso pasa por el programa Comunidades Seguras.

Para la Liga Nacional de Abogados (NLG), que ha denunciado que algunos agentes del LAPD se basan en prejuicios raciales para confiscar coches, el municipio debe imitar políticas como la de San Francisco, donde un policía espera hasta por 20 minutos a un chofer con licencia, o la de Okland, que permite a una persona firmar una carta de responsabilidad y estacionar el carro en un sitio seguro.

“Los agentes han usado la discreción para violar la ley”, comentó la abogada Cynthia Anderson-Barker.

En el período de comentarios públicos se escuchó el testimonio de Hilda Rascón, cuyo hermano murió atropellado por un conductor sin licencia a mediados de septiembre. “Los indocumentados deberían tener la oportunidad de obtener una licencia y un seguro de auto, así sabrán manejar y las posibilidades de accidentes serían menores”, dijo.

El cambio de protocolo aún deberá ser discutido en el Concejo Municipal y en reuniones con la asociación Corralones Oficiales de la Policía (OPG), uno de sus principales detractores, al agrupar a las compañías de grúas que remolcan y retienen los coches incautados, y con organizaciones comunitarias.