Piden salida de Joe Arpaio

Organizaciones de activistas presionan para que el sheriff de Maricopa responda a la justicia, tras las acusaciones de violar derechos civiles
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Piden salida de Joe Arpaio
El sheriff del condado de Maricopa está en la mira de la justicia.
Foto: EFE

Aunque es extensa y grave la lista de violaciones de derechos civiles y presuntos actos ilegales que el Departamento de Justicia imputó esta semana al sheriff Joe Arpaio y a su departamento del condado de Maricopa, en Arizona, la realidad es que se trata de una acusación civil, sin poder para removerlo de su puesto o llevarlo personalmente ante la justicia.

“No quiero ser aguafiestas, porque este reporte fue una gran reivindicación de todo lo que llevamos años diciendo en Arizona, pero la realidad es que esto no ha terminado. Mientras su departamento no esté bajo control judicial y él siga como jefe, no es mucho lo que va a cambiar”, dijo ayer Salvador Reza, activista pro inmigrante de Phoenix.

Reza sabe de lo que está hablando, porque su nombre, o más bien su caso, aparece en el reporte que esta semana emitió el Departamento de Justicia tras sus tres años de investigación sobre Arpaio y las tácticas de su departamento.

Con el mote de “C.C.”, el reporte explica lo que le pasó a Reza cuando se atrevió a organizar protestas contra las tácticas de Arpaio y a hablar en forma crítica en su contra.

Reza fue arrestado por agentes de Arpaio durante una manifestación pacífica contra la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO) en julio de 2010 y luego liberado. Al día siguiente, mientras observaba otra protesta parado en la acera, con las manos al costado y sin hacer nada, fue arrestado por seis agentes del sheriff por “violar su orden de liberación”.

En el momento de su arresto, el sheriff Joe Arpaio usó su cuenta de Twitter para emitir “mensajes aprobatorios”, dice el reporte. Reza fue llevado a la carcel y acusado del delito de obstrucción judicial, pero el fiscal del condado luego retiró el cargo, admitiendo que no había causa para el arresto.

Este es apenas uno de los varios casos de represalias contra críticos de sus tácticas que incluye el reporte, más allá de otras violaciones como por ejemplo la detención indiscriminada de latinos sin delito aparente en busca de personas sin papeles.

Para Randy Parraz, cuya organización encabezó el movimiento de destitución del expresidente del senado de Arizona, Russell Pearce, este reporte es al mismo tiempo la culminación y el principio de un proceso que, según él, debe terminar con la salida de Arpaio del puesto que ha ocupado desde 1992.

Durante una entrevista telefónica, Parraz indicó que su trabajo en los próximos meses será el de “ir llamando a cada funcionario electo en el condado de Maricopa que hasta ahora no se ha atrevido a atacar al sheriff y asegurar que ahora se levantan y piden su renuncia”.

“Nuestro objetivo será dañar tanto su imagen que sea imposible que vuelva a reelegirse”, dijo Parraz. “Pero en realidad esperamos que la presión sea tan grande que renuncie antes del próximo noviembre, porque un año es demasiado tiempo. Necesitamos un nuevo líder en MCSO”.

Arpaio, como la mayoría de los sheriffs condales, es electo por la ciudadanía y su última reelección fue en 2008. La próxima será el año que viene, concidiendo con la contienda presidencial. Grupos en Arizona pretenden usar el reporte del DOJ y las revelaciones en semanas anteriores de la presunta negligencia del sheriff en investigar numerosos casos de delitos sexuales, para ejercer presión para su renuncia.

La supervisora de Maricopa, Mary Rose Wilcox, la única de cinco supervisores de ese condado en ser constantemente crítica de Arpaio y de acusar sus abusos de poder, dijo que esperaba que la investigación criminal que realiza el gobierno federla -y que aún continúa- lleve a la eventual remoción de Arpaio como sheriff del condado.

Entretanto, Wilcox ha pedido una sesión ejecutiva de la Junta de Supervisores para evaluar la situación. Defender al condado de las demandas del gobierno federal costaría muchos millones de dólares, indicó.

Parraz apuntó que este es un momento de gran vulnerabilidad para el sheriff y que es ahora cuando los líderes responsables del condado deben unirse para presionar en favor de los cambios, incluyendo la renuncia de Arpaio, pero que reconocía que era difícil, dado el clima de temor que viven incluso los políticos que actúan contra el sheriff.

Por ejemplo, el reporte del DOJ detalla un caso que ya había sido cubierto ampliamente por los medios locales en Arizona, pero que no tuvo mucho impacto en el resto del país: el subjefe David Hendershott, exmano derecha de Arpaio, persiguió y presentó cargos contra varios abogados y jueces locales que hablaron críticamente de las tácticas del departamento. Los cargos nunca progresaron y Arpaio se vio obligado a despedir a Hendershott.

Asimismo, los dos exabogados principales del condado están enfrentando el retiro de sus licencias de leyes en Arizona debido a la presentación de cargos falsos y la evidencia alega que Arpaio ordenó, coordinó y dirigió estas actividades.

Peter Berlin, un abogado criminalista de Los Ángeles, opinó que si el testimonio de otros funcionarios y agentes comprueba que este era un protocolo usual para el departamento del sheriff, ello demostraría un patrón de conducta “y sería extremadamente dañino para el sheriff, impidiendo que continúe al frente del departamento”.

Además, si se presentan acusaciones criminales y se encuentra culpable, sería imposible continuar en el cargo, aunque los activistas de Arizona y otros observadores indican que lo ideal sería presionar su salida antes de la próxima elección o unirse en torno a un candidato alternativo, como ocurrió en la elección de destitución de Russell Pearce.