Justicia en Alabama

Desde su celda de la cárcel de Birmingham, Alabama, el Dr. Martin Luther King Jr. escribió la ya famosa frase: “La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes”. Casi 50 años después, me encuentro en Alabama alzado junto con líderes comunitarios, trabajadores, líderes religiosos y dueños de negocios de todo el país contra la divisionista ley estatal antiinmigrante, HB56.

Las secuelas económicas de esta ley son evidentes: expulsar del estado a trabajadores, y las pequeñas empresas sufren la caída del consumo. Sin embargo, el impacto a largo plazo de este último espectáculo de la ley muéstrame tus papeles será escribir un capítulo más de injusticia racial en la historia del país. El estado no puede permitirse esta ley, ni el país puede permitirse el peligroso precedente que establece.

Estado tras estado, las leyes de inmigración no sólo dañan la economía local al permitir que lúgubres empresarios sobre-exploten a trabajadores inmigrantes empujándolos hacia una economía subterránea, sino que también envían un mensaje fuerte y claro a todos los trabajadores que en un momento dado, el color de su la piel puede determinar si pueden o no ganarse la vida en forma segura para sus familias, enviar a sus hijos a la escuela sin temor o confiar en que la policía los proteja.

Últimamente el Departamento de Justicia ha puesto de relieve en un capítulo oscuro en la lucha del país por los derechos del inmigrante. Los informes de que el Departamento de Justicia acusó al alguacil de Arizona Joe Arpaio de violar leyes federales de derechos civiles de los latinos de al someterlos a perfiles raciales confirman que no se tolerarán afrentas a los valores nacionales. Por años pareció que se seguían aplicando sin control las duras tácticas antiinmigrante del Sheriff Arpaio, tales como las detenciones y arrestos ilegales. El Departamento de Justicia les advirtió al alguacil y a otros que se combatiría todo esfuerzo que socave la autoridad jurisdiccional del gobierno federal. Con los actos del Departamento de Justicia, el gobierno federal dio un paso más hacia la justicia en Arizona suspendiendo el acuerdo 287 (g) entre el Departamento de Seguridad Nacional y el condado de Maricopa y afirmando en efecto que el gobierno federal ya no les facilitará información a los policías sobre el estatus migratorio de cualquier persona involucrada en una parada de tráfico, infracción civil u otras infracciones menores.

Por un esfuerzo continuo de los conservadores y políticos de derecha de usar a los inmigrantes como chivos expiatorios en lugar de centrarse en procurar soluciones prácticas y morales de nuestro resquebrajado sistema de inmigración, el papel de un gobierno federal activo es vital. Los esfuerzos del gobierno de desafiar, estado por estado, leyes como la HB 56 de Alabama y la SB 1070 de Arizona es un ejemplo del compromiso del gobierno federal con persistir en la prioridad nacional de la inmigración.

Las voces que se alzaron en contra de las prácticas discriminatorias del alguacil Arpaio las escuchó y magnificó el gobierno federal. Esta victoria, sin duda seguirá impulsando el movimiento a favor de una reforma migratoria integral que fortalezca el estado de derecho, provea un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que trabajan duro y restablezca estándares laborales. Así como hemos marcado la diferencia en Arizona, debemos luchar por un futuro mejor en Alabama.

Dr. King no permitió que las fronteras estatales determinaran la dimensión de su lucha por la justicia, y tampoco nosotros deberíamos hacerlo. La inmigración es un problema nacional que reclama una acción a nivel nacional. Es nuestra responsabilidad el garantizar que la justicia sea de verdad ciega.