Bank of America tendrá que pagar

Bank of America pagará 335 millones de dólares por discriminación contra hispanos y afroamericanos que buscaban préstamos para vivienda, tras un acuerdo con el Departamento de Justicia
Bank of America tendrá que pagar
En la crisis inmobiliaria que afectó a millones de personas, los bancos tuvieron una responsabilidad directa.
Foto: Aurelia Ventura / La Opinión

WASHINGTON, D.C.- El Departamento de Justicia (DOJ) anunció ayer un acuerdo con Bank of America, que consiste en el pago de 335 millones de dólares por prácticas discriminatorias en préstamos que perjudicaron a 133 mil hispanos y 67 mil afroamericanos entre 2004 y 2008. Un 30% de ellos vivía en California.

“Si pertenecías a estos dos grupos e ibas a pedir un préstamo para una casa en Countrywide (ahora propiedad de Bank of America), era probable que terminaras pagando más dinero, solo por el color de tu piel”, dijo Thomas Pérez, fiscal general de la Oficina de Derechos Civiles de DOJ.

“Countrywide sabía establecer relaciones de confianza. ‘Se habla español’, decía en sus oficinas. Pero como demuestra nuestra demanda, ellos explotaron esa confianza. Una vez que interesaban a los clientes, estos no recibían un trato igualitario. La mayoría de las víctimas no se dio cuenta. Esto es discriminación con una sonrisa”, aseguró.

DOJ revisó 2.5 millones de préstamos ocurridos entre 2004 y 2008. La investigación fue el resultado de la coordinación de diversas agencias, luego de reportes originados por la Junta de Gobernadores y la Reserva Federal.

Durante ese periodo, Countrywide originó 4.4 millones de hipotecas. El volumen anual de estos préstamos bordeó entre los 110 mil y 243 mil millones de dólares. En ese lapso la compañía reportó ganancias de 6.7 mil millones.

Las víctimas se localizan en 180 mercados geográficos en 41 estados, además del Distrito de Columbia. Los de mayor cantidad de víctimas fueron Los Ángeles, Riverside, Chicago, Houston, Miami, Atlanta, Nueva York, Washington, D.C., Phoenix, San Diego, Las Vegas, Fort Lauderdale, Orlando, Santa Ana, Dallas, Denver, Oxnard, Newark, Long Island y Detroit.

“California -donde estaban las oficinas centrales de Countrywide-, fue claramente el epicentro de actividades discriminatorias. Un 30% de las víctimas se localizaron en este estado”, especificó Pérez.

“Estos alegatos representan una conducta alarmante por parte de uno de los prestamistas hipotecarios más grandes del país durante el punto más alto de la crisis inmobiliaria. Por ejemplo, en 2007 un cliente afroamericano en Los Ángeles, pidiendo un préstamo de 200 mil dólares, pagó un promedio de 1,200 más en cargos, que una persona blanca en la misma situación”, dijo el Procurador General, Eric Holder.

Parte de la estrategia de negocios de Countrywide era enfocarse en los mercados hispanos y afroamericanos para expandir su cartera de préstamos y ser el líder en hipotecas en estas comunidades.

La demanda, que se resolvió en la Corte Central de Distrito en Los Ángeles, especificó que entre las 200 mil víctimas de Countrywide, 10 mil hispanos y afroamericanos fueron colocados en las categorías de préstamos de alto riesgo. Entre 2004 y 2007 estas personas experimentaron tasas de interés más altas, cargos excesivos, penalidades, etc.

Las políticas de Countrywide crearon incentivos financieros para sus empleados, compartiendo el incremento de ganancias, producto de prácticas discriminatorias.

Un estudio de la Oficina del Contralor de la Moneda reportó que para el 30 de junio de 2011, 28.1% de los préstamos de alto riesgo a nivel nacional experimentaron retrasos en los pagos y ejecuciones hipotecarias, en comparación con un 5.5% de los préstamos regulares.

“Nadie ha sufrido más con la crisis inmobiliaria que las familias hispanas y afroamericanas. Entre 2005 y 2009 dos tercios de la riqueza promedio por hogar desapareció”, aseguró el secretario de Vivienda, Shaun Donovan.

Countrywide también ejecutó prácticas discriminatorias basadas en el estado civil, incentivando a que matrimonios aplicaran a un crédito a nombre de un solo cónyuge.

Ahora DOJ determinará el nivel de daños que experimentaron las víctimas y presentará una lista en un plazo de 90 días. Además se debe especificar el monto a devolver a cada personas afectada, en un plazo de 120 días desde la elaboración de la lista. El acuerdo especificó que un administrador independiente se encargará de contactar a los individuos involucrados y distribuir los pagos.

DOJ realizará un anuncio público y difundirá información de contacto en su sitio en la Internet ww.justice.gov, una vez que se haya escogido al administrador. Individuos que creen que fueron víctimas de Countrywide pueden contactar a DOJ a través del correo electrónico countrywide.settlement@usdoj.gov.